La nueva forma en la que opera el sistema eléctrico español ha agravado la crisis de confianza de los agentes del sector sobre cómo está gestionando Red Eléctrica de España (REE) la estabilidad de la red desde el gran apagón del pasado 28 de abril.
Desde el cero nacional -cuyo origen ya marcó un punto de inflexión en la relación entre el operador y las compañías eléctricas-, el sistema funciona bajo un “modo de operación reforzada”: una medida que sigue generando dudas y recelos.
En la teoría, este nuevo esquema implica una intervención directa del operador para asegurar que una fracción más significativa de la electricidad producida provenga de fuentes controlables (principalmente ciclos combinados de gas), sacrificando potencial renovable que, por restricciones técnicas, no llega al sistema.
Pero lo cierto es que "se desconoce qué ha variado exactamente con respecto a la operación previa al apagón y qué criterios se están usando”, explican fuentes del sector a este diario.
La falta de información y transparencia es, precisamente, uno de los puntos que más inquietan a los actores del mercado.
Distintas voces alertan de lo problemático que resulta que REE no comparta detalles con las compañías generadoras, ni publique informes sistemáticos sobre los ajustes operativos realizados desde el apagón.
Algunas incluso sugieren que la “operación reforzada” podría tener un componente “más comunicativo que técnico”, orientado a transmitir calma y a dar la impresión de que “la situación está controlada" tras el cero nacional.
Aunque el mix de generación no ha variado de forma radical, la activación de más centrales convencionales y la limitación parcial de renovables sí ha tenido un impacto directo en los costes del sistema. En septiembre, sin ir más lejos, alcanzaron los 17,56 euros/MWh, un 58% más que en el mismo mes del año pasado.
Desde el sector reconocen que la disposición del Gobierno para atender incidencias en el mercado de restricciones es muy buena, pero coinciden en esa falta de transparencia sobre las medidas que realmente se están aplicando.
Y más todavía tras el comunicado emitido por el operador del sistema el 1 de octubre, dirigido a todos los centros de control del país a través del CECRE, en el que se anunciaban ajustes significativos en la forma de integrar las energías renovables en la red eléctrica
Según el comunicado, el objetivo de estas modificaciones es “reducir las variaciones bruscas de tensión”, tal y como confirman fuentes del sector a este medio y adelantó El Periódico de la Energía.
Los cambios llegan tras episodios de sobretensión registrados en las últimas semanas de septiembre, que habrían alertado al operador sobre la necesidad de ajustar la operación del sistema.
Fuentes consultadas por este periódico indican que las medidas comenzarán a aplicarse este miércoles 8 de octubre, aunque no se ha fijado un plazo concreto para su duración ni se ha aclarado bajo qué criterios se evaluará su finalización.
Concretamente, la medida adoptada por Red Eléctrica consiste en limitar las rampas de subida y bajada de la producción de energías renovables, en línea con lo previsto en el artículo 5.9 de la Orden TED/749/2020.
Esto significa que la energía solar y eólica no podrá integrarse en el sistema a máxima velocidad cuando las condiciones lo permitan, sino que deberá seguir un ritmo más controlado y predecible para garantizar la estabilidad de la red.
Las compañías del sector creen que esta decisión podría reducir aún más la participación de las energías renovables en el mix eléctrico, aunque sus efectos sobre los costes del sistema y la estabilidad real de la red aún están por evaluarse.
“Lo realmente preocupante es el mensaje que transmite: da la sensación de que podría haber riesgo de otro apagón”, dicen, alertando sobre la incertidumbre que genera la falta de información pública sobre estas medidas.
Operación reforzada
Según ha explicado la propia Red Eléctrica, "la operación reforzada" se mantendrá activa hasta que se implanten nuevas normativas y mecanismos que garanticen la estabilidad de la red, en particular la aprobación y plena aplicación del nuevo Procedimiento de Operación 7.4 de control de la tensión.
La CNMC aplicará cambios en algunos procedimientos del sistema 25 años después de su última actualización y cinco años después de que REE los solicitara, precisamente para evitar riesgos por sobrecargas de tensión.
Esto significa que las medidas se prolongarán, como mínimo, hasta principios de 2026.
Por otro lado, el Gobierno aprobó un real decreto ley -que finalmente no fue convalidado en el Congreso por los votos en contra de PP, Vox, Podemos y Junts- que otorgaba más poderes a la CNMC para vigilar las actuaciones de las compañías eléctricas y de REE en el control de la tensión.
Tras el fracaso parlamentario, el Ejecutivo planea recuperar estas medidas mediante un nuevo real decreto, que se tramitará por la vía de urgencia para reducir plazos, pero cuya aplicación efectiva no se espera hasta bien entrado 2026.
