Los ministros de Energía de los Veintisiete han reclamado este viernes una "intervención de emergencia" del mercado eléctrico europeo con el objetivo de rebajar de forma inmediata la factura de la luz. Una intervención que debería incluir la posibilidad de un tope al precio del gas, similar al que se aplica actualmente en la 'excepción ibérica' que funciona en España y Portugal desde el mes de junio.

Con esta petición, los ministros de Energía van más allá de las propuestas iniciales que había planteado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Von der Leyen quería mantener intacto el actual sistema de fijación de precios y había rechazado ampliar la 'excepción ibérica' al conjunto de la UE por su alto coste y por incentivar el consumo de gas.

El acuerdo supone además un vuelco en la posición que mantenían hasta ahora países como Alemania o Países Bajos, que se negaban a cualquier intervención directa en el mercado.

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Tras la reunión de este viernes, los Veintisiete consideran que los planes anunciados por la presidenta para rebajar la factura son insuficientes y reclaman medidas más ambiciosas que tengan un impacto directo en el mercado. Es decir, se trata de una enmienda a la totalidad de los planteamientos de Von der Leyen.

Sin embargo, la comisaria de Energía, Kadri Simson, no se ha dado por aludida y, durante la rueda de prensa final de la reunión, se ha ceñido a las ideas originales de la Comisión, que no incluyen este tope al gas usado para generar electricidad.

"Ha habido un reconocimiento muy amplio al mecanismo ibérico y al buen funcionamiento que está teniendo. Hay varios Estados miembros que han dicho expresamente que están planteándose poder aplicar ese mecanismo en su mercado", ha explicado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, al término de la reunión. Entre los que han mostrado interés se encuentran Francia y Rumanía.

No obstante, Ribera ha señalado que la 'excepción ibérica' sólo puede aplicarse en aquellos países en los que el porcentaje de generación eléctrica con tecnologías no consumidoras de gas sea muy alto (alrededor de 12 de los 27 Estados miembros). En contraste, en aquellos con alto porcentaje de electricidad basada en combustibles fósiles "el mecanismo no puede funcionar". "Por tanto, es difícil que ese mecanismo se extienda a la totalidad de Estados miembros" de la UE.

El Ejecutivo comunitario debe "proponer una intervención de emergencia y temporal, que incluya un tope al precio del gas", señala el documento de conclusiones elaborado por la presidencia checa de la UE. Esta intervención "debe ayudar a limitar el impacto de los altos precios del gas sobre el mercado eléctrico de la UE y los precios de la energía de los clientes".

El objetivo final es "beneficiar a los consumidores europeos a mitigar las consecuencias sociales y económicas de los actuales altos precios de la energía, así como a las empresas para que su competitividad no esté en peligro". Al mismo tiempo, el tope al gas debe "preservar los incentivos para reducir el consumo de gas y electricidad y la señal de mercado para la descarbonización".

Tras la reunión de este viernes, el Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar propuestas legislativas el próximo martes 13 de septiembre. El objetivo de la presidencia checa de la UE es que la intervención de emergencia pueda aprobarse antes de que acabe este mes.

El recorte de electricidad será voluntario

Por lo demás, los ministros de Energía sí han respaldado el resto de medidas que proponía Von der Leyen, con la excepción de un precio máximo para el gas ruso, sobre el que no hay acuerdo. "Los ministros han revisado posibles opciones para la introducción de un tope de precio al gas impotado de jurisdicciones concretas, pero se necesita más trabajo sobre la posible introducción de esa medida", dicen las conclusiones.

En primer lugar, los Veintisiete reclaman una propuesta para "incentivar" un recorte coordinado del consumo de electricidad en la UE. Eso sí, dejan claro que esperan que el objetivo sea voluntario y no obligatorio como quería la presidenta.

Los Veintisiete apoyan también limitar los beneficios que están obteniendo las grandes compañías energéticas gracias a la actual crisis, con dos mecanismos diferenciados. Por un lado, topando los ingresos de las enegías low cost, como las renovables y la nuclear. Por el otro, mediante la introducción de una "contribución de solidaridad" para las compañías de petróleo y gas. El dinero recaudado con estas iniciativas debe destinarse a migitar el impacto de la subida de la luz en los consumidores.

Finalmente, los ministros de Energía reclaman "instrumentos de liquidez de emergencia" para salir al rescate de las enegéticas afectadas por la alta volatilidad de precios.

En todo caso, Ribera ha explicado que España tiene previsto mantener tanto la 'excepción ibérica' -que está autorizada hasta mayo de 2023- como su sistema de minoración de beneficios de las energías low cost, a no ser que la UE apruebe soluciones que den resultados mejores. La única medida nueva que afectaría a nuestro país sería el recorte de electricidad, que según la vicepresidenta debe ser voluntario e incluir un "margen de flexibilidad a nivel nacional sobre cómo hacerlo operativo".