Por los pelos. El RD Ley 17/2021 de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas en la factura de la luz ha salido adelante en el Congreso de los Diputados con el sí de ERC —que se movió de su no inicial, pasando por la abstención, hasta el apoyo al texto— y la abstención del PNV.

Sin embargo, la medida no se tramitará como Proposición de Ley, sino solo como Real Decreto y el texto seguirá como está.

Así, además del PSOE y Unidas Podemos suman 155 escaños, han apoyado el decreto Esquerra Republicana (13), EH-Bildu (5), la CUP (2), Más País-Equo (2), el BNG (1), Compromís (1) Teruel Existe (1) y el PRC (1) y Nueva Canarias (1).

Un total de 182 diputados, por encima de la mayoría absoluta, frente al rechazo de los 152 diputados del PP (88 diputados), Vox (52), Ciudadanos (9), UPN (2) y Foro Asturias (1). El PNV (6) y Junts (4) y el PDeCAT (4) se han abstenido.

A cambio de estos apoyos, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno no quiere aplicar el recorte de beneficios extraordinarios a las eléctricas por la escalada de precios en el gas cuando suministren energía a las industrias a "precios razonables".

Concretamente, ha afirmado que el objetivo es no aplicar este recorte a "quienes garanticen exnovo precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas", con el fin de "impulsar la cobertura de precios razonables para la industria".

Antes, la vicepresidenta había anunciado su intención de "completar" este plan de choque "en las próximas semanas" con "medidas adicionales que garanticen la cobertura con contratos bilaterales y precios razonables para los consumidores industriales" y también "reforzar la posición" de aquellos consumidores vulnerables acogidos al bono social.

Asimismo, Ribera ha incidido en que "las previsiones de septiembre (cuando se aprobó este decreto ley) han quedado desfasadas", algo que "obliga a revisar medidas adoptadas ya" y "adaptarlas".

Protección a la industria

Una decisión tomada in extremis, tras la advertencia del grupo parlamentario vasco, cuyo portavoz, Aitor Esteban, avisaba ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que en esta crisis "está en juego el futuro de la economía, pero también el de su Gobierno".

El portavoz del PNV sugirió "retocar" el decreto ley ante el riesgo de un paro industrial. "Nos preocupa la parte de la minoración de la retribución de las eléctricas", ha dicho Idoia Sagastizábal, portavoz de Energía del PNV durante el Pleno. "Pero por la repercusión que tiene en la industria".

"El RD Ley 17/2021 afecta a las eléctricas, pero también a consumidores que tienen firmados PPAs o contratos bilaterales a largo plazo, como la industria, que estamos viendo como tiene que parar su producción". 

Un planteamiento que coincide con el de la portavoz de Energía de Ciudadanos, Mari Carmen Martínez, quien ha asegurado que "no se puede desmontar el sistema marginalista por la puerta de atrás, porque tiene consecuencias negativas para la industria de nuestro país, con penalización de su producción y las renovables como daños colaterales".

"Vemos con impotencia como siguen creciendo los beneficios de las eléctricas, siguen funcionando las puertas giratorias, como es el caso reciente del socialista Antonio Carmona", ha dicho por su parte Joan Capdevila, portavoz de Energía de ERC

"No vamos a apoyar el RDL para que el Gobierno sepa que no puede continuar operando como si tuviera mayoría absoluta, no ha habido negociación con los Grupos", señalan fuentes de PDeCat. "Vamos a solicitar la tramitación como Proyecto de Ley: uno puede hacer marketing, pero cuando está gobernando también tiene que evaluar las consecuencias de las medidas que se toman, no se puede actuar sólo de cara a la opinión pública y de cara al corto plazo".

Carácter temporal

La ministra también ha subrayado el carácter temporal de esta medida, hasta el próximo 31 de marzo. Y que el recorte es proporcional a la cotización del gas y que, en todo caso, no se aplica a aquellos casos en los que no se haya interiorizado en sus ventas de energía el sobrecoste del gas natural, ni a quien "haya garantizado precios estables antes de la escalada".

El encarecimiento del gas en los mercados internacionales "no puede traducirse en un incremento de toda la electricidad", ha dicho, por lo que cree que mantener el actual mercado marginalista "no es viable" ante una situación de este tipo que se prolongue en el tiempo.

"Sobre todo cuando los costes reales de generación no se corresponden con el incremento de precios medios del sistema", ha abundado Ribera.

Las estimaciones del Gobierno recogen que cada encarecimiento en 1 euro/MWh en el precio del gas supone en los mercados mayoristas 2 euros/MWh más, y todo ello independientemente de "cuánta energía barata" hubiera en el 'pool', debido al funcionamiento de este modelo.

PP y Vox

Tras la intervención de Ribera en la Cámara Baja, el PP ha pedido utilizar el turno en contra para explicitar su frontal oposición al decreto y ha acusado a Ribera de propiciar una situación al no acometer inversiones necesarias en el suministro de gas, acabar con el carbón y plantear además un cierre acelerado de la nuclear.

Asimismo, su diputado Guillermo Mariscal ha acusado a la vicepresidenta y a los diputados que han apoyado el decreto de ser "corresponsables" de las dificultades de la industria. Respecto a la intervención en los beneficios, ha encuadrado la evolución en los precios de la electricidad en una reacción de las compañías. "¿Cuándo aprenderán que cuando aplican un impuesto se traslada al consumidor?", se ha preguntado.

José María Figaredo, de Vox, también ha encuadrado el recorte de beneficios como si de un impuesto se tratara, pero, en este caso, para recortar el coste del gas que estas tecnologías no emplean.

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