El Gobierno acaba de aprobar una batería de medidas que no solo tienen como objetivo bajar el precio de la factura eléctrica, sino también la del gas de cara al invierno. Y lo hará con siete medidas específicas que apuntan directamente sobre la línea de flotación de beneficio de las eléctricas, al obligarlas a devolver unos 2.600 millones de 'retribución sobrevenida' por los altos precios del gas y sobre la fiscalidad en la factura.
El objetivo, según fuentes ministeriales, es que "los consumidores paguen este 2021 una cantidad equivalente a la que abonaron en sus facturas durante 2018, ajustada por el IPC", unos 600 euros anuales en el caso de un consumidor medio en baja tensión. Y no solo los hogares, "el elevado precio eléctrico pone en riesgo la recuperación económica, e impacta también en las industrias y las empresas en general".
También reformará la Ley de Aguas en su artículo 55.2 para proteger los recursos hídricos, tras la polémica sobre el vaciado de los embalses de este verano. "Las confederaciones hidrográficas aplicarán criterios de uso racional del agua embalsada para proteger el medio ambiente y conjugar la generación eléctrica con otras actividades económicas sostenibles", han dicho.
Medidas fiscales
Una de las primeras medidas es proteger más a las familias vulnerables que sufren pobreza energética. "Es una prioridad de este Gobierno, así que a partir de hoy de los cuatro meses que se había establecido para que ninguna eléctrica pueda cortar el suministro a quien no pueda pagarlo, lo ampliamos hasta seis meses".
Las fuentes ministeriales han explicado que esta medida se incluye en la Ley del Sector Eléctrico y se integrarán en el Suministro Mínimo Vital que obliga a que todos los hogares puedan tener una potencia mínima de 3,5 kW, "que son las condiciones mínimas de confort".
"Venimos trabajando desde hace tiempo con medidas estructurales y hay algunas que están en trámite parlamentario, pero necesitamos otras coyunturales hasta que el 'rally' alcista de gas en los mercados internacionales finalice, que según los mercados de futuros, será a finales del primer trimestre de 2022".
Por eso, su plato fuerte son las rebajas fiscales. "Están las ya conocidas, como la suspensión del Impuesto a la Generación Eléctrica (IVPEE) hasta final de año, lo que supone la reducción de un 7% en las cuentas de las empresas que generan energía, o la rebaja del IVA del 21% al 10%, que se mantendrá hasta marzo del próximo año".
También la que anunció ayer en una entrevista televisiva el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la reducción hasta el mínimo legal comunitario del impuesto a la electricidad, del 5,11% hasta el 0,5%. "Como sabemos que esto afecta a la recaudación de las Comunidades Autonómas, se analizarán los impactos a sus recursos económicos y se buscará la manera de contrarrestarlo".
Por último,, "se contará con 900 millones de euros adicionales (actualmente se destinan 1.100 millones) de las subastas de CO2 para financiar los costes del sistema eléctrico que se descontaría de la factura de todos los consumidores".
Choque contra las eléctricas
Sin embargo, su principal caballo de batalla va dirigido a la 'retribución sobrevenida' que se observa en las grandes eléctricas. "Aquellas tecnologías que no tienen que soportar los altos precios de la materia prima y además no son emisores, es decir, nuclear, gran hidráulica y parques renovables 'a merchant', estarán sujetos a esta normativa".
Se trata de minorar temporalmente los ingresos extraordinarios que está provocando la elevada cotización del gas en algunas centrales eléctricas, con una fórmula similar a la empleada para minorar el 'dividendo de carbono' de las centrales no emisoras, ahora en tramitación en el Congreso.
Con los niveles actuales se recuperarán unos 2.600 millones hasta el 31 de marzo de 2022, momento en que se espera se hayan superado las tensiones en el mercado global de gas. "Se les exigirá que devuelvan estos beneficios a mes vencido y con un cálculo que les detrae el 90% de esta cantidad".
“La proyección para los próximos meses dibuja una espiral sin precedentes que genera un efecto amplificador en el precio de la electricidad y que incide de manera sistémica en el bienestar de las familias y en el conjunto de la economía española” ha declarado Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Subastas de electricidad
Otra de las novedades es la 'obligatoriedad' de los operadores dominantes del mercado (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) de acudir a subastas para la venta de su electricidad a largo plazo a comercializadoras que quieran y que en ningún caso puedan ser de las mismas compañías verticales. Esto supone que ofertarán 15.830 GWh, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020.
Se prevé que la primera subasta se convoque antes de que finalice el año y el período de liquidación será igual o superior a un año.
La norma prevé también la reforma de la tarifa regulada –el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)– para que incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10%. Las comercializadoras libres que adquieran energía por esta vía deberán indicarlo en las facturas de sus clientes.
"El PVPC seguirá funcionando como hasta ahora, pero el Gobierno está estudiando una posible reforma futura", han dicho las fuentes ministeriales.
Tanto la medida de limitar los beneficios de estas compañías como las nuevas subastas se prevé que terminen judicializadas, lo que por otra parte, suele ser habitual en este sector.
Control del precio del gas
También se limita el crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para los usuarios domésticos hasta el máximo del 4,6%. Se pretende impedir un fuerte incremento por el impacto del coste de la materia prima en las facturas de la calefacción, de cara al invierno, que podría ser de entre un 29% y un 40%.
Las cantidades adeudadas se repercutirán en las siguientes revisiones, con un mecanismo amortiguador similar al existente para las bombonas de butano.
Vaciado de los embalses
La última medida tiene más que ver con problemas ambientales que con el precio de la luz. Se modifica la Ley de Aguas para evitar desembalses masivos. Las confederaciones hidrográficas serán las encargadas de fijar un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 Hm3.
Esta decisión permitirá afrontar los efectos del cambio climático en la disponibilidad de agua en España, superiores al 15% a medio plazo y entre el 35% y el 40% en un horizonte a largo plazo.
Estas medidas se añaden a los dos proyectos de Ley que el Gobierno ha remitido a las cortes para su aprobación, y para los que el Consejo de Ministros ha aprobado su tramitación por la vía de urgencia. El primero crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que redistribuirá entre todos los vectores energéticos el coste de las renovables históricas; el segundo actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. Su completa aplicación reducirá la factura final de los hogares en más de un 15%.