Este año no solo pasará a la historia en España como el de la pandemia. También como el de la aprobación de la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental de España, que el Gobierno anunció a finales de enero. Entonces se comprometía a adoptar 30 líneas de acción prioritarias y cinco de ellas en los primeros cien días de Gobierno para luchar contra el cambio climático.
De esas cinco medidas, cuatro han tenido su espacio a lo largo de estos nueve meses aunque con diferente resultado. Ninguna ha llegado a aprobarse en el plazo previsto, pero hay una que ni siquiera ha dado un paso: la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático.
La primera medida propuesta era remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que consiguió presentarse a finales de mayo. Aún está en trámite parlamentario y el próximo 29 de septiembre termina el periodo de enmiendas. Aún así, no se espera que se apruebe y publique en el BOE hasta finales de año, si las cosas van bien, o ya para primeros del año 2021.
De esta ley dependen otras normativas como la convocatoria de subastas, la creación de un sistema fiscal y presupuestario para todo el desarrollo de la ley, además de los planes para la descarbonización de la economía.
Estrategia de Descarbonización a largo plazo
La segunda era presentar una Estrategia de Descarbonización a largo plazo, con el horizonte puesto en 2050. El objetivo era conseguir una hoja de ruta que llevara a España a la neutralidad climática a más tardar en 2050, sobre la base del mejor conocimiento científico disponible y de manera coherente con los objetivos y medidas a 2030 recogidos en el PNIEC.
En este caso de lo único que se puede hablar es de un borrador y de una consulta pública sobre el borrador que comenzó a finales de julio y termina también el próximo 30 de septiembre.
A partir de ahí, tardará en ver la luz unos cuantos meses porque deberá pasar todos los trámites administrativos previstos.
Los consumidores más ricos “se encuentran en Estados Unidos y Europa”.
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
En este caso sí que se puede afirmar con rotundidad que el Gobierno ha aprobado este Plan, pero hace poco más de una semana.
El objetivo era conseguir que los inversores se encontraran un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y los riesgos del cambio climático.
Se trata de 81 líneas de actuación organizadas en 18 ámbitos de trabajo entre los que destacan salud, agua, biodiversidad, costas o agricultura y ganadería. Es una hoja de ruta para que España se adapte al cambio climático, intentando evitar o reducir los riesgos económicos, sociales y ecológicos y favorecer una mejor preparación para la recuperación tras los impactos.
Reunión del Gobierno, empresas y sindicatos firman los Convenios de Transición Justa
Convenios de Transición Justa
La transición justa ha sido uno de los pilares para poder llevar a cabo la transición energética minimizando los daños a los sectores más afectados. Por eso, ha sido donde más esfuerzo ha puesto el Ministerio de Teresa Ribera y el único que ha cumplido el plazo de los 100 días.
El 17 de abril pasado el Gobierno, representantes de las empresas propietarias de centrales térmicas de carbón en proceso de cierre -Endesa, Iberdrola y Naturgy- y de los sindicatos firmaron un acuerdo que consolidaba las bases de los Convenios de Transición Justa.
Se ponía el foco de actuación prioritaria en el mantenimiento del empleo en los territorios y su dinamización económica e industrial, ligados al despliegue de energías renovables y otros proyectos.
El objetivo es impulsar, apoyar y acompañar la transformación de nuestro modelo industrial y agrario, así como del sector servicios, de modo que favorezcan la sostenibilidad de las actividades económicas y el empleo de calidad.
Asamblea Ciudadana de Cambio Climático
De esta medida no se sabe nada. Preguntados a miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente y del Consejo Nacional de Cambio Climático, nadie se ha puesto en contacto con ellos para comenzar a trabajar en las bases de la creación de esta Asamblea.
"La realidad es que la figura ya existe con el Consejo Nacional de Cambio Climático, lo único que deberían darle más dotación presupuestaria y más peso como ocurre en Reino Unido o Francia", explican a Invertia, "y si quieren dar más protagonismo a la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio climático, deberían explicar cómo y quiénes serían, porque hay que tener conocimientos para poder tener una opinión formada".
"Aún así, y pese a que no hay nada sobre la Asamblea Ciudadana, el Gobierno tiene que cumplir casi todos los compromisos que anunció, porque básicamente ha iniciado una serie de procesos pero pocos han llegado a su fin", concluyen.