Cada día que pasa la industria electrointensiva en España está más desesperada. Hace unos días, los principales sindicatos CCOO Industria y UGT-FICA junto con la patronal de la siderurgia, UNESID, escribieron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para expresarle su preocupación por la falta de competitividad del sector.

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Ahora le ha tocado el turno a la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel). Urge al Gobierno a aprobar el Estatuto del Consumidor Electrointensivo en su actual redacción e inmediatamente empezar a trabajar para dotarlo de mayor ambición e incluir otras herramientas como compensaciones sobre los peajes de transporte y distribución.

La asociación señala que año y medio después de iniciado el proceso de tramitación del Estatuto, tras el grave deterioro de la economía provocado por la Covid-19, España no puede demorar más la incorporación a su legislación de la figura del consumidor electrointensivo, la cual puede ser decisiva en el reparto de los fondos europeos de reconstrucción, que se anuncian dirigidos a una serie de ecosistemas industriales y entre ellos el de las industrias intensivas en energía. "Simplemente, no nos podemos quedar fuera del Green Recovery", alerta.

Aspapel considera que las compensaciones que recoge el Estatuto no son la solución para la industria exportadora, ya que el diferencial de precios con los competidores europeos persiste; pero suponen al menos "un punto de partida".

Así, remarca que el Estatuto es una de las herramientas "fundamentales" _no la única_ del paquete de soluciones para la industria, con el que el Gobierno busca rutas alternativas para conseguir un precio competitivo de la energía en línea con lo que permite la Comisión Europea.

Este paquete incluye compensaciones indirectas, fomento de los contratos a largo plazo, estatuto electrointensivo, mecanismos de gestión de la demanda armonizados, fondos para la innovación y eficiencia energética, etc.

"En todo este periodo de tiempo se han aprobado varios Reales Decretos Leyes, algunos en el ámbito de la energía, sin que la voluntad política reiterada por el Gobierno haya encontrado acomodo en ninguno de los textos", dicen al Gobierno. 

Subastas de interrumpibilidad

Para la siderurgia, también es necesario la convocatoria de nuevas subastas de interrumpibilidad y la ausencia de medidas concretas que eliminen la brecha competitiva que genera el precio de la electricidad que paga tanto la siderurgia, como otras industrias electrointensivas, en comparación con los de los países de referencia de la Unión Europea, en particular Francia y Alemania. 

"Nos preocupa también la muerte del servicio de interrumpibilidad. La retribución percibida por la industria electrointensiva e interrumpible por este servicio ha ido disminuyendo con el paso de los años hasta quedarse en una cuantía menos que simbólica en la última subasta de diciembre de 2019", dice UNESID. 

Mientras tanto otros países europeos como Italia, sin cortapisa alguna por parte de la Comisión Europea (la excusa tan repetida por algunos representantes de la Administración General del Estado), no solo mantienen el sistema de interrumpibilidad sino que han contratado potencia adicional con posterioridad al inicio de la pandemia. 

Para Aspapel, hasta ahora, el sistema de interrumpibilidad era el principal mecanismo que permitía a la industria reducir el coste de la factura eléctrica, y ahora se exploran nuevos caminos, pero que no llegan a ningún puerto.

Compensaciones indirectas de CO2

El Gobierno ya adoptó la decisión de pagar en 2019 la cuantía máxima de las compensaciones por sobrecostes eléctricos derivados de la aplicación del Comercio de emisiones de gases de efecto invernadero.

"Se nos ha repetido en diversas ocasiones que la voluntad política del Gobierno es abonar en cada ejercicio el máximo autorizado por la Comisión Europea (300 millones de Euros en 2020)", dicen desde los sindicatos y UNESID, "Esto es especialmente significativo para la siderurgia española, muy electrificada y muy centrada en el reciclado del acero que, si recibe el apoyo efectivo de las autoridades, ya está situada en primera línea de la parrilla de salida hacia la necesaria neutralidad climática respecto al resto de países europeos". 

Con la suma de todos estos retrasos, Aspapel estima "prioritario" desatascar el tema y echar a andar con un Estatuto "mejorable y abierto a mejoras", que en una de sus disposiciones abre la posibilidad de incluir medidas adicionales sobre las que aplicar compensaciones.

Reconoce que la redacción del Estatuto no ha sido sencilla, ya que debe ser compatible con la legislación nacional y con la legislación europea en materia de ayudas de Estado, por ello cree que se debe reconocer al Ministerio de Industria, y en especial a la Secretaría General de Industria, su esfuerzo y dedicación.

Aspapel insta al Gobierno a, una vez aprobado el Estatuto, a trabajar para ir dotándolo de más herramientas e incluir compensaciones sobre los peajes de transporte y distribución y sobre las medidas derivadas de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

"La industria española ya estaba haciendo malabares para mantener y aumentar su competitividad exterior, lo que permitió que las exportaciones fueran la tabla de salvación durante la crisis financiera. La Covid-19 ha supuesto un reto sin precedentes para toda la industria. Si antes del mes de marzo era necesario tomar medidas, ahora es vital", subraya.

Asimismo, considera que la caracterización recogida en el Estatuto que determina qué industrias son electrointensivas "es adecuada y está en línea con lo propugnado por la Comisión Europea".

Valores compensatorios

En cuanto a los valores compensatorios, Isaac del Moral, director de Energía de Aspapel, explica que "hasta ahora los peajes eléctricos englobaban, en un peaje integral y sin una metodología explícita, tanto los peajes de transporte y distribución como los cargos (renovables, cogeneración, extrapeninsularidad, etc.). El Ministerio propone ahora distribuir los cargos en función de la elasticidad del consumidor. No son valores aleatorios y responden a una metodología. A lo que soporta cada consumidor por cargos se le aplica la máxima compensación que es el 85%. Y si un consumidor soporta más por cargos, recibe una compensación mayor".

"Es preciso tener en cuenta además", añade del Moral, "que los consumos más elevados no siempre están conectados a los niveles de tensión más altos posibles".

En su opinión, es una condición necesaria para conectarse a muy altos niveles de tensión tener potencias muy elevadas de consumo. Sin embargo, la conexión depende de la disponibilidad y cercanía de las redes. Gran número de industrias con altos consumos se ven obligados a estar conectados a niveles de tensión inferiores a los que podrían optar técnicamente, por no tener una posición de conexión disponible o estar lejos de las líneas de mayor tensión.