La industria electrointensiva esperaba que esta semana el Gobierno aprobara el RD que permitiera acompañar el desarrollo de los PPAs (contratos de compra y venta de electricidad a largo plazo) con plantas de generación renovable, y por fin, en la reunión extraordinaria de hoy, se ha conseguido.
Según el anteproyecto de Ley por el que se crea esta figura, que vio la luz el pasado mes de febrero, el fondo, que será gestionado por la Compañía Española de Seguros de Crédito para la Exportación (CESCE), cubrirá un total de 600 millones de euros para sus tres primeros años.
En concreto, el fondo estará dotado con 200 millones de euros anuales, para cubrir como máximo 600 millones de inversión en tres años. En lo que se refiere a los años siguientes, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) determinarán cada año, a partir del cuarto, cantidades máximas a cubrir, y, en su caso, las ampliaciones del fondo.
Este fondo, creado como mecanismo de cobertura para el impulso de los 'PPA's, con el objetivo de abaratar los costes energéticos de los grandes consumidores, figura entre las medidas planteadas por el Gobierno para ayudar a la gran industria a rebajar su factura energética.
"Esta medida puede ayudar a algunas empresas, pero el problema mayor sigue siendo los precios que nos ofertan a un horizonte tan largo", explica a Invertia Fernando Soto, director general de AEGE, "en la actualidad, el precio que ahora ofrecen para PPAs está muy en línea con mercado (Cal 21, a 42,6 €/MWh)) y no con el coste de la tecnología, precios muy alejados de los 20 €/MWh que se dieron en las subastas de renovables celebradas en Portugal en 2019. Para fomentar la contratación a largo plazo (5 - 10 años), necesitamos precios competitivos asociados al coste medio de generación".
Por otro lado, la industria también se pregunta qué ha pasado con las compensaciones indirectas de CO2.
"De hecho, es una medida que no servirá para reducir a corto plazo el diferencial de precio con nuestros principales competidores" continúa Soto, "para reactivar ya a la industria electrointensiva, se requieren aprobar las medidas que anunció la presidenta de AEGE en su comparecencia el pasado viernes en la Comisión de Industria del Congreso de los diputados, la compensación del CO2 indirecto en su cuantía máxima, de 275 millones de euros, convocar una subasta de interrumpibilidad para el segundo semestre, con 2.000 MW de potencia interrumpible y mejorar el proyecto de Estatuto, siguiendo las alegaciones propuestas por la Asociación".
"La industria lleva escuchando ya casi dos años que en breve o que muy pronto se va a aprobar el marco que describa la figura de los consumidores electrointensivos y que va a definir cómo hacer frente a sus altos costes de energético", dicen fuentes de la gran industria, "pero no llega nunca".