Bruselas ha desatascado su veredicto sobre el sistema con el que España retribuye a Endesa por dar suministro eléctrico fuera de la Península. La Comisión de Competencia ha determinado que no se trata de ayudas ilegales de Estado, según el veredicto al que ha tenido acceso este periódico.

Noticias relacionadas

Este dictamen es importante porque podría suponer el pistoletazo de salida para un importante volumen de inversión en las Islas Canarias y Baleares al dotar de más seguridad jurídica el marco con el que cuentan las empresas.

Según avanzó la pasada semana en una entrevista con Invertia, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, la compañía planea presentarse a los concursos que se planteen a partir de ahora para impulsar las renovables en las islas.

Desde hace años, Bruselas venía analizando si el sistema de retribución a Endesa -empresa privada que antes era pública y copa el mercado de energía en Canarias y Baleares junto con la semipública REE- eran ayudas ilegales de Estado.

Ahora desestima esa idea al considerar que el dinero "sólo se destina a cubrir los extra-costes de generación".

La Comisión Europea no se mete en cómo se calculan esos costes, cuyo modelo ha sido cuestionado en ocasiones al salir de los Presupuestos Generales del Estado, pero en cualquier caso, avala la retribución.

Sí pone algunos condicionantes, entre ellos que a partir de 2025 se debe de dejar de retribuir a la compañía por el suministro que presta en Baleares. Esto se debe a que para entonces, estará funcionando un nuevo cable desde la Península, se habrá introducido mayor competencia en el sistema balear y además, se habrán instalado nuevas fuentes de generación.

Con este dictamen, la Comisión Europea zanja un debate que venía pendiente desde el año 2013. Esta incertidumbre había retrasado la autorización de muchas inversiones que son necesarias para modernizar el sistema eléctrico de las islas.

1.379 millones al año

Endesa percibe desde hace años unos ingresos regulados por prestar servicio en Canarias y Baleares, lugares en los que el coste de suministro es más elevado. Esas cuantías salen de los Presupuestos Generales del Estado con el fin de que no se dispare el recibo de luz de sus habitantes y se calculan en base a una metodología compleja que ha generado polémica en el pasado. No obstante, Bruselas no se mete a valorar ese método de cálculo.

Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el pasado año la compañía percibió por este concepto 1.379 millones de euros.

Las inversiones que están pendientes por acometer en Canarias y Baleares debido a esa inseguridad jurídica se pusieron de manifiesto hace unos meses, cuando la isla de Tenerife se quedó sin luz por un problema que todavía está siendo investigado.

Ahora, al zanjar la UE el marco de inseguridad jurídica, se espera que las empresas puedan presentarse a los concursos públicos que se lancen para poner en marcha nuevas inversiones en un mercado fuertemente regulado.