El Gobierno es consciente de que dos de los sectores más importantes para la descarbonización de la economía son la banca y los seguros. Para evitar problemas quiere someterlos a un examen constante que permita anticiparse a los impactos que el cambio climático pueda tener en ellos. 

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Según el borrador del anteproyecto de ley de Cambio Climático que se aprueba este martes en el Consejo de Ministros, los encargados de hacer esa vigilancia serán el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

La normativa establece que elaboren "conjuntamente, cada dos años, un informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático y de las políticas para combatirlo, que se coordinará en el ámbito de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera".

Al Congreso

Será un documento en el que se recojan las sugerencias que, en su caso, "considere necesarias para mitigar el riesgo" y que será remitido al Congreso de los Diputados. 

Junto a este examen del sector por parte de los reguladores, las propias entidades tendrán también que hacer una "evaluación del impacto financiero sobre la sociedad de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición a éste de su actividad".

En él se tendrán que incluir "los riesgos de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos", señala el borrador al que han tenido acceso EL ESPAÑOL e Invertia. Una norma que tendrán que cumplir también el resto de entidades cotizadas en el mercado. 

Los bancos, además, tendrán también que publicar "objetivos específicos de descarbonización de su cartera de inversión y préstamos alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023". 

Energías renovables

Se trata de una de las normas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, es un compromiso del Presidente que se puso en marcha en la pasada legislatura, pero tuvo que aplazarse debido a la convocatoria electoral que terminó con la formación del gobierno de coalición entre Psoe y Podemos. 

En ese mismo documento se establecen también limitaciones medioambientales y el objetivo de una economía neutra en el año 2050. Habrá también algunos cambios que afectan al sector energético. Entre otros, la eliminación de subastar una cantidad fija de energías renovables anualmente. De este modo, se acaban con los 3.000 MW previstos en el anterior anteproyecto. 

Por otro lado, el Gobierno refuerza también su control sobre las operaciones corporativas que puedan llevar a cabo REE y Enagás, que tendrán que ser notificadas para su visto bueno por parte del Ejecutivo.