En este último capítulo, el de las sanciones, Dia está a la espera de que le sea notificada una por parte de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). El organismo inició una investigación por presuntas infracciones graves descritas en la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Estas podrían deberse a denuncias por vender a pérdidas, tal y como confirman fuentes del sector. 

El 13 de marzo de 2017, el Ministerio de Agricultura emitió una resolución imponiendo sanciones por importe de 6,8 millones de euros. La cadena llegó a presentar un recurso ante la Audiencia Nacional que fue desestimado, al igual que el posterior interpuesto ante el Tribunal Supremo. Así que ahora está a la espera de recibir la notificación para pagar. 

Accionista minoritario

Pendiente de resolución también está un procedimiento civil iniciado por un accionista minoritario contra Dia. Este colectivo, desde hace años y debido a las ampliaciones de capital, ha estado en pie de guerra contra la empresa. 

En este caso en concreto, con fecha 12 de junio de 2020, a la sociedad le llegó la interposición de una demanda civil de reclamación de daños y perjuicios por un accionista minoritario, en virtud de la cual este reclama a Dia (y Letterone como condenados) 110.605 euros por el concepto de daños y perjuicios sufridos.

Aquí, la notificación se produce con Mikhail Fridman al mando de Dia, pero los motivos se atribuyen a años anteriores. Recordemos que el 27 de julio de 2017, el fondo LetterOne entró en el capital de Dia haciéndose con un 10% por algo más de 320 millones de euros. Fridman era uno de los principales accionistas del fondo, pero recientemente renunció al Consejo de Administración por sus sanciones de la UE a oligarcas rusos. 

Pero no fue hasta 2019, cuando LetterOne tomó el control de la compañía (con cerca del 70%) tras lanzar una opa. Actualmente, ya alcanza el 77%.

En la demanda, el accionista minoritario alega “un incumplimiento por parte de la sociedad de la obligación de reflejar la imagen fiel de su patrimonio en sus cuentas anuales de 2016 y 2017, así como el descenso del valor de la acción en el contexto de la reexpresión de las cuentas anuales de la sociedad que tuvo lugar en 2018”. Así lo recoge el informe financiero anual del ejercicio 2021 de Dia. 

En un primer juicio, Dia salió victoriosa. Pero el accionista minoritario apeló. El 7 de enero de 2022, la cadena procedió a formular oposición frente a dicho recurso de apelación. De momento, este recurso se encuentra pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. “Está en manos de nuestro equipo jurídico”, reconocen fuentes de Dia. 

Contra Currás

Otra sentencia que recurrirá Dia será la que le obliga a pagar cerca de 2,8 millones de euros a su exconsejero delegado, Ricardo Currás, y lo hará ante la Audiencia Provincial de Madrid. 

El exconsejero delegado de Dia, Ricardo Currás, en una imagen de archivo. EFE

El caso se remonta a 2018, cuando Currás y otros consejeros ejecutivos fueron cesados por la empresa, acusados de llevar a cabo una serie de irregularidades contables para maquillar las cuentas de la compañía. Es decir, hablamos las mismas irregularidades que demanda el pequeño accionista. 

Dia abonó entonces a Currás 275.232 euros correspondientes a la retribución variable anual de los ejercicios 2015 y 2016, más 1.951.500 euros como indemnización por el cese. Un fallo judicial posterior, de 2021, obligó a Currás a devolver esas cantidades.

La sentencia, sin embargo, fue revocada íntegramente por otra de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado 25 de febrero. Y se condenó a la compañía a pagar 2,8 millones de euros, tal y como informó ‘El País’.