El estado de alarma obligó a suspender la junta extraordinaria convocada por Covirán el 19 de abril. En esa junta, 2.500 socios estaban llamados a decidir el futuro de la compañía granadina y poner fin a las guerras internas. Pero todo quedó en stand by, excepto la batalla interna que libran un grupo de socios y la dirección de Covirán, que ahora se traslada a los juzgados y amenaza con evitar la nueva convocatoria de junta. 

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Cabe recordar que esta junta, de carácter extraordinaria, fue iniciativa de más de 300 socios de la cooperativa, encabezados por Rubén Navarro y Jesús Múñoz, para tratar de cambiar al actual consejo rector. Bajo la plataforma ‘Nos duele Covirán’ presentaron firmas para exigir una Asamblea Extraordinaria que elija una nueva dirección debido a “una mala praxis sistémica aderezada por el amiguismo e intereses serviles”. Estos denuncian ciertas “irregularidades contables” y “acciones no legítimas” llevadas a cabo por la directiva.

Desde un inicio, Covirán ha negado las acusaciones y ha intentado evitar la celebración de la junta. De hecho, trató de expulsar a los dos socios que encabezan la plataforma. Estos, finalmente, sortearon in extremis sendos expedientes de expulsión de la cooperativa, lo que les hubiera dejado sin opciones de presentarse como alternativa.

Ahora, la plataforma de socios exige que Covirán convoque la junta extraordinaria, para lo que tiene un mes de plazo tras el levantamiento del estado de alarma. “Hemos mandado un requerimiento para que vuelvan a convocar, pero la dirección ha querido alargar la situación acudiendo a los juzgados”, critica Rubén Navarro.

Cruce de denuncias

Concretamente, Covirán ha presentado una denuncia en la que expone un delito continuado de falsedad documental por parte de tres socios que integran dicha plataforma. Al parecer,  al menos 80 de las 270 firmas reunidas podrían haber sido falsificadas, “hecho que Covirán denunció y que está debidamente documentado en la denuncia, con los testimonios por escrito de los socios afectados”, señalan desde la compañía. 

Y los socios se defienden alegando que “algunos cooperativistas están recibiendo presiones por parte de la empresa”. Algo que fuentes de la compañía niegan rotundamente. También alegan que Covirán “no dispone de los datos de algunos de los socios más antiguos”.

Cruce de acusaciones que no ha evitado que el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada haya abierto una investigación por una posible falsificación de documentos privados y haya citado a declarar a tres socios en septiembre, según EFE.

Pero antes de que eso ocurra, en julio se espera que la presidenta, Patrocinio Contreras, también declare ante el juez tras la denuncia presentada por estos socios por supuesta revelación de secretos. 

La Junta pende de un hilo

En estas circunstancias, según Covirán “la presentación de un número aproximado de 80 solicitudes presuntamente falsas supondría que la petición de Asamblea Extraordinaria no alcance el 10% del número de socios de la cooperativa que se exige por Ley y por Estatutos para proceder a la Convocatoria de la asamblea”. 

Por su parte, los socios díscolos reiteran que el juzgado no ha paralizado la convocatoria de la junta, por lo que insisten en que la dirección ponga una fecha ya para su celebración. 

En cualquier caso, desde Covirán recuerdan que la asamblea está revocada por la situación sanitaria, sin fecha de celebración hasta que no haya garantías sanitarias y legales para poder celebrar una convocatoria sobre 2.500 participantes. “No obstante, la obligación de Covirán es respetar los plazos reglados en la convocatoria de las distintas Asambleas y así se hará”, señalan.

En definitiva, parece que los procesos judiciales alargarán la convocatoria de la asamblea; lo que encenderá aún más los ánimos entre socios y dirección.