El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo está preparando la desescala con patronales y sindicatos de cara a la reapertura de las tiendas que podría producirse en junio. Desde hace varios días se suceden los contactos y reuniones en las que el Gobierno sondea medidas, entre ellas, una de las que causa mayor polémica, las rebajas de verano, que podrían peligrar este año.

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“Tal y como se viene haciendo durante todo el estado de alarma, se dialoga con las asociaciones sobre la desescalada con medidas a establecer y propuestas para reactivar el consumo y percepción, entre otros temas, de horarios comerciales y rebajas”, señalan fuentes del Ministerio Comercio a este medio. 

Aún no hay una decisión tomada. De hecho, el Gobierno solo ha sondeado estas propuestas con algunas patronales -no todas-. Pero “no ha tomado ninguna decisión en firme”, señalan fuentes conocedoras del proceso. Sin embargo, la polémica está servida y el Ejecutivo se encuentra en una encrucijada ya que el pequeño comercio clama por la prohibición de las rebajas o su aplazamiento para sobrevivir, mientras que las grandes firmas aprovechan su liberalización en 2012. 

¿Habrá rebajas de verano?

Existe una fecha oficial para las rebajas de verano (también para las de Navidad). Estas comienzan a finales de junio y terminan a últimos de agosto, por norma general. Aunque este año están en el aire por la crisis sanitaria y la división del sector.

Por un lado, los grandes retailers, que acumulan seis meses de stock que no se está vendiendo, por lo que urge darles salida y más teniendo en cuenta que la venta online también ha sufrido graves caídas. Como es lógico, fuentes del sector apuntan que las grandes empresas pretenden poner en marcha la campaña de rebajas en verano en detrimento del pequeño comercio. 

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) cree que la puesta en marcha de las rebajas “sería la puntilla para más de 700.000 personas trabajadoras autónomas del pequeño comercio que han realizado la inversión económica necesaria para tener en sus almacenes la mercancía de esta temporada primavera-verano”. Estos piden al Gobierno directamente que prohíban esta campaña, ya que muchas no podrían abrir vendiendo más barato.

Algo que avalan otros como la Asociación Española de Productos para la Infancia (Asepri); aunque en este caso solo proponen aplazarlas. “Corresponde a cada empresa y punto de venta elaborar su estrategia comercial. Sin embargo, las rebajas oficiales, excepcionalmente en 2020, deberían posponerse al mes de agosto y así animar al consumidor a volver a las tiendas”, señala la directora de Asepri, Loles Segura. 

La posición más intermedia es la de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex). Proponen realizar promociones, pero sin encasillarlas en una campaña de rebajas oficial. 

El marco legal

Aunque no todo está en manos del Gobierno. ¿Por qué? Hasta 2012, las campañas estaban reguladas bajo la Ley 7/1996, del 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. Pero hace ocho años, se modificó su artículo 25 que establecía el periodo de rebajas mediante el Real Decreto-ley 20/2012 del 13 de julio

Dicho artículo queda ahora así: “Las ventas en rebajas podrán tener lugar en los periodos estacionales de mayor interés comercial según el criterio de cada comerciante. La duración de cada periodo de rebajas será decidida libremente por cada comerciante”. Motivo por el cual, en la actualidad, el comercio vive en un continuo estado de rebajas por la cantidad de descuentos y promociones que realizan las grandes firmas. 

Son las comunidades, además, las que tienen las competencias. Desde el Ayuntamiento de Madrid valoran regular las campañas, pero recuerdan que "la competencia en sí misma es de la Comunidad de Madrid. "Nosotros desde luego estudiamos y queremos apoyar al comercio y a la hostelería en tanto se pueda. Hay que mantener vivas a las empresas", indican.

Algo parecido ocurre en cuanto a la liberalización horaria. Aquí, la legislación es distinta dependiendo de la comunidad. Madrid es la única que tiene libertad horaria. En julio de 2012, la Comunidad, de la mano de Esperanza Aguirre, aprobó la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial que permite a cualquier establecimiento abrir 24 horas los 365 días del año. Parecida categoría tienen las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en varias ciudades españolas. 

Desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) le han trasladado al Gobierno que esta libertad se extienda más allá de Madrid y de las zonas turísticas "para adaptar la oferta de servicio a la demanda y la recuperación económica".

En ambos casos (rebajas y horarios), el marco legal favorece a las grandes compañías. Pero el pequeño comercio espera que el Gobierno tome medidas consensuadas dentro del plan de desescalada y, poder así, garantizar su supervivencia. 

La parálisis del Gobierno

Hasta la fecha, el Gobierno no ha establecido ningún protocolo. Solo recuerdan a Invertia que “se está trabajando también en una guía de buenas prácticas en los establecimientos comerciales con recomendaciones que se unan a las condiciones que se establezcan por norma en el proceso de desescalada y que complementaría a las dos guías que ya se publicaron hace unas semanas”, señalan. 

Pero las empresas y comunidades se empiezan a poner nerviosas, tanto que el Ayuntamiento de Madrid trabaja ya en un plan B para adelantar la apertura de bares y comercios bajo una serie de protocolos y medidas de seguridad. "Nosotros ya estamos trabajando para el día que termine el confinamiento y la reactivación de la economía, con campañas de promoción, bajada de impuestos y tasas, línea de avales, moratoria y condonaciones de pagos servicio de asesoramiento", señalan a Invertia desde el consistorio madrileño.

Por su parte, las grandes empresas también trabajan en ese famoso 'Día D', como Inditex, que ya tienen sus propios protocolos. Pero no es la única. El Corte Inglés y Tendam también están diseñando sus planes de desescalada.