El atasco que están sufriendo las empresas con créditos ICO que quieren reestructurar sus deudas para evitar llegar a un concurso de acreedores tendrá fin "en las próximas semanas". En la Administración trabajan con este objetivo para establecer un procedimiento que permita a los bancos obtener la autorización de la Agencia Tributaria a la hora de aprobar las condiciones de la reestructuración de deuda de una empresa.

La última reforma de la ley concursal introduce un marco de reestructuración preventiva que tiene el fin de que las empresas que detecten que pueden tener un problema financiero lo resuelvan cuanto antes y no se vean abocadas a terminar en un concurso de acreedores. Existen varias vías, pues estos planes de reestructuración pueden incluir aplazamientos del pago de la deuda, fraccionamientos o quitas de algunas cantidades, entre otras opciones.

El problema viene porque a la hora de llevar a cabo uno de estos planes la norma establece que, si estos afectan a un crédito ICO, los bancos, como acreedores, necesitarán una autorización de la Agencia Tributaria para aceptar las condiciones de la reestructuración. En concreto, la ley dice que esta autorización deberá proceder del Departamento de Recaudación del organismo.

[La falta de un sistema de autorización de Hacienda a la banca impide reestructurar los créditos ICO de las empresas]

Es condición obligatoria, porque, de no contar con esta autorización, se "determinará el perjuicio del aval en la parte que no hubiera sido ejecutada o, en otro caso, la conservación de los derechos de recuperación y cobranza por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sin que el contenido del plan o convenio produzca efectos frente al mismo", según recoge la ley.

Esto quiere decir que el banco no tiene autonomía propia para decidir si ese préstamo puede quedar afectado o no por el plan de reestructuración, sino que debe contar con la Agencia Tributaria. Sin embargo, aún no está establecido el procedimiento por el cual esta pueda comunicar a los bancos su autorización a cada operación.

Y en eso están trabajando actualmente sus equipos, "hay mucha gente metiéndole horas", como explica Carlos Cuerpo, secretario general del Tesoro, a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Se están produciendo avances que esperamos que se puedan materializar en las próximas semanas de cara a clarificar, a simplificar, precisamente en este caso el procedimiento tanto de representación en los procesos de concurso como también de voto en los propios convenios a la hora de realizar los concursos", afirma en una entrevista con este periódico.

Equilibrio

El trabajo no es sencillo, pues es necesario idear un sistema por el cual la Agencia Tributaria valore las condiciones de cada procedimiento de reestructuración y, como añade Cuerpo, es necesario encontrar un "equilibrio" para que no se vean mermados los intereses del Estado, pero tampoco se ponga en jaque la viabilidad de las compañías con esa necesidad de renegociar su deuda.

"Tenemos que conseguir un equilibrio, como siempre, y en este caso el equilibrio es entre la protección de los intereses del Estado, en este caso a través de los créditos avalados, y, por supuesto, el mantenimiento de la viabilidad de las de las empresas a través de estos procesos de reestructuración y de concurso", apunta.

A la espera de que se establezca este procedimiento, lo cierto es que muchas empresas se están encontrando en estos momentos con un problema a la hora de reestructurar sus deudas y evitar el concurso.

Y es que hasta el momento se han realizado 1,19 millones de operaciones al amparo del programa de los créditos ICO. El 90% de las mismas están dirigidas a pymes y autónomos, el eslabón más débil de la cadena empresarial, según los datos recogidos en el último informe de seguimiento de las líneas con avales estatales de la Covid-19, fechado en junio de este año.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, interviene en una sesión plenaria en el Congreso el pasado 15 de diciembre. Jesús Hellín Europa Press Madrid

Javier Marquina, abogado y economista socio del despacho PradaGayoso, apunta que "quizás se podría plantear un sistema en el que, dependiendo del importe del crédito, no fuera necesaria la autorización expresa de la Agencia Tributaria, sino que valiera con el criterio propio de la entidad financiera, que ya tiene departamentos de análisis de riesgos que van a analizar de manera muy severa las condiciones del plan de reestructuración".

Por el momento, existen mucha incertidumbre y dudas sobre qué va a pasar. "¿Va a tener la Agencia Tributaria capacidad suficiente para analizar todas las peticiones que se puedan hacer para afectar estos créditos en los procesos de reestructuración? ¿Qué sistema se va a utilizar? ¿Cuál va a ser el órgano competente dentro de la Agencia Tributaria para tomar tales decisiones?", se cuestiona Marquina.

Dudas a las que tendrá que responder el organismo cuanto antes si quiere evitar que empresas viables puedan entrar en problemas por esta dificultad.