El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, José Luis Escrivá, ha restado importancia al informe del Banco Central Europeo que advierte de que el impuesto a la banca del Gobierno pone en riesgo el crédito y que se repercutirá al cliente. Escrivá ha reconocido estar "sorprendido", señala que esta cuestión es exclusivamente "competencia nacional" y critica un dictamen de "copia y pega".

"Hacer este tipo de informes no es un elemento central del BCE, es algo secundario", ha explicado Escrivá, que deja muy claro que poner un nuevo impuesto a la banca es "competencia" del Gobierno de España "y más si es una cuestión financiera" como esta.

En esta línea ha recordado que los países escandinavos y Francia ya existe esta figura impositiva "desde hace décadas" y que es "bastante paradójico" que una institución que está subiendo los tipos de interés para suavizar el crédito lance un aviso como este en el contexto actual.

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En una entrevista en RNE, Escrivá ha señalado este viernes que el informe del BCE, que pide estudiar si el impuesto bancario afectará a la concesión de créditos, es "de copia y pega" de otros documentos que se han hecho en "otros momentos".

"No es la primera vez que emite un informe de estas características. Lo deben tener de copia y pega de otros momentos, en contextos distintos (...) Será un tipo de informe normalizado que tienen de otras veces que han contestado a esto y lo han puesto ahí, sin tener en cuenta que, vista la coyuntura actual, resulta un poco sorprendente esa afirmación", ha explicado.

Además, ha criticado dicho dictamen poniendo en duda la competencia del BCE para abordar esta cuestión. "Que opine esto una entidad que sube los tipos de interés me parece bastante paradójico", ha apuntado José Luis Escrivá, que ha calificado de "una respuesta un poco sorprendente" el contenido del informe sobre el impuesto bancario del Gobierno.

Así, el ministro ha pedido "rebajar muchísimo el estatus" de este informe del BCE, pues entiende que son recomendaciones y consideraciones de carácter general. "En ningún caso entiendo que el BCE quiera interferir en la legitimidad de un Gobierno de regular estos temas", ha opinado.

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De hecho, el ministro, que trabajó en el BCE durante unos años, ha subrayado que la emisión de este tipo de informes no es una actividad central de la institución, sino secundaria. "Hay que poner en su justo término lo que significa un informe como éste (...) No es su actividad central, es una parte secundaria y rutinaria. El Tratado le da esta función, pero no entra en el proceso central de toma de decisiones", ha apuntado.

También ha subrayado que las regulaciones financieras, excepto algunos elementos concretos de solvencia, y en mayor medida las regulaciones fiscales "son competencias nacionales".

El informe del BCE

Este jueves, el BCE cuestionaba a través de un informe distintos aspectos del impuesto temporal que el Gobierno quiere imponer al sector bancario al considerar que el gravamen podría llegar a poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria, añadiendo que el importe del mismo podría no ser proporcional a la rentabilidad de las entidades y expresando la importancia de que pueda repercutirse a los clientes.

En su dictamen, el BCE recuerda que, desde el punto de vista de la política monetaria, si bien los ingresos netos por intereses de los bancos suelen aumentar a medida que aumentanlos tipos de interés oficiales, este efecto puede compensarse con un menor volumen de préstamos, así como por pérdidas en la cartera de valores y aumentos en las provisiones como consecuencia del deterioro de la calidad de la cartera de crédito.

El Gobierno no se plantea cambios 

De esta manera, advierte de que la materialización de riesgos a la baja en el entorno actual puede reducir de manera significativa la capacidad de pago de los deudores y, por lo tanto, el efecto neto de la normalización de la política monetaria sobre la rentabilidad de las entidades de crédito "podría ser posiblemente menos positivo, o incluso negativo, en un horizonte temporal prolongado.

Desde el Gobierno, también se ha referido a este informe la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha minimizado el dictamen del BCE y ha adelantado que desde el Gobierno no se contemplan cambios en la proposición de ley del gravamen temporal a las energéticas y las entidades de crédito.

Montero explicaba este jueves en los pasillos del Congreso que el informe del BCE "es muy claro" con respecto a que no plantea la paralización del gravamen a las entidades financieras. "El BCE plantea las consideraciones generales que estamos acostumbrados", ha añadido. 

Por su parte, Nadia Calviño, vicepresidenta económica, ha incidido en el mensaje que fuentes de su departamento trasmitían ayer. Según la ministra, los socios de gobierno ya tuvieron en cuenta los potenciales efectos negativos del impuesto antes de presentar la proposición de ley.