El nombramiento de Andrea Orcel como consejero delegado de Santander nunca llegó a ser del todo efectivo, pues dependía de varias cuestiones que debían cerrarse tras el anuncio. Entre ellas, que el directivo recibiera el visto bueno del Banco Central Europeo (BCE) a través del test de idoneidad que se requiere en estos casos (conocido en el sector como fit and proper).

Así lo ha dejado claro Jaime Pérez Renovales, secretario del consejo de administración de Santander, a lo largo de la segunda parte del juicio que enfrenta a Orcel con Santander por su fichaje fallido, que se ha celebrado este miércoles, cinco meses después de la primera parte.

Según ha dicho, antes de que el nombramiento fuera efectivo era necesario que se cerraran ciertos "elementos esenciales". Concretamente, estos aspectos eran tres: que obtuviera el visto bueno del BCE, que la relación contractual con UBS terminara (algo que, en todo caso, no iba a tener lugar hasta seis meses después de la fecha en la que comunicó su dimisión) y que el consejero al que Orcel iba a sustituir en el consejo de administración de Santander, Rodrigo Echenique, saliera de la entidad, lo cual estaba previsto que ocurriera el 1 de enero de 2019.

Se comunicó a la CNMV

Estas condiciones, además, se comunicaron al mercado en el hecho relevante que Santander envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 25 de septiembre de 2019, a través del cual anunció el nombramiento, como ha recordado el directivo de Santander.

De hecho, Pérez Renovales ha sido tajante al ser preguntado este miércoles por la defensa del banco si en el momento en el que el consejo de administración aprobó el nombramiento de Orcel (25 de septiembre de 2018) estaban pactados todos esos "elementos esenciales" que eran necesarios para que la designación fuera definitiva. "No, en absoluto", ha dicho sin dudar.

El papel de Pérez Renovales es esencial en el proceso, habida cuenta de que estuvo a cargo de la incorporación de Orcel por parte de Santander, como él mismo ha explicado a lo largo de la vista.

También era necesario el apoyo de la junta de accionistas para que el nombramiento fuera efectivo. No en vano, Santander había remitido a Orcel una carta oferta previa a su incorporación en la que mencionaba la posibilidad de que el banco compensase con la entrega de acciones (una remuneración conocida como buyout) el millonario bonus que había devengado durante años de servicio en UBS y que iba a perder al incorporarse a otra entidad financiera.

Esa entrega de acciones siempre debe recabar el apoyo de la junta de accionistas de acuerdo a la legislación española, como ha recordado Pérez Renovales.

Por el juzgado madrileño en el que se dirime esta batalla ha pasado también Roberto di Bernardini, que hasta el próximo mes de noviembre, cuando se incorporará a Danone, ocupa el cargo de responsable de Talento de Santander.

Sueldo máximo

El italiano ha explicado que desde un inicio se fijó para Orcel un sueldo máximo (remuneración fija, variable y aportación para la jubilación) de unos 10 millones de euros al año y que junto a Jon Teppo, entonces responsable de Compensación y Beneficios de Santander, estimó que cobrar ese sueldo durante cinco años se traduciría en que Orcel dejaría cobrar unos 71 millones de euros en relación con su sueldo en UBS.

Un importe muy elevado que el banco no estaba dispuesto a asumir. De hecho, como han explicado ambos directivos, en la carta-oferta que Santander remitió a Orcel se especifica que la compensación máxima a Orcel teniendo en cuenta el buyout sería de unos 35 millones de euros.

UBS defiende que informó a Orcel

Este miércoles también han testificado Axel Weber, actual presidente de UBS, como Mark Shelton, director de Retribuciones de la entidad suiza, que han explicado que la política de UBS cuando un empleado deja el banco para irse a otra entidad financiera pasa por no abonarle su bonus, es decir, la remuneración variable a la que tiene derecho por su trabajo en el banco y que se le paga en diferido a lo largo de varios años.

Esto es así en el caso de empleados que se van voluntariamente, si bien cuando un trabajador sale por decisión de la empresa la solución "depende del caso", ha explicado Weber.

Se trata de una política que UBS aplica estrictamente, según sus representantes, que han insistido este miércoles en que la entidad suiza informó desde el primer momento tanto a Orcel como a Santander de que el italiano no cobraría el bonus, algo muy diferente a lo que consideran tanto el directivo como el banco español.

Quien no ha sido llamado a declarar por la representación legal de UBS ha sido Sergio Emotti, entonces consejero delegado de la entidad suiza, que, según declaró en sede judicial Botín, mantuvo durante un proceso una postura muy diferente a la de Weber.

"El señor Orcel me dijo varias veces: 'El consejo no se va a oponer a lo que diga Sergio'", apuntó la presidenta de Santander en mayo, justificando estas diferencias entre la opinión de Ermotti y la de Weber en que en toda negociación cada uno tiene un papel, como "el simpático", para "buscar un acuerdo sensato entre las partes".

Tras escuchar estas cuatro testificales de hoy, más la de Botín el pasado mes de mayo, ahora es decisión del juez dar la razón al banco o a Orcel. Para ello antes tendrá que recibir las conclusiones de ambas representaciones legales, que se enviarán por escrito por petición del magistrado ante la "complejidad técnica" del caso. Cuando las tenga ya podrá declarar el caso como visto para sentencia.