Una de las principales medidas que las autoridades y la banca han puesto en marcha durante la pandemia para intentar evitar a sus clientes el mayor deterioro económico posible han sido las moratorias para el pago de los préstamos, que han permitido a particulares y empresas atrasar el abono de la cuota de sus créditos y hacer frente durante algunos meses únicamente al interés.

Noticias relacionadas

Estas moratorias, que se pusieron en marcha ya en marzo del año pasado, se convierten ahora en la primera gran medida de apoyo a la situación financiera de las familias que deja de funcionar. El plazo para solicitarlas venció el martes 30 de marzo, como estableció la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), y no podrán solicitarse más.

A lo largo del último año, los bancos españoles han concedido 1,4 millones de moratorias, aunque han recibido solicitudes por 1,5 millones, de acuerdo con los últimos datos del Banco de España disponibles. Tras esta actividad, aún tienen moratorias concedidas por un saldo vivo de préstamos superior a los 50.000 millones y la mayoría corresponden a moratorias sectoriales (59%), mientras que el 5% son créditos al consumo y el 36% restante, hipotecas.

23.000 millones en Santander

La mayor parte corresponde, como es lógico, a los bancos con presencia internacional. Es el caso de Santander, que al cierre del ejercicio 2020 contaba con unos 23.000 millones en préstamos con moratoria pendientes de pago del total de las concedidas, cuyo saldo asciende a unos 122.000 millones. De ellas se beneficiaron 4,8 millones de clientes en todo el mundo.

A su filial española corresponden 9.438 millones de euros. Eso sí, del importe total concedido, la gran mayoría, el 82%, no está en riesgo de entrar en impago y un 3% está ya calificado como dudoso.

BBVA, por su parte, concedió a unos 2,84 millones de clientes moratorias para préstamos por unos 33.800 millones, de las que están vigentes aún las correspondientes a 6.803 millones de euros. Del total concedido, la gran mayoría está calificado como fuera del riesgo de entrada en mora.

Lo mismo ocurre con CaixaBank, que ha concedido moratorias en unas 221.000 operaciones destinadas a créditos con 16.825 millones por devolver en todo el grupo (8.737 millones solo en España).

Del importe total, están vigentes los aplazamientos de unos 14.356 millones en deuda de sus clientes, la mayoría fuera del riesgo de convertirse en dudosos. A este importe se suma el saldo vivo de las moratorias concedidas por Bankia, ahora propiedad de CaixaBank, que ascendía al cierre del ejercicio a unos 4.640 millones.

En el caso de Sabadell, el saldo vivo de los préstamos con moratoria asciende a 3.075 millones de euros, mientras que Bankinter concedió en total aplazamientos para créditos con 546 millones pendientes de pago.

Amenaza de mora

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, insistía el lunes en la importancia de que las entidades mantengan una política de prudencia a la hora de protegerse de los impagos y advertía de que se están observando repuntes en la morosidad al haber vencido ya algunas moratorias (tienen periodos de vencimiento de entre nueve y doce meses).

Con todo, la gran mayoría de estos préstamos con moratoria están calificados en los balances de los bancos como normales. Esto quiere decir que las entidades no esperan que, al menos a corto plazo, se conviertan en dudosos e incurran en impago.

La gran amenaza para los bancos en este sentido se materializará en el momento en el que los periodos de carencia concedidos a las empresas que solicitaron préstamos con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) finalicen, lo que empezará a pasar durante los próximos meses y, como tarde, en la primavera de 2022, dado que estos plazos se extienden hasta dos años. Por lo que pueda pasar entonces, el plan de salvación del Gobierno para las pymes ya contempla reestructuraciones de deuda y, entre ellas, quitas.

Será entonces cuando la morosidad haga su verdadera aparición en escena. Debido al nivel de incertidumbre que persiste a día de hoy, ni las entidades ni el Banco de España se atreven a estimar a qué nivel podrán ascender los impagos, si bien desde Alvarez&Marsal calculan que, con el actual nivel de provisiones de las entidades, podrían cubrir hasta un 7% de morosidad, variable que al cierre de enero se situaba en el 4,54%.