Banca y Gobierno trabajan desde hace semanas para evitar la temida ola de quiebras empresariales por el impacto de la crisis. Además de analizar posibles ayudas directas, fuentes financieras indican que el sector ha hecho especial hincapié en las últimas semanas en la urgencia por reformar la ley concursal actual, con el objetivo de salvar empresas viables y liquidar “de forma rápida y eficaz” las que no lo son.

El miedo a que la crisis de liquidez acabe por convertirse en una crisis de solvencia ya está sobre la mesa de muchas entidades que, en el trato ‘tú a tú’ con los clientes, empiezan a comprobar que este temor es, cada vez más, una realidad.

Así lo advierten desde hace tiempo agencias de rating, banca de inversión y el propio Banco de España, que participa en las conversaciones y los análisis que se están desarrollando con el Gobierno y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para buscar soluciones a esta situación.

Leandro de Torres Zabala, responsable de la agencia de S&P Global Rating España, confirma que en sectores como el turismo y la hostelería "ya se ha pasado pasado de ese problema inicial de liquidez a uno de solvencia, con caída de ventas en industrias con estructuras de costes elevadas, lo que ha provocado una generación de flujos negativos de caja que se ha financiado con más deuda". Y es entonces cuando aparece el riesgo de quiebra.

En este sentido, el sector financiero está empujando al unísono para conseguir que una de las primeras medidas, con la intención de que sea “inmediata”, implique novedades en la ley concursal, para dotar de soluciones tempranas a posibles riesgos de quiebra. Y el Gobierno ya se mueve en este sentido.

Todos a una

Así lo han manifestado también los principales banqueros del país en la última ronda de resultados anuales. El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, reconocía hace unos días que “ante un escenario en el que habrá empresas que van a necesitar restructuraciones, todo lo que sea capacidad de anticipación es muy importante para acelerar procesos”. 

“Todo lo que nos ayude a hacer trabajo preventivo es positivo”, indicaba, haciendo un llamamiento para que en Europa se haga también una valoración para armonizar las leyes de insolvencia y reestructuración preventiva. 

Mismo mensaje desde CaixaBank, recordando que tras las 'exitosas' ayudas con el ICO y las moratorias, “el problema que tiene la economía ya no es de liquidez”. “Hay que vivir con negocios viables y a base de deuda no es como se solucionan los problemas”, insistía el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar.

En este sentido, el directivo ha apostado siempre por ayudas directas “y bien dirigidas”. “Tenemos que ser imaginativos para responder a la viabilidad y solvencia, que es lo que nos preocupa en el futuro”, insistía hace solo unos días ante los medios.

Respuesta rápida

“Los efectos de la crisis son ahora distintos que hace unos meses, y los bancos necesitan herramientas para seguir ayudando a las empresas”, explican desde una consultora nacional a Invertia. Según indican, la idea del Gobierno es impulsar mecanismos para poder ejecutar de forma más efectiva operaciones como refinanciaciones o mecanismos de Segunda Oportunidad, especialmente para el segmento de autónomos y pymes.

Tal y como recuerdan los expertos, el pasado mes de septiembre entró en vigor el enésimo texto refundido de la Ley Concursal. Sin embargo, desde diversas asociaciones indicaron que este nuevo texto solo se podía considerar como un buen punto de partida para mejorar la ley y transponer la directiva europea de solvencia, aprobada en 2019. Es decir, se necesita claridad sobre refinanciaciones anticipadas y otras herramientas que permitan la detección, con mayor antelación y alerta temprana, riesgos de insolvencia.

El principal problema es que, tal y como recuerdan desde el Banco de España, incluso cuando una empresa presenta concurso de acreedores y se queda limpia de deudas, su viabilidad sigue siendo escasa. De ahí que acortar los procesos resulta clave para evitar procesos largos que, según denuncia el propio regulador, casi siempre terminan en liquidación. 

Los expertos consultores recuerdan que, por lo general, el plazo normal para un acuerdo de refinanciación e insolvencias ronda actualmente los tres meses más uno. “Hay casos excepcionales en los que se amplían como, por poner un ejemplo, en el caso de Abengoa”, recuerdan, insistiendo en que “hay supuestos en los que las refinanciaciones son muy complejas y meter un plazo límite no ayuda a la supervivencia de la empresa”.

Así que consideran que el objetivo de las medidas no debe centrarse tanto en establecer un plazo límite, sino en la búsqueda de fórmulas para ser más eficientes y rápidos, por ejemplo, a la hora de minimizar las pérdidas que se producen por la caída del valor de los activos de las compañías, precisamente por la demora que caracteriza a estos procedimientos.