Semanas después de que el Gobierno aprobara el enésimo texto refundido de la Ley concursal, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pedía el pasado miércoles en la Comisión para la Reconstrucción del Congreso una nueva ley de quiebras para tratar de ayudar a que las empresas sobrevivan al escenario económico que ha traído el covid-19.

De manera inesperada, Hernández de Cos pedía una revisión de los procesos de reestructuración e insolvencia empresarial con el objetivo de reforzar su agilidad y eficacia". Advertía a los diputados de la Comisión que el número de empresas con problemas financieros "aumentará previsiblemente en los próximos meses" y resaltaba la importancia de que esas empresas puedan contar con herramientas "de reestructuración preventiva" para poder seguir con su actividad empresarial cuando aún son viables.

Un día después, el Boletín trimestral del Banco de España destacaba el "brusco deterioro de la situación económica" de las pymes, que constituyen en grueso del tejido empresarial español.

Además, recordaba que en su encuesta sobre el acceso a la financiación de las empresas, las pymes españolas expresaban su temor a que el acceso a la financiación bancaria se complique en los próximos meses. 

Hasta la fecha, los préstamos con el aval del ICO han sido clave para las empresas. Según los últimos datos del Ministerio de Economía, se han formalizado ya 609.704 operaciones a autónomos y pymes que han supuesto una financiación de 54.081 millones de euros.

Sin embargo, el camino que queda por recorrer para salir de esta crisis es largo y quienes trabajan cerca de las empresas en apuros creen que será necesario poner sobre la mesa nuevas soluciones.

"Como dijo el gobernador, no solo se trata de hacer reformas legales, también es importante poner medios. Y no solo dinero para que tengan medios materiales, también en la estructura", explica a este periódico el economista, Guillermo Prada, del despacho de abogados Prada & Gayoso, especializado en procedimientos concursales.

Este bufete reconoce que en los últimos meses han aumentado las consultas sobre los procedimientos concursales. Sin embargo, dado que el Gobierno ha flexibilizado los plazos para que hasta el 31 de diciembre se pueda retrasar la solicitud de concurso, espera que en este año, no se dispare el volumen de estos procesos.

Sí cree que 2021 puede ser un ejercicio complicado, en el que se produzca un incremento muy importante de procedimientos concursales, pero advierte que "es complicado hacer predicciones en el escenario actual".

Más pesimista es la firma de la gestión de venta, subastas concursales online y liquidación de activos procedentes de empresas en concursos de acreedores Eactivos.com, que estima que las subastas extrajudiciales aumentarán significativamente en 2021.

"Después del estado de alarma y la situación de crisis que ha provocado el Covid-19 se prevé un aumento sustancial de los procedimientos concursales", explica su directora general, Paula Herrero. Según sus cálculos, a partir de enero se podrían llegar a disparar en un 5.000% frente a 2020 como consecuencia de los daños del Covid-19.

En una conversación con este periódico, junto con el consejero delegado de Activos Concursales, Joaquín Oliete, señalan que el cambio legislativo puede abocar a una manera más segura a las empresas a acabar en liquidación.

Es en este última fase de un concurso de acreedores en el momento en el que empresas como Eactivos.com interviene para buscar compradores a los activos que se subastan de las compañías.

Para tratar de evitar el colapso de los juzgados por la avalancha de concursos que podría avecinarse, el Gobierno ha suprimido las subastas judiciales que se hacían a través del BOE y serán entidades privadas las que se encarguen de este proceso.

Oliete reclama que sea a través de plataformas con experiencia probada en este ámbito y un software garantizado para poder celebrar esas subastas con garantías. Además, señala la importancia de que se acote a empresas con resultados auditados en el éxito de las subastas la posibilidad de llevar a cabo estos procedimientos de liquidación, para dotar de seguridad jurídica un proceso traumático para las empresas.

Se han suprimido las subastas judiciales para evitar colapsar los juzgados y Activos Concursales reclama control sobre la firma que se encargue de las liquidaciones

Hay que tener en cuenta, además, que en esas liquidaciones muchas veces sobrevive alguna unidad productiva de las empresas si se logra su venta. Por ello, considera importante que no se permita ahora la entrada de nuevos jugadores en este negocio que por falta de experiencia puedan complicar aún más el proceso final de la vida de una empresa.

No siempre se liquida

Antes de llegar a la liquidación, las empresas pasan por muchas fases. Los problemas de insolvencia siempre empiezan con los problemas financieros que en mayor o menor medida prácticamente todas las empresas están padeciendo. Pero no siempre esas situaciones tienen que llegar al juzgado para que los problemas se resuelvan.

Ante el duro escenario económico, Guillermo Prada explica que las entidades financieras parecen estar más abiertas a negociar refinanciaciones y apoyar al máximo a las empresas, lo que ayudará a muchas a sobrevivir.

Ante el duro escenario, la banca está más abierta a refinanciar para evitar el concurso, según Guillermo Prada

Sin embargo, compañías en sectores más dañados por el coronavirus y problemas previos tendrán muy complicado evitar una reestructuración bajo el paraguas de las leyes de insolvencia. Es el caso de Pullmantur, que ha presentado esta semana el concurso de acreedores.

Algo parecido ocurre con la restauración, como se ha visto con la decisión de los propietarios de Mama Framboise de echar el cierre tras 10 años como pasteleros.

Prada considera que el texto refundido de la ley concursal llega tarde, dado que en verano del año que viene, España tendrá que haber transpuesto la directiva europea que persigue potenciar los sistemas de alerta temprana y ayudar a que el mayor número de empresas posible pueda recuperarse, mientras que las que no lo logren puedan ser liquidadas de una manera ordenada.

No obstante, estima que "técnicamente" es bueno y que aclara algunas cuestiones dando más seguridad jurídica.

Sin embargo, comparte con el Banco de España que es necesario hacer más para tratar de salvar al mayor número posible de empresas que están en una situación agónica por la crisis económica que ha provocado el coronavirus.