La línea de avales del ICO para ayudar a empresas y autónomos afectados por la crisis no será suficiente para impedir un deterioro en el acceso a la financiación bancaria de las pymes españolas. Así lo considera un 12% de las pymes en una encuesta realizada por el Banco Central Europeo (BCE) y recogida por el Banco de España, hecho que no ocurría desde la crisis de deuda soberana de 2012, aunque entonces el porcentaje máximo registrado fue del 18%.

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La encuesta sobre el acceso a la financiación de las empresas del área del euro (SAFE, por sus siglas en inglés), que cubre el período comprendido entre octubre de 2019 y marzo de 2020 y cuya recogida de datos tuvo lugar entre el 2 de marzo y el 8 de abril, refleja la preocupación de las pymes españolas por un deterioro de sus beneficios derivado, sobre todo, por la falta de clientes.

El dato contrasta con la principal preocupación del sector en Europa, centrada en la falta de mano de obra cualificada. 

Problemas si la crisis se prolonga

Respecto a las dificultades de acceso a la financiación bancaria, el Banco de España refleja que el resultado de la encuesta contrasta con las expectativas de los bancos recogidas en la Encuesta de Préstamos Bancarios en fechas similares, que apuntan a una relajación de los criterios de admisión previstos para el segundo trimestre.

La institución advierte de que es posible que las empresas encuestadas no hayan tenido suficientemente en cuenta en sus respuestas el impacto positivo del programa de avales del ICO, pero reconoce que también podría darse el caso de que las pymes, aun con este programa de garantías públicas, anticipen que su acceso al crédito va a ser más difícil en los próximos meses como consecuencia del deterioro de su situación económica.

De hecho, por primera vez desde desde 2013, el número de empresas encuestadas que declararon un aumento de las ventas fue inferior al de las que señalaron lo contrario, y la diferencia entre ambos grupos se situó en un -5%, frente al dato positivo del 15% registrado en la encuesta anterior y al -2% del conjunto del área del euro.

Esta circunstancia, unida al aumento de los costes tanto laborales como de otro tipo, determinó que un mayor número de empresas declararan un descenso de los resultados económicos, registrándose un porcentaje neto negativo del -20%, frente al -7% registrado en la ronda previa y al -15% del conjunto del área del euro.

Más concursos de acreedores

Según el último boletín trimestral de Axesor, publicado este miércoles, la crisis provocará una avalancha de concursos de acreedores una vez pase el estado de alarma. De hecho, recuerdan que el Gobierno ha eximido a las compañías insolventes de la obligación de declararse en concurso mientras dure el citado estado de alarma.

"El decreto establece, además, que habrán de transcurrir dos meses desde su finalización para que los jueces puedan admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante la alerta y en los dos meses posteriores a su cierre", recuerdan desde Axesor.

Pese a ello, consideran que "en los meses venideros se producirá una avalancha de

concursos de acreedores", indicando que la caída de la facturación por los cierres forzosos obligará a muchas empresas a acudir a este procedimiento ante la situación de falta de liquidez y posible insolvencia en la que han incurrido.

"Ello no significa que todos los procedimientos formales de insolvencia terminen en liquidación, pero sí gran parte de ellos", indican, recordando que "será la eficacia de las medidas dirigidas a facilitar el crédito por parte de las entidades financieras a través de los avales del ICO, y las medidas relacionadas con moratorias de distintos

pagos como hipotecas o alquileres, junto con la duración del periodo de transición hacia la nueva normalidad de consumo, gasto e inversión, los que determinarán el alcance y magnitud de los procedimientos formales de insolvencia declarados hasta que finalice el año".