El Instituto de Crédito Oficial (ICO) se ha defendido de las voces que han comenzado a alertar sobre la posible morosidad oculta en los préstamos a empresas y autónomos afectados por la crisis, que empezaría a aflorar cuando acabe el año de carencia establecido, a partir de marzo de 2021. 

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja, la directora general de negocios del ICO, Rosario Casero, ha rechazado de pleno así las preguntas de algunos parlamentarios que apuntaban a cálculos de la AIReF de un 30% de impagos que provocarían un agujero de 30.000 millones de euros a las arcas públicas. "No", ha sentenciado Casero, defendiendo que la morosidad actual de la institución se sitúa en el 4,1%, por debajo de la media de la banca, del 4,9%. 

"No hay un problema con la morosidad, no necesitamos provisiones para cubrir las pérdidas de la línea", ha asegurado durante su comparecencia. "No vemos colapso ni de lejos en 2021, pero sí vemos que el ICO necesita medios", insiste, recordando que la actividad del Instituto ha crecido un 30% este año (y la partida del gasto en Presupuestos, un 5%).

Casero ha insistido en el mensaje de confianza que desde bancos y el Ministerio de Economía llevan lanzando desde hace días para un acuerdo que permita extender los plazos de carencia y de pago de estos préstamos.

"Estamos trabajando de la mano de las entidades financieras, la CE y el Banco de España, junto con la secretaría general del tesoro. Y en el espíritu de todos está llegar a buen término en esta ampliación de plazos de carencia y vencimientos", insiste.

En este sentido, indica que, llegado ese momento, el ICO ajustará todas sus previsiones, también las de morosidad. Pero insiste. "No vemos impacto en las cuentas presupuestarias derivados de la mora de esta línea". En este sentido, advierte de que todas las partes deben tirar del mismo carro. "Impactaría en el déficit, sí, pero también en las cuentas de los bancos", asegura.

En concreto, el ICO ha firmado acuerdos para repartir las garantías públicas durante la crisis con un total de 109 bancos. En total, se han conseguido firmar unas 860.000 operaciones con un volumen de 105.000 millones de euros en préstamos con plazos, en su mayoría de entre 4 y 5 años, de los que un 98% han ido a parar a la financiación a pymes. 

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