¿Tenía el Banco Popular un patrimonio neto negativo cuando fue intervenido? Responder a esta pregunta se ha convertido en clave para la compleja y larga investigación de la Audiencia Nacional sobre los años previos a la resolución del banco.

Tanto es así que del juez, José Luis Calama, ha solicitado unos peritos para evaluar las tasaciones inmobiliarias que el Popular llevó a cabo entre los años 2014 y 2017. Busca saber si hubo algún intento de mantener esas valoraciones de los activos inmobiliarios sin cambio para no tener que reconocer que habían perdido valor por la crisis financiera y evitar, así, hacer provisiones.

Tras el paso por la Audiencia Nacional de dos testigos de renombre en este caso -el exministro de Economía, Luis de Guindos, y la presidenta del Banco Santander, Ana Botín-, el resultado del trabajo que realicen esos peritos será clave, según reconocen a Invertia fuentes conocedoras de la investigación.

El pasado 30 de septiembre, el ahora vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) comentó al juez y al fiscal en su interrogatorio que el banco tenía un patrimonio neto negativo y por tanto, ningún competidor del mercado español quiso quedarse con la entidad antes de su resolución.

Según su testimonio por videoconferencia, como ministro de Economía ofreció el Popular a cinco entidades, entre ellas, el Santander, para evitar su intervención. Las entidades que acudieron al llamado 'data room' para evaluar la operación descartaron su compra. Guindos apuntó que tras su decisión podría esconderse el que el banco tuviera fondos negativos.

Sin embargo, esa teoría no fue confirmada este jueves por el Banco Santander, que siempre ha sostenido que el Banco Popular cumplía con los requisitos de los reguladores para provisiones, aunque necesitaba hacer algunas ante el deterioro de su negocio.

Deterioro de cuentas

El primer banco español siempre ha afirmado que no es posible hacer una comparativa contable entre los resultados del Popular en 2016 y en 2017. El motivo sería el deterioro de sus activos que provocó la cascada de noticias que apuntaban a su delicada situación e incluso a su resolución en sus últimos días.

En esa línea, Ana Botín dijo este jueves ante el juez que no recuerda haber utilizado esos términos (fondos propios negativos) en ninguna de las conversaciones con Luis de Guindos, en las que sí se comentó la necesidad de futuras provisiones para el banco, según afirman a este periódico fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Al contrario de lo que se desprende del testimonio de Luis de Guindos, la presidenta del Santander explicó que hasta donde ella sabía, el Banco Popular cumplía con todos los requisitos regulatorios y con todos los ratios en el momento de la intervención.

En esa línea, Botín defendió también que la opinión de los auditores sobre las cuentas de la entidad era que estaba limpia y recordó que no había ninguna objeción de los reguladores sobre los resultados del Banco Popular.

Preguntada por la acusación, también afirmó no tener evidencia de que hubiera ningún incumplimiento de la normativa de tasaciones Inmobiliarias.

En manos de peritos

Calama y la Fiscalía quieren que ese extremo sea ahora aclarado por los peritos que analizarán las tasaciones del Popular.

De momento, la afirmación del Santander casa en la tesis que vienen sosteniendo las defensas de la primera pieza de este caso, la que investiga la etapa de Ángel Ron al frente de la entidad en los difíciles años de la crisis financiera. 

El magistrado tiene dos piezas abiertas en esta causa. La primera afecta a la época en la que Ron presidía la entidad y acometió una ampliación de capital en el año 2016. La segunda pieza se centra en los 108 días que Emilio Saracho estuvo en la presidencia del banco y se centra en una posible manipulación de mercado.

La investigación de las tasaciones atañe a la primera pieza, puesto que Saracho puso en duda que estuvieran bien hechas y llegó a ordenar una retasación de todos los préstamos inmobiliarios y NPAs (activos improductivos o non performing assets).

El resultado de esa retasación no se llegó a hacer público en su momento porque el banco fue intervenido antes de que estuviera terminada. Pero el último presidente del Popular ha venido defendiendo que no estaban bien hechas, lo que en la práctica hacía que el banco no hubiera hecho las provisiones que otros competidores sí hicieron.

Si Calama acaba aceptando esa tesis, no solo Ron y su equipo tendrían que afrontar un horizonte judicial más complejo. También el Santander podría tener que enfrentarse a los pleitos que podrían aguardar al banco dentro de la herencia del Popular.

El motivo es que fondos e inversores afectados por su resolución podrían aprovechar esta vía ante la Justicia en busca de indemnizaciones por sus pérdidas.

Por ello, es clave determinar cuál fue el deterioro de las cuentas del banco en el primer semestre de 2017 y por supuesto, conocer, el informe que los peritos elaboren de las tasaciones.

Sobre esa última etapa, Botín también fue preguntada. En concreto, por la salida de depósitos del banco que se produjo en la etapa final del banco. Señaló que su equipo fue consciente de esa salida de dinero, lo que implicaba a su vez pérdida de clientes y bajadas de rating.

Sin embargo, insistió en que no hubo un déficit de provisiones en el Popular. Explicó que si el Santander decidió ampliar capital para comprar el banco fue para recuperar la confianza de los mercados financieros.

Botín también aseguró que no recibió ningún tipo de presión ni del Ministerio de Economía, ni del Banco de España para comprar la entidad.

Santander compró el Popular en la noche de su resolución por un euro y para abordar la operación, anunció de inmediato una ampliación de capital por valor de 7.000 millones de euros.

Gracias a aquella operación, la entidad resuelta por la JUR -en un proceso que el propio Luis de Guindos ha calificado de "poco transparente"- pudo abrir sus sucursales y seguir atendiendo a sus clientes en la mañana del 7 de junio.