Visto para sentencia el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, los abogados penalistas con más caché en el sector financiero vuelven a ponerse este miércoles la toga para entrar de lleno en el proceso del Banco Popular.

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El último expresidente de la entidad, Emilio Saracho, está citado a declarar en la mañana de este 2 de octubre para dar cuenta de su gestión durante los 108 días en los que estuvo al frente del Banco Popular.

Sobre el fin del histórico banco, que acabó absorbido por el Santander, hay abiertas dos piezas. La primera, se refiere a la ampliación de capital que acometió el equipo gestor en 2014, con Ángel Ron como presidente.

La segunda, liderada por la asociación de accionistas minoritarios Aemec, contra la supuesta manipulación de las acciones, que se habría producido en el periodo de Saracho entre otros motivos, por una política de comunicación que derivó a una fuga de depósitos previa a la resolución del banco.

Se da la circunstancia de que Aemec tan sólo se ha querellado por este segundo aspecto, si bien fuentes del despacho de abogados no descartan ampliar su acusación si la investigación demuestra irregularidades previas.

Desde el despacho, explican a EL ESPAÑOL que su acusación se centra en el informe peridical que cifra en cerca de 11.000 millones de euros los fondos que tenía Popular cuando Saracho fue nombrado presidente.

Línea de defensa

Representado por dos cotizados penalistas, Jesús Santos (Baker & McKenzie) y Carlos Gómez-Jara (Corporate Defense), Emilio Saracho acudirá a la Audiencia Nacional sobre las 10:00 de la mañana de este miércoles para cumplir con la citación del juez José Luis Calama con una línea de defensa que ya se pudo entrever en su comparecencia en la comisión para la crisis financiera del Congreso de los Diputados en 2018.

Saracho se centrará así en sus 108 días de gestión al frente de un banco en el que aterrizó en circunstancias poco habituales en este tipo de fichajes, puesto que la entidad afrontaba ya una situación difícil en unos años turbulentos para el sector financiero español.

El exbanquero de inversión defenderá que "heredó" un consejo en guerra abierta tras aceptar una oferta de trabajo presionado por los hechos.

Según ha narrado Saracho, cuando fue llamado por Reyes Calderón para asumir las riendas de Popular rechazó en un primer momento la oferta y después de reunirse con el propio Ángel Ron y de que su oferta para asumir la presidencia fuera publicada en un Hecho Relevante, recibió una llamada de la CNMV para pedirle que hiciera frente a ese reto. En ese momento, la acción ya había subido cerca del 10%.

Dudas sobre el activo

Saracho considera que con el régimen regulatorio que tenía el sector financiero antes de 2014, Banco Popular habría podido sobrevivir en solitario. Pero hace ese argumento compatible con su otra línea de defensa, según la cuál cuando llegó al banco, ni él ni el equipo de Riesgos de Ron sabían lo que tenían en el activo. 

Según su relato, hizo falta poner en marcha una revisión del valor de los activos para saber las provisiones que debía hacer el banco. Además contrató al despacho de abogados de Uría, una decisión polémica por ser el bufete de referencia del Banco Santander, que finalmente acabó absorbiendo la entidad.

Fue en ese contexto, en el que en abril de 2017 el banco reexpresó sus cuentas para incluir los datos que indicaban que eran necesarias más provisiones de las que había comunicado el equipo anterior. También se puso de manifiesto que una parte de la ampliación de capital del año 2016 se había financiado por el propio banco sin descontar esa financiación de los recursos propios, como establece la normativa.

En este punto, auditado por PwC, Saracho se puso en el peor escenario al pensar que la morosidad del banco se iba a disparar. "Les vendimos unas acciones que se han ido a la mierda, pues no van a pagar los créditos, y creí que en junio nos iban a meter 200, 300 o 400 millones de morosidad", explicó a sus Señorías el que también fuera ejecutivo de JP Morgan,.

Más tarde, Saracho ya conocía que al banco le faltaban 5.500 millones de capital. Se pusieron en marcha, en ese angustioso contexto, operaciones de venta de activos como parte de WiZink o la venta a Allianz del negocio de los cajeros, entre otros.

Preguntas de las acusaciones

Sin embargo, Fiscalía y abogados de la acusación querrán saber por qué no intentó poner en marcha un plan de negocio, ni trató de poner en valor los activos inmobiliarios de la entidad con una operación de carteras.

Además, centrarán sus preguntas en tratar de esclarecer si Saracho (que podría acogerse a su derecho a no declarar) hizo o no lo suficiente para evitar la crisis de liquidez que se llevó por delante el banco.

La última etapa de Saracho estuvo centrada en buscar un comprador para Popular. Intentó encajarlo sin éxito con BBVA y en un primer momento, Santander tampoco quiso quedarse con su negocio, pese a su atractiva presencia en el mercado español y en especial, en la financiación a pymes.

"Lo que la resolución ha conseguido es un milagro desde el punto de vista jurídico y legal, porque ha conseguido vender un banco por menos de 2.000 millones de euros", afirmó Saracho en julio de 2018 en el Congreso de los Diputados.

Los expresidentes de Popular, Emilio Saracho y Ángel Ron.

El exbanquero, que en alguna ocasión ha lamentado su decisión de asumir la presidencia de Popular, también dará cuenta de las conversaciones que mantuvo con el Banco de España para activar o no el ELA (el mecanismo de liquidez que funcionaba como una suerte de respiración asistida para bancos en apuros en tiempos de crisis).

Además, tendrá que detenerse en explicar su criticado discurso en la Junta de Accionistas del banco, antes de que sustituyera a su director de comunicación.

Y aludirá a las polémicas declaraciones de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, a medios financieros anglosajones, puesto que dieron la puntilla para la salida de depósitos que precipitaron la resolución del banco en junio de 2017, hace ya más de dos años.

Fue el propio Saracho el que puso en conocimiento del FROB que el Banco Popular iba a poner fin a sus 80 años de historia. Un hecho que dio cierto margen de acción a supervisores y reguladores europeos. Además, el hecho de que Santander hubiera visto ya sus libros facilitó la operación de traspaso del banco por el simbólico pago de un euro.

A Saracho, como a Ron, y al resto de la cúpula de Popular le quedan años en la Audiencia Nacional. Un tiempo que permitirá ver con perspectiva si Santander hizo una buena compra al quedarse con Popular, mientras se depurarán responsabilidades en España y en Luxemburgo por el daño sufrido por los inversores del banco.