Avalancha de solicitudes de las moratorias en hipotecas y préstamos al consumo que el Gobierno y los propios bancos han desarrollado para ayudar a las familias y empresas afectadas por la crisis. Según datos del Banco de España, el sector ha recibido 525.246 solicitudes hasta el 30 de abril, de las que ha concedido 124.722, un 24% del total. 

Fuentes del sector indican que la cifra no solo se debe a los rechazos que puedan estar produciéndose, sino a la propia avalancha de solicitudes que impiden haber tramitado todas las recibidas, por lo que la cifra de concesión irá subiendo en las próximas semanas. 

En concreto, el número de solicitudes de moratoria con garantía hipotecaria alcanzaban las 228.322, de las que se había dado curso a 65.559. El saldo vivo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos ascendía a 6.525 millones de euros.

Por su parte, las solicitudes de moratoria de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria fueron 296.924, habiéndose dado curso a 59.163 con un saldo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos se situaba en 585 millones de euros.

Para ambos tipos de préstamos, la gran mayoría de deudores beneficiarios y avalistas

(por encima del 70%) son asalariados.

Respecto a los autónomos, el desglose por ramas de actividad muestra que, para ambos tipos de deuda, los principales sectores beneficiarios de la moratoria son comercio y hostelería, seguidos a cierta distancia de otros servicios, transporte y construcción. Conjuntamente representan más del 70% del total de moratorias a las que se ha dado curso hasta la fecha.

El Gobierno aprobó este tipo de moratorias para ayudar a las familias y las empresas afectadas por la crisis del coronavirus. Ante los estrictos requisitos para que los colectivos considerados como vulnerables pudiesen acceder a estas facilidades, los bancos también han lanzado sus propias iniciativas en las últimas semanas. 

De todas las solicitudes, la banca solo ha aprobado una parte, entre rechazos directos y las que aún faltan por tramitar. Y desde el sector asumen ya un incremento en los impagos que afectará a la morosidad, teniendo en cuenta que esperan que el pico de solicitudes llegue este mes de mayo, cuando se cumplan dos meses de confinamiento, cierre de empresas, ERTE y, por lo tanto, del desplome o la desaparición total de los ingresos de las familias.

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