Improvisación, caos, chapuza, descontrol… Los adjetivos que los empresarios empleaban este domingo por la tarde para describir lo que estaban viviendo tras aprobarse el permiso retribuido recuperable no tenían fin.
Excepto sectores muy concretos (como sanidad, farmacéuticas, suministros o alimentación) ninguna empresa fue capaz de explicar a sus trabajadores durante el domingo si iban a tener que ir a trabajar o no este lunes. Hablamos de unos siete millones de personas (que son las que se verán afectadas por la puesta en marcha de la medida, según estimaciones de Trabajo a distintos sectores económicos).
¿El motivo? Que el Gobierno no publicó inmediatamente después del consejo de ministros el decreto con los sectores que serían considerados como esenciales. Al parecer, y según fuentes consultadas, el texto que salió de la reunión debía revisarse por los Abogados del Estado, pero el retraso vino motivado también porque hubo llamadas telefónicas de más de un sector económico intentando esquivar la paralización o comunicando que le resultaba imposible frenar en seco su actividad.
No sólo eso, también hubo discusiones políticas en el seno del Gobierno de coalición y enfrentamientos entre algunos Ministerios sobre qué sectores debían incluirse y cuáles no. Incluso, algunas voces hablan de intentos de presión por parte de alguna Autonomía para intentar tener poder de decisión.
El listado de actividades
Fue eso lo que, según ha podido conocer Invertia, hizo que la publicación del decreto se retrasara hasta casi la media noche. También lo que obligó a Trabajo a introducir una cláusula que permitía extender el período de cierre hasta esta media noche, así como otra disposición que ayudará a aquellas industrias a las que les resulta imposible paralizar su actividad por el elevado coste de hacerlo.
Esas negociaciones, que se extendieron hasta bien entrada la noche y que obligó a publicar el BOE quince minutos antes de la medianoche hizo que muchas compañías no pudieran comunicar oficialmente hasta esa hora a sus empleados si tenían o no que trabajar.
Pero los problemas de gestión de personal no fueron los únicos con los que se encontraron las empresas. El borrador del decreto filtrado a los medios de comunicación (además de no ser definitivo) hablaba de los sectores que se verían afectados, pero no solventaba preguntas importantes de algunas grandes compañías del país.
Desde una de esas empresas, considerada sector estratégico, trataban de entender si todo su negocio era considerado como tal o si, por el contrario, había algunas partes que quedaban exentas y tenían que ajustarse también al permiso retribuido recuperable.
Una situación que nunca se había vivido, como los tiempos que corren. Sin embargo, ésta indefinición a la que trabajadores y empresas se vieron sometidos durante el domingo, supone un nuevo escollo en la relación entre empresas y el Gobierno.
La relación con las empresas
La relación entre patronales y el Ejecutivo ha quedado muy dañada este fin de semana. No entienden qué ha llevado al equipo de Pedro Sánchez a adoptar medidas “tan antiempresariales”: la prohibición de despedir y la imposición del permiso retribuido recuperable.
En el mundo de la empresa existen dudas sobre la palabra recuperable. Consideran que por mucha negociación con los sindicatos que haya las horas ‘perdidas’ durante estos ocho días no se van a recuperar por completo.
Tampoco comprenden la actitud de Yolanda Díaz, la Ministra de Trabajo, en cuyas últimas comparecencias ha cargado contra las empresas. Primero fue el viernes cuando pidió “ejemplaridad” a los empresarios para que no despidieran.
Después, el domingo cuando alertó de que el Gobierno “no aceptaría presiones por intereses particulares” ya que “velamos por el interés general”. Unas frases que retumbaron en más de un despacho directivo.
Sin restar importancia al aspecto sanitario, que lo tiene, un alto directivo de este país se preguntaba si velar por el futuro de las empresas no es también hacerlo por el interés general de todos los ciudadanos.
Un paso más en una escalada que amenaza con romper cualquier puente en el diálogo social y que, en una crisis como la que nos encontramos, no es recomendable.