El sector de la construcción en España va a mantener su actividad a medio gas durante los días que dure el Estado de Alarma. Ni el parón va a ser total, ni la actividad se va a mantener a pleno rendimiento. Las compañías y los contratistas se encuentran ante una circunstancia en la que cada obra deberá estudiarse caso por caso. Tanto por las circunstancias técnicas como por el estado de los trabajadores.
Tras unos primeros momentos de gran incertidumbre, tanto contratistas como compañías han mostrado su disposición a que la actividad no se detenga totalmente. En todo momento, el objetivo prioritario es asegurar la seguridad de los trabajadores. Del mismo modo, los expertos coinciden en que hay muchos proyectos en los que se puede mantener la actividad en este sentido.
Ante el parón generalizado de otras industrias, la voluntad mayoritaria en estos momentos es que los trabajos continúen con las medidas que garanticen que se cumplen las recomendaciones de higiene y distancia interpersonal. Los ritmos y turnos son lo más espaciados posibles, lo que afectará a los plazos de cumplimiento. Pero, en las circunstancias actuales, la voluntad es que la actividad se mantenga todo lo posible mientras no haya problemas de suministros que, por el momento, son muy limitados.
En este contexto, los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han lanzado iniciativas para asegurar que las condiciones de seguridad se cumplan. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha comunicado que desde este miércoles se realizarán inspecciones en las obras en la ciudad para comprobar que se cumplen los protocolos sanitarios. Si no, la policía podrá suspender la obra y decretar su cierre.
Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha prohibido la ejecución de obras en las que no se puedan garantizar las recomendaciones sanitarias detalladas por la Organización Mundial de la Salud. Desde el consistorio también se ha hecho hincapié en suspender los proyectos que impliquen que los trabajadores deban ocupar la vía pública.
Ampliaciones de gastos laborales y plazos
En lo que tiene que ver con la obra pública, que supone gran parte del mercado en España, el Real Decreto Ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 en su artículo 34 ofrece a las compañías que tengan proyectos públicos en marcha un marco de actuación.
El texto explica que cuando la situación generada por la crisis del coronavirus imposibilite continuar la ejecución del contrato, el contratista podrá solicitar la suspensión del mismo desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. Esta circunstancia no provocará que se resuelva o se incumpla el contrato.
Un caso así podría darse si la empresa tiene una parte de su plantilla enferma o en cuarentena. Del mismo modo, otros factores que podrían influir serían la incapacidad de contar con abastecimiento de elementos necesarios para realizar el trabajo.
En el caso de que, debido a la afectación del Covid-19, las condiciones del contrato cambien sustancialmente, las compañías podrán solicitar gastos salariales añadidos por un valor que llegue al 10% del precio inicial del proyecto. Para tener acceso a este aumento en los gastos deberá acreditarse las causas ante el órgano de contratación de la Administración.
Del mismo modo, el contratista podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega final cuando quede garantizado que se cumplirá el compromiso inicial del proyecto gracias a este cambio en el calendario inicial. La ampliación de su duración podrá llegar hasta un máximo de un 15% respecto a los plazos iniciales.
Así las cosas, la actividad en el sector de la construcción continúa. Desde el sector se muestran confiados en que, una vez pase el periodo de importantes restricciones, la actividad se recuperará. Al igual que antes de que estallara esta crisis, los ojos están puestos en los próximos Presupuestos. Unas cuentas que serán claves para garantizar la actividad en el sector en España.