Arturo Criado Fernando Cano Eduardo Ortega

Era un secreto a voces. Moncloa ha confirmado que Nadia Calviño será vicepresidenta segunda y coordinará los asuntos económicos del Gobierno, lo cual la convierte en la guardiana de la ortodoxia económica de la coalición progresista que han pactado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.



La hasta ahora ministra de Economía mantiene el rango y asume también una de las vicepresidencias del Ejecutivo, lo que la coloca en una férrea posición para mantener a raya el déficit y el gasto.



Precisamente las cuentas públicas serán uno de los grandes retos de la próxima legislatura. En un contexto de ralentización y en el que el gasto público aumentará considerablemente (solo con el alza comprometida de las pensiones y de los salarios públicos se suman ya hasta 5.800 millones de euros de incremento), será vital vigilar la evolución de los ingresos para evitar que el déficit público se dispare

Números rojos

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Cabe recordar que el Ejecutivo de Sánchez se ha comprometido con Bruselas a que los números rojos de las Administraciones Públicas caigan al 1,1% del PIB en 2020, y a que desaparezcan, como tarde, en 2022.  



De ahí que el papel de Calviño vaya a ser tan relevante. Su trayectoria en Economía durante los últimos meses, así como en Bruselas, la convierten una vez más en el puente entre España y la Unión Europea. Es la ‘tranquilidad’ que requiere la Comisión para tener una garantía de que este Gobierno no hará desmanes económicos.



En cualquier caso, será difícil no 'pecar' en el contexto actual. Además de la desaceleración, Calviño tendrá que afrontar una importante limitación de gasto público que le llevará a frenar no solo las reclamaciones de los de Pablo Iglesias, sino también de los suyos.

El límite constitucional

La causa está en la propia Constitución, que va a suponer una importante limitación para el margen de maniobra de la futura vicepresidenta. Este 2020 se ha activado el artículo de Carta Magna que obliga a cumplir escrupulosamente los límites y cifras a las que obliga Bruselas.



Se trata de un apartado que se introdujo a través de reforma constitucional que se hizo en el final del segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y que convierte las obligaciones fiscales europeas en mandatos legislativos nacionales.



En este sentido, cabe precisar que la Unión Europea obliga a España a un esfuerzo estructural de al menos el 0,65% del PIB en recortes, es decir, unos 9.600 millones de euros. Calviño tendrá que velar para que se cumpla esta condición y también por que se reduzca la deuda pública, que a día de hoy está en el 97% del PIB, muy lejos del 60% de PIB máximo  que exige la UE.

Transformación digital

Además, el control de los desmanes financieros del Ejecutivo que podrá ejercer Calviño gracias a su presidencia de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos -según ha podido saber este medio- también tranquiliza a las empresas. Impedirá que Unidas Podemos pueda aplicar medidas nacionalizadoras o contra los sectores económicos. Ya lo hizo cuando el Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos trató de impulsar un control del precio del alquiler de viviendas. 



Pero la vicepresidencia le dará todavía más trabajo a Calviño, puesto que también se tendrá que ocupar de la transformación digital de la economía -tantas veces mentada por el ya presidente del Gobierno en la campaña electoral y exigida por las empresas-, así como de la digitalización de toda la Administración Pública.



Para ello, la vicepresidenta económica seguirá teniendo bajo su paraguas la secretaría de Estado de Agenda Digital que tiene importantes retos durante esta legislatura.

Tasa Google

El más inmediato, que Calviño compartirá con la que continuará siendo ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es la aprobación del impuesto sobre determinados servicios digitales con el que se espera ingresar unos 1.200 millones de euros al año, la conocida como tasa Google.



Es una de las medidas recaudatorias estrella del Ejecutivo paralizada desde el rechazo a los primeros presupuestos de Sánchez a comienzos de este año y la convocatoria de las elecciones generales de abril.



La propia ministra Calviño ha confirmado en varias ocasiones que sería uno de los primeros proyectos legislativos que se enviarían al Congreso de los Diputados en cuanto el Gobierno tenga plenas facultades. La misma estrategia se plantea para la tasa Tobin, el conocido impuesto a las transacciones financieras, con el que el Ejecutivo aspira a recaudar 500 millones anuales.

Fiscalidad digital

Rechazada por todo el sector digital, el nuevo gravamen es clave para que las cuentas cuadren y no se dispare el déficit. Su objetivo es aplicar un impuesto que equipare a la fiscalidad de las empresas tradicionales con las grandes multinacionales tecnológicas.



La digitalización de España tiene además otros dos retos en forma de proyectos de Ley que están en elaboración. La primera es la Ley General de Telecomunicaciones que en estos momentos se encuentra en fase de consulta pública y la segunda es la Ley General Audiovisual respecto de la cual ya se está elaborando un borrador.



En los dos casos, el objetivo es transponer las dos directivas europeas ya aprobadas, aunque hay más urgencia con la Audiovisual. En este caso el proyecto deberá equiparar la fiscalidad de los gigantes digitales como Netflix y HBO con las televisiones tradicionales en asuntos como la financiación de RTVE o las ayudas al Cine.

Horizonte 5G

En el caso de la Ley de Telecomunicaciones se allanará el camino para la implantación del 5G y, en principio, debería reordenar toda la carga fiscal para las operadoras de Telecomunicaciones.



En cuanto al 5G otros de los retos que llegarán pronto será la aprobación de la subasta restante del espectro prevista para marzo. Será en el momento en el que las operadoras de telecomunicaciones tengan todas las herramientas para comenzar a desarrollar el 5G de manera comercial.



Otro reto del sector será la Ley de start-ups con la que Sánchez buscaba impulsar el desarrollo de nuevas empresas tecnológicas, pero que también se mantiene en el cajón debido a la parálisis parlamentaria.

¿Y Trabajo?

Hay muchas dudas en el horizonte para Calviño. La falta de concreción, por ahora, sobre las competencias de su vicepresidencia deja en el aire si Trabajo, un ministerio de corte económico, quedará bajo su coordinación o no.

Presuntamente, en virtud del acuerdo entre Sánchez e Iglesias, no debería. El pacto de la coalición precisa que cada partido tendrá dominio total de sus departamentos. Esto se aplicaría también en el caso de Trabajo, que quedará en manos de la abogada gallega Yolanda Díaz.

La mano izquierda de Calviño será puesta a prueba en esta legislatura. Con todo seguridad los ministerios de morados reclamarán incrementos de gasto público poco asumibles en la coyuntura actual. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos promete ser agitada en los próximos tiempos