Los comerciantes llevan mucho tiempo levantados contra ellas. Y ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere librar la batalla a su lado. Acabar con las falsificaciones es uno de sus objetivos para esta legislatura, tratando de dar respuesta a una demanda ya histórica.
Sobre la mesa, el Ejecutivo está poniendo varias medidas para combatir un negocio que, según la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), cuesta 60.000 millones de euros anuales, que corresponden al 7,5% de las ventas de sectores muy determinados.
Así, las falsificaciones en la Unión Europea están focalizadas, apunta este organismo, en 13 sectores económicos clave: cosméticos y artículos para el cuidado personal; prendas de vestir, calzado y accesorios; artículos deportivos; juguetes y juegos; joyería y relojería; bolsos de mano y equipaje; industria discográfica; bebidas espirituosas y vinos; productos farmacéuticos; pesticidas; teléfonos inteligentes; baterías y neumáticos.
"Debido a las falsificaciones, los fabricantes legítimos producen menos y, por tanto, emplean a menos trabajadores", asegura la Euipo, que calcula que este hecho acarrea una pérdida de unos 430.000 puestos de trabajo directos.
La oficina también tiene datos de España, en los que se está apoyando el Gobierno para argumentar su cruzada contra esta venta. Según sus cálculos, en este país las pérdidas ascienden a unos 6.200 millones de euros anuales, suponiendo el 9,3% de las ventas. Pero, ¿cuáles son las armas del Ejecutivo socialista?
Del control a la legislación
Son varias las cartas que el equipo de Sánchez ha puesto sobre la mesa. En concreto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, habla de control y legislación. "Solo por bolsos y maletas falsificadas, el comercio pierde 1.600 millones de ingresos al año, casi el 13% de las ventas del sector", explicaba este jueves Maroto durante el Madrid Retail Congress.
Para la ministra está claro. Las falsificaciones, apunta, "distorsionan y afectan de manera muy negativa" al comercio. Por eso, Maroto está impulsando medidas que "intensifiquen el control" de este negocio; algo que toma forma en el Proyecto de Ley de Marcas que está tramitando el Ejecutivo.
Una nueva norma que modifica la anterior, del año 2001, y se adapta a la directiva europea. "La nueva regulación supone un avance importante en la lucha contra la piratería, ya que establece la posibilidad de prohibir el uso de una marca e impedir que se introduzcan en el país mercancías que lleven sin autorización una marca idéntica a la registrada, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales, sin necesidad de demostrar que estas mercancías van a ser comercializadas", explicaba el Consejo de Ministros del pasado 20 de julio.
Además de esta medida, Maroto va a poner en marcha una "mesa del intrusismo", una suerte de foro para analizar los efectos de las falsificaciones en el comercio de proximidad. El próximo martes, de hecho, tendrá lugar la primera reunión de esta mesa, formada por el ministerio, organismos públicos y representantes de los comerciantes.
"Es un tema prioritario", aseguraba este jueves la ministra. Y los comerciantes lo celebran.