Una de las principales tareas que José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tiene para esta legislatura es la reforma del sistema público de pensiones, que considera que va "a buen ritmo". En este sentido, ha recordado que "cualquier reforma de pensiones es un reto complejo", sobre todo por todos los factores que hay tener en cuenta, principalmente este año.

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Escrivá se ha referido a que es necesario tanto el acuerdo político como con los agentes sociales, así como cumplir los compromisos con la Comisión Europea. "Es una complejidad adicional", ha admitido, puesto que la "modernización" del sistema de pensiones es uno de los 30 componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que hay que enviar a Bruselas. 

Dentro de los elementos en los que está trabajando su departamento está acercar la edad de jubilación real a la legal, que en 2027 estará en los 67 años. Y para ello, entre otras medidas, están desarrollando incentivos para retrasar la jubilación. "España dedica poco esfuerzo a la jubilación demorada, a ir más allá de la edad legal", ha indicado el ministro. 

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Arturo Criado, redactor jefe de Invertia.

"Hemos hecho encuestas y hemos comprobado que hay muchas personas, más de las que pensamos, dispuestas a demorarla siempre y cuando obtengan un pago de una sola vez por ello en lugar de un poquito más de pensión durante su vida", ha avanzado. "Este mecanismo lo estamos trabajando y lo estamos diseñando con los agentes sociales. Hay margen para generar incentivos voluntarios".  

Escrivá ha clausurado el Observatorio de las Finanzas este jueves, un encuentro organizado por Invertia en su primer aniversario dentro de EL ESPAÑOL, que ha reunido a lo largo de esta última semana a los principales actores del sector financiero. En la entrevista que le ha hecho Arturo Criado, redactor jefe de Invertia, ha querido destacar uno de los elementos de su reforma de las pensiones: "Impulsar los planes de previsión social en España", concretamente "los planes de pensiones colectivos".

Cruz Sánchez de Lara, presidenta de la ONG Thribune for Human Rights y vicepresidenta del Consejo de Administración de EL ESPAÑOL; Pedro J. Ramírez, presidente de EL Español; José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social; Nieves Segovia, presidenta de la Institución SEK; Emilio Lora-Tamayo, rector de la Universidad Camilo José Cela, y Mamen Vázquez, directora general de EL ESPAÑOL.

Como recogen los Presupuestos Generales del Estado de 2021, "nos comprometemos a una reforma de la normativa de los fondos de pensiones para que esos fondos de pensiones colectivos y de previsión social, que llegan a muy pocos trabajadores de grandes empresas, se puedan extender a pymes, autónomos y funcionarios públicos". 

En este sentido, la idea es crear "un fondo esponsorizado público al que se podrán adherir planes de pensiones y que será gestionado privadamente. Queremos que sea un producto muy atractivo". Para ello, su idea es que las comisiones no superen el 0,3%. "Ese es el tipo de producto que puede incentivar el ahorro a medio plazo" y ha prometido más beneficios fiscales para ello. 

Las cuestiones relacionadas con la reforma del sistema público de pensiones ya se están tratando con patronal y sindicatos en el Diálogo Social, y Escrivá espera poder presentar las medidas concretas en el Congreso en el "próximo trimestre".

Uno de los elementos que están más ultimados es el "mecanismo para revalorizar las pensiones con el IPC de forma estructural y permanente". Un mecanismo en el que se plantean "ajustes" para las prestaciones en los casos que puedan dar "inflaciones negativas". En cualquier caso, ha indicado que estas situaciones serían muy poco frecuentes.