Los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, todavía no han cerrado un aspecto clave del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que antes de que acabe octubre tendría que estar presentado: las subidas de impuestos que se han prometido a la Comisión Europea.

En el Plan Presupuestario que el Gobierno envió a Bruselas se encuentra una subida de tributos con la que se quiere recaudar unos 6.847 millones adicionales el próximo año.

Sin embargo, el Ejecutivo solo explica y concreta cómo se va a lograr la mitad de esa subida, mediante medidas como los nuevos impuestos a los Servicios Digitales, a las Transacciones Financieras y a los envases de plásticos o la subida del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas.  

Desde que se envió el Plan Presupuestario a Bruselas y en los últimos días, se han intensificado las negociaciones en el seno del Gobierno para decidir cómo se lograrán los 3.370 millones no justificados. Ya hay bazas y fórmulas para ello sobre la mesa, pero Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, presidente y vicepresidente del Gobierno, todavía no han concretado cómo las ejecutarán.

Así, en el documento se justifica que 550 millones de la recaudación adicional de 2021 procederán de impuestos directos, pero no cuáles. Todo apunta a que uno de ellos será el IRPF.  

Así, PSOE y Unidas Podemos estarían de acuerdo en subir el IRPF a las clases altas, como registra el acuerdo de coalición, pero no en qué cantidades.

Mientras que los socialistas optan por ejecutar la subida a rentas a partir de 300.000 euros, el equipo de Gobierno liderado por Pablo Iglesias quiere que el alza se produzca a partir de los 130.000 euros, como se había planteado inicialmente.

Si aplicara la fórmula que Sánchez e Iglesias habían pactado al principio, la medida afectaría, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), a unas 121.550 personas.

Entre ellas estarían los 8.400 contribuyentes con mayores rentas del país, que aumentarían su tributación a través del IRPF en unos 28.000 euros cada uno de ellos. Según Gestha, si la medida se aplicara así se podrían lograr 524 millones adicionales.

Sucesiones y Donaciones

Con todo, en el campo de la imposición directa también hay tributos como los de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. En ellos, la medida que se había planteado era limitar las bonificaciones que aplican las comunidades autónomas aunque, posiblemente, esto quede en agua de borrajas hasta una futura reforma fiscal.

Para esta reforma tributaria, que el Gobierno pondrá en manos de una comisión independiente, se quedará la generación de un tipo mínimo del 15% para el impuesto de Sociedades que pagan las grandes empresas.

IVA

Por otro lado, el Gobierno plantea sacar la mayoría de la recaudación fiscal adicional no puntualizada de los impuestos indirectos. Se trata de más de 1.500 millones que saldrían, mayoritariamente, de la supresión de bonificaciones y deducciones fiscales que se aplican en figuras como el IVA.

Para ello, el Ejecutivo recurrirá a la supresión, o atenuación, de determinados beneficios fiscales que ha analizado y criticado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El ente alertó de que varios de dichos beneficios no cumplen su finalidad de mejorar el acceso de población con escasos recursos a determinados bienes o servicios, que era su objetivo.

Aunque la entidad ha recomendado que la posible supresión de determinados beneficios fiscales no se haga hasta que no pase la crisis, todo parece indicar que el Gobierno maneja tomar medidas al respecto en 2021. Entre ellas, subir los tipos de IVA reducidos que se aplican a determinados productos. 

La clave está en que aún no está claro cuáles. PSOE y Unidas Podemos todavía no han decidido cómo se aplicará esta medida ni en qué productos. Ello ha generado cierta alarma social y que ministros como José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura, hayan tenido que aclarar que no se maneja alzar el IVA reducido de los libros.

Por otro lado, ideas como la de suprimir la exención del IVA que tienen los servicios de educación y de sanidad privada parecen haber quedado desechadas. Aunque no se descarta que vuelvan a la mesa de debate.

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados también se encuentra entre los impuestos indirectos que podrían permitir una mejora recaudatoria. Sobre todo si prospera la reforma que ‘coló’ el Ministerio de Hacienda en el proyecto de ley contra el fraude fiscal que recientemente aprobó el Consejo de Ministros.

Finalmente, están las modificaciones tributarias que prevé el Gobierno en el campo de la fiscalidad verde. Aquí el Ejecutivo espera conseguir unos 1.311 millones de euros a través de la modificación de determinada tributación medioambiental. Este es el caso de la equiparación fiscal del gasóleo con la gasolina y otras iniciativas que buscarían igualar el sistema tributario español con la comunitaria.

IPREM

Otro de los asuntos que tendrán que cerrar estos días Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es el correspondiente al IPREM. En el programa del Gobierno de coalición se promete su subida.

Cabe recordar que el IPREM es el índice de referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo en España. Lo utilizan muchos ministerios, comunidades autónomas e incluso administraciones locales para fijar los límites por rentas para su acceso.

Esta cuestión también está en discusión entre la parte socialista y la parte ‘morada’ del Gobierno. La subida del IPREM es arbitraria, es decir, que es decidida por el Ejecutivo sin tener que obedecer ninguna evolución económica. Alzarlo aumentaría la cantidad de familias que pueden acceder a determinadas prestaciones, pero también el gasto público de las distintas administraciones.

Estos son solo algunos de los asuntos de los numerosos flecos que Sánchez e Iglesias tienen que cerrar. Y la cuenta atrás ya ha comenzado. Si no quieren tener que recurrir a un consejo de ministros extraordinario, el proyecto de Presupuestos tiene que estar preparado para el cónclave ministerial de este martes, el último de octubre. Toda una prueba contrarreloj para el Gobierno de coalición.