El PSOE se dispone a cumplir unos de sus principales compromisos tributarios de la última campaña electoral, uno que comparte con Unidas Podemos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha anunciado que el nuevo modelo de financiación autonómica abordará y ejecutará la armonización impositiva de las regiones. Es decir, que pondrá fin a los oasis fiscales del Partido Popular igualando los impuestos de las comunidades y poniendo fin a la competencia entre territorios a base de impuestos.

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Montero ha explicado, consultada por la prensa, que esta homogeneización tributaria se ejercerá particularmente a través de los impuestos de gestión autonómica, haciendo especial hincapié en las figuras de Donaciones, Sucesiones y Patrimonio.

Esta decisión está avalada, según la Ministra, por informes técnicos elaborados por el grupo de trabajo que para tal fin se formó en 2017 en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y cuya labor ya ha terminado.

Por lo pronto, en los planes de Hacienda no está igualar fiscalmente los tramos de IRPF cuyo control queda en manos de las regiones. Montero solo se planteará esta cuestión si las propias comunidades autónomas lo acaban pidiendo.

Es razonable y conveniente una armonización fiscal al igual que ocurre en la UE”, ha indicado la ministra en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, quien ha informado de que esta acción se debe al ‘dumping’ que ejercen otras autonomías, señalando, sin decirlo de manera directa, a las que tienen color ‘popular’.

Choque de políticas

Ciertamente, la política fiscal del eje PP-Cs-Vox choca con la del nuevo gobierno de coalición. Mientras que los segundos apuestan por igualar los impuestos de las diferentes regiones para mejorar la cuota de ingresos y no generar competitividad fiscal, las formaciones de derechas apuestan firmemente por ejecutar importantes bajadas fiscales. Así lo ha hecho Madrid en los últimos 15 años y así lo está haciendo Andalucía desde que Juan Manuel Moreno es presidente de la Junta.

Estas regiones, particularmente la que preside Isabel Díaz-Ayuso, han llevado a cabo importantes bajadas de los impuestos de Donaciones y Sucesiones, así como los de Patrimonio y Transmisiones Patrimoniales.

Por su parte, de una manera más modesta, Galicia y la Región de Murcia también lo han hecho. Sin embargo, el caso de la comunidad mediterránea indigna especialmente a Montero: “Baja la fiscalidad y quiere que el resto de las autonomías le compensen por lo que ella no ingresa. Esta es la situación de Murcia. Y esto no es razonable”, ha argumentado la ministra sobre este territorio, que además es la segunda región con más déficit del país.

El caso madrileño

Sin embargo, también ha hecho hincapié en el caso de Madrid, una comunidad que para la responsable de Hacienda ha generado “un problema de competencia desleal. Puede bajar impuestos porque es la capital de España y cuenta con la fiscalidad de las empresas” que tienen sede en la Comunidad.

De hecho, es el caso de la región madrileña la que acumula más denuncias, y no solo del Estado. La Comunidad Valenciana o Extremadura protestan por las bajadas de impuestos de la Comunidad bajo el argumento de que ‘roba’ inversiones de las empresas.

Hablan de armonización cuando en realidad lo que quieren decir es subir los impuestos obligatoriamente a los madrileños”, ha protestado Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda de Madrid, al conocer el anuncio de Montero. “Si la ministra de Hacienda y el Gobierno de Pedro Sánchez quieren subir los impuestos por la fuerza a Madrid van a tener enfrente a los madrileños”.

Impulso a la economía

Sin embargo, los 'populares' y los defensores de las bajadas tributarias argumentan que las reducciones permiten importantes incrementos de la actividad económica, tales como la creación de empresas o la generación de PIB.

Lo cierto es que así ha ocurrido en Andalucía. Tras las agresivas bajadas de impuestos de la Junta, la recaudación mejoró en 2019 en un 3,5% anual, con 550 millones más gracias al buen comportamiento de figuras fiscales como el IVA o el IRPF.

De hecho, Pablo Casado, presidente del Partido Popular, incluyó en su programa electoral una radical bajada tributaria que serviría para generar estímulos fiscales que permitiría captar, afirmó, 16.000 millones de euros.

Sin embargo, todo esto es una teoría. Una medida tan radical, defienden desde los partidos de izquierdas, provocaría una importante caída de ingresos que impediría el pago de los servicios públicos.

Segunda lectura

Lo cierto es que el movimiento del Gobierno tiene una segunda lectura. Tanto el PSOE como Unidas Podemos han puesto el foco sobre, precisamente, el Impuesto de Patrimonio, uno de los tributos de gestión autonómica que se acabarían armonizando en todas las regiones.

Esta figura se quiere emplear para aumentar la aportación a las arcas públicas de las clases más altas. Sin embargo, por mucho que este impuesto se cambie desde el Estado Central, al contar con bonificaciones autonómicas quedaría prácticamente suprimido.

De ahí la importancia del anuncio de Montero, que permitiría reactivar esta figura fiscal.