La campaña iniciada por el Ministerio de Trabajo para que las personas que tengan contratadas trabajadoras del hogar regularicen sus salarios y cotizaciones de acuerdo con el salario mínimo interprofesional (SMI) está surtiendo efecto. Unos 15.000 empleadores han subido sueldo y cuotas sociales de sus empleadas gracias a los correspondientes avisos.

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La iniciativa ha consistido en el envío de 45.000 avisos o notificaciones a casos en los que existe sospecha de la situación no está regularizada. Y ya se habría solventado esta situación en el 30% de ellos, según ha informado Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo.

Durante la rueda de prensa concedida para informar sobre los negativos datos del mercado laboral de febrero, Pérez Rey ha indicado que el avance de la campaña, que se mantendrá hasta finales de marzo, es "positivo". Sobre todo porque en el 86% de los casos la regularización se ha ejecutado sin reducir horarios. Es decir, aumentando los pagos. 

Sanciones

Cabe recordar que los empleadores que no hayan regularizado la situación de sus trabajadoras del hogar antes de abril se arriesgan a importantes sanciones por valor de miles de euros

Perez también ha informado de la intención del Ministerio de Trabajo de retomar "de forma inmediata" la negociación con los agentes sociales para derogar la reforma laboral. Y se retomará con los mismos avances que se habían logrado en marzo del año pasado, antes de la pandemia, con la intención de poner el objetivo en el corto plazo en "modernizar la negociación colectiva". 

Sin colapsos

Como es habitual, a pesar de la constatada conflictividad que se sigue dando en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Pérez Rey ha negado que se sigan produciendo retrasos en los pagos de prestaciones relacionadas con los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE).  

"No hay ningún colapso en las oficinas del SEPE", ha afirmado. Ha asegurado que los trabajadores cobran "de forma puntual" y que el pago de prestaciones "está al día" gracias al "esfuerzo extraordinario" de los trabajadores públicos. 

Por otro lado, ha recordado que "el grado de consenso" sobre la 'Ley Rider' "es amplísimo. El diagnóstico ya es compartido y la solución técnica es adecuada". Por ello, espera poder celebrar un acuerdo con los agentes sociales de manera inminente.