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Empleo FUTURA LEY DE IGUALDAD

Montero y Díaz impondrán auditorias de igualdad a las empresas

El Gobierno creará una Oficina para la Prevención de la Brecha Salarial dependiente de Trabajo y unos protocolos para las auditorías elaborados con el Ministerio de Igualdad.

27 junio, 2020 02:57

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La emergencia de la pandemia no ha impedido al Gobierno dejar de trabajar en una de sus principales banderas: la igualdad salarial en el mundo de la empresa. El Ejecutivo ya tiene preparado el borrador del proyecto de Real Decreto que regulará la "igualdad retributiva entre mujeres y hombres".

El texto, consultado por este periódico, ya está siendo sometido a audiencia pública. En él se da forma a la obligación de las empresas de crear registros retributivos, se fuerza a hacer auditorías retributivas en el plazo de un año una vez se aprueben los planes de igualdad y a establecer sistemas de valoración de los puestos de trabajo para evitar la discriminación por género.

El borrador que ha elaborado el Departamento de la ministra Yolanda Díaz establece, además, la creación de una Oficina para la Prevención de la Brecha Salarial que dependerá del Ministerio de Trabajo y Economía Social y en el que participarán el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (que depende de la ministra Irene Montero), las asociaciones empresariales, los sindicatos y las comunidades autónomas. 

El vicepresidente Pablo Iglesias, junto a las ministras Yolanda Díaz e Irene Montero.

El vicepresidente Pablo Iglesias, junto a las ministras Yolanda Díaz e Irene Montero. EFE

Dado el momento en el que pretende ser aprobado, el borrador del proyecto del real decreto hace una mención explícita a que la creación de esta oficina "no supondrá aumento de gasto público", sin detallar cómo se costeará.

El registro retributivo ya se incluyó en el artículo 28.2 del Decreto 2/2015 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. Ahora se desarrolla su aplicación.

Todas las empresas tendrán que tenerlo. Para aquellas que tengan menos de 10 trabajadores, se permitirá el tener un "registro simplificado".

Mientras, las empresas obligadas a elaborar un Plan de Igualdad -esto es, aquellas que tengan más de 50 trabajadores, según la normativa vigente- deberán hacer una auditoría retributiva externa con las indicaciones que fije el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, que elaborará una 'Guía Técnica' que servirá de base para establecer ese registro.

Las empresas con más de 50 trabajadores tendrán que contratar auditorías externas cada tres años para la igualdad salarial

Esa auditoría externa tendrá que estar lista en el plazo de los 12 meses siguientes al momento en que se apruebe el plan de igualdad y tendrá carácter trianual, aunque se podrá reducir ese plazo en algunos casos. 

La información que contenga se tendrá que poner a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como de los sindicatos.

En ella, se deberá incluir el diagnóstico de la situación retributiva en la empresa con consideraciones tanto en el terreno del sistema retributivo, como en relación al sistema de promoción.

Además, se tendrá que realizar una "valoración de los puestos de trabajo" para certificar que la definición de los grupos profesionales se ajusta a "criterios que garantizan la ausencia de discriminación".

Se establecerán "factores de valoración" que tendrán en cuenta la conciliación y la discrecionalidad de la empresa en los ascensos

"Los factores de valoración deben ser considerados de manera objetiva y deben estar vinculados de manera necesaria y estricta con el desarrollo de la actividad laboral", señala el borrador de Díaz.

También se tendrá en cuenta la conciliación y la discrecionalidad de las decisiones que hayan tomado las empresas a la hora de promocionar trabajadores.

Se tratará de poner el foco en "factores desencadenantes de la diferencia retributiva, así como las posibles deficiencias o desigualdades que pudieran apreciarse en el diseño o uso de las medidas de conciliación y corresponsabilidad en la empresa, o las dificultades que las personas trabajadoras pudieran encontrar en su promoción profesional o económica derivadas de otros factores como las actuaciones empresariales discrecionales en materia de movilidad o las exigencias de disponibilidad no justificadas".

Acceso al registro

Todas las empresas estarán obligadas a cumplir con esta Ley y los trabajadores tendrán derecho a acceder a la información del registro a través de sus representantes legales. En el caso de empresas sin representación sindical, los empleados pueden pedir información "sobre la configuración de las percepciones de su empresa a través del acceso al registro retributivo regulado".

La empresa también estará obligada a informar a los empleados afectados en caso de que detecte un caso de diferencia retributiva relevante.

Una vez que la ley entré en vigor, "podrá servir para llevar las acciones administrativas y judiciales, individuales y oportunas" para establecer sanciones en aquellos casos en los que pudiera darse casos de discriminación.

Montero en la negociación colectiva

El Ministerio de Igualdad tendrá cosas que decir a partir de ahora en el marco de la negociación colectiva. Según este borrador del proyecto, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Igualdad (a través del Instituto de la Mujer) elaborarán una guía o protocolo de buenas prácticas para consensuar con empresarios y sindicatos.

El Ministerio de Trabajo y el Instituto de la Mujer elaborarán unos protocolos de buenas prácticas en Igualdad con los agentes sociales

El objetivo de ese trabajo será "identificar y superar los estereotipos en la contratación y promoción, en especial entre el personal directivo y con responsabilidades en materia de recursos humanos dentro de las empresas", así como facilitar una adecuada valoración de los puestos de trabajo.

Esa valoración deberá incorporarse, una vez aprobado el borrador, en todos los convenios colectivos.

Seis meses

El Gobierno quiere que esta normativa entre en vigor a los seis meses de su aprobación.

Su borrador afirma que "el principal objetivo del presente Reglamento es asegurar la efectividad de las garantías antidiscriminatorias en el ámbito de la igualdad retributiva entre mujeres y hombres".

Su aprobación podría llegar en el momento más duro para el mercado laboral español de los que se recuerdan en tiempos de paz.

De momento, los empresarios y los sindicatos, que han sido informados de este objetivo del Gobierno, guardan silencio, pues en las últimas semanas han estado centrados en otros asuntos acuciantes, como la negociación de los ERTE.