Solo quedan unas horas para que el Consejo de Ministros extraordinario apruebe una de las principales medidas contra la pobreza extrema del programa del Gobierno de coalición, una que tanto PSOE como Unidas Podemos defendieron en las campañas electorales de 2019. Se trata del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación cuya formulación se ha adelantado debido a la crisis económica generada por el coronavirus y que se ha ultimado en las últimas jornadas.

El IMV vendrá a cubrir o complementar los ingresos que tenga un hogar o una unidad familiar hasta un determinado umbral nacional. ¿De cuánto será ese umbral? Eso es algo que todavía no ha revelado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración, José Luis Escrivá, que está desarrollando esta prestación. Con todo, para adaptarse a la casuística, habrá hasta 12 tipos de umbrales dependiendo del hogar del que se trate: monoparental, con hijos, con personas dependientes, etc.

Sin embargo, los umbrales nacionales tendrán una excepción: País Vasco y Navarra. Las regiones forales autogestionarán su propio IMV y sus umbrales debido a las especifidades fiscales y tributarias de estos territorios, según ha explicado el propio ministro.

Así mismo, otro de los puntos por cerrar ya está aclarado. La recepción del IMV estará vinculada a itinerarios laborales para no desincentivar la búsqueda de empleo y, para implicar la participación en esta estrategia del sector privado, se creará un ‘sello social’ destinado a empresas que empleen a personas en situación vulnerable.

Lo cierto es que después del cruce de datos ejecutado por la Seguridad Social con la información proporcionada por la Agencia Tributaria, la cifra de familias beneficiadas se ha reducido sensiblemente. El Gobierno considera que el IMV cubrirá a unos 850.000 hogares (más de dos millones de personas), una cifra sensiblemente inferior al más de un millón que se había previsto inicialmente (concretamente, un 15% menos).

De oficio

Tal y como ha indicado Escrivá en Onda Cero este jueves, un importante ‘monto’ de estas prestaciones, unas 100.000, las gestionará su departamento de oficio, sin que tenga que mediar petición previa. Se trata de los casos que su ministerio ya tiene identificados y que son de máxima pobreza. En estos casos, la primera mensualidad se abonará a finales de junio.

El IMV, que se aprueba en un Consejo de Ministros ‘en exclusiva’, será presentado por Escrivá y Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, y tendrá un coste de 3.000 millones de euros. 

Como ya contó Invertia, la cuantía más baja del Ingreso Mínimo, que es la que cobraría un solo adulto, será la de una mensualidad de una pensión no contributiva (PNC) de la Seguridad Social: 461,53 euros. Y la paga máxima será de algo menos de 1.100 euros, que serán para unidades de convivencia que incluyan dos adultos y dos niños.

El foco de la medida está puesto en los hogares monoparentales, que contarán con un complemento de 100 euros al mes. Además, en la medida en que se vayan revalorizando las pensiones no contributivas también lo hará el propio IMV.

Complemento

La prestación se entiende como un complemento a otros ingresos o rentas que reciban los hogares, en el borrador del RDL considerados “unidades de convivencia", que no podrán recibir el IMV si no superar una suerte de ‘test de la riqueza’. Así, servirá como un complemento a las rentas que ya se perciban, incluyendo las salariales o las pensiones y patrimonios.

Sin embargo, no se tendrán en cuenta las rentas de inserción que ya hay gracias a las comunidades autónomas ni la vivienda habitual en el cálculo del ‘test de riqueza’.

El Gobierno calcula que un 18% de los beneficiarios del IVM serán extranjeros. Estos beneficiarios serán, en todo caso, extranjeros que tengan residencia legal en España durante al menos un año antes de la presentación de la solicitud, tal y como ha previsto el Ejecutivo, que no contempla esta prestación para las personas en situación irregular en España

Para la puesta en marcha de la prestación, el Gobierno cuenta con que los ayuntamientos y sus consejerías de Servicios Sociales le 'echen un cable' en localizar los colectivos más vulnerables que se puedan beneficiar de la medida.

Con todo, ha habido críticas desde el ámbito de los Servicios Sociales sobre cómo se ha tramitado el IMV, que se ha tenido que gestionar de manera exprés por la emergencia económica. Cabe recordar que estaba previsto activar esta medida a principios de 2021.

Críticas

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado la "opacidad" con la que se ha llevado a cabo la tramitación del Ingreso Mínimo Vital y avisa de que deja "importantes zonas de sombra e incertidumbre". También teme que la medida no sirva para paliar las situaciones de pobreza derivadas de la pandemia del coronavirus.

La asociación asegura que la medida deja sin aclarar cómo piensa afrontar "el paradójicamente elevado nivel de no acceso a este tipo de prestaciones por las personas que se encuentran en los niveles más altos de exclusión" y advierte de que los Servicios Sociales de las entidades locales se verán obligados a asumir desde el principio "un aluvión de solicitudes y la orientación e información a los posibles perceptores sobre esta prestación".

En segundo lugar, la organización critica que el cálculo de la capacidad económica para la concesión de la ayuda se vaya a realizar sobre los datos de renta de un año antes (esto es lo que hay previsto), e incluso dos en algunos casos. "Esto hace que la prestación no sirva para hacer frente a los efectos en el incremento de la pobreza como consecuencia de la pandemia y explica por qué el número de personas beneficiarios y la inversión es sensiblemente menor a todos los estudios publicados". En su opinión, la capacidad económica se debe calcular sobre los ingresos en el momento de la solicitud.