Hace unos días entró en vigor el Reglamento europeo por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, encarándose así la recta final de la carrera para la obtención de los tan esperados fondos. Este nuevo programa, lanzado tras intensos meses de negociaciones, va a proporcionar a los países de la Unión Europea ayuda financiera no reembolsable y préstamos para apoyar inversiones públicas y reformas en los años más críticos de la recuperación post-pandémica.

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Unas ayudas que, hay que recordarlo, estarán condicionadas a la elaboración de unos planes nacionales de recuperación que, tras ser sometidos a examen por las instituciones europeas, no serán desembolsadas hasta lograr la ratificación nacional de los nuevos recursos propios de la Unión por parte de sus 27 Estados miembros.

Los planes nacionales de los Estados se debatirán y aprobarán en la Comisión y el Consejo. El plazo oficial para que los países envíen sus planes a la Comisión finaliza el próximo 30 de abril, pero es posible que algunos de ellos necesiten más tiempo. Según la información que circula por Bruselas, se espera que España presente la versión final de su plan en el mes de marzo.

El comisario de Presupuestos, el austríaco Johannes Hahn, señaló en la prensa alemana hace unos días que los borradores de los planes que se han enviado hasta ahora son muy buenos en cuanto a los proyectos de inversión, pero las propuestas de las reformas a llevar a cabo son todavía, según sus propias palabras, deficientes. Criticó que algunos de estos planes carecen de reformas legislativas para facilitar la inversión en energías renovables o de aquellas necesarias en el mercado laboral.

No parece ser el caso de España, cuyo borrador está siendo presentado por diversas voces en Bruselas como el modelo a seguir, por delante de los elaborados por Alemania o Italia.

La fase de aprobación de estos planes se plantea breve en la teoría, pero con cierta incertidumbre en la práctica. La Comisión Europea será la encargada de centralizar la llegada y el análisis de los planes, que se espera estén ya adaptados a los comentarios posteriores al estudio de sus borradores.

No obstante, una vez elaborado el informe preliminar y en un plazo de cuatro semanas, se deberá contar con el visto bueno del Comité Económico y financiero, órgano consultivo en el que altos funcionarios de las administraciones nacionales y los bancos centrales, el Banco Central Europeo y la propia Comisión deberán emitir un dictamen sobre los planes.

Se da un plazo de dos meses para finalizar este paso, aunque se podrá extender si el Estado en particular así lo acuerda con el ejecutivo europeo. Es posible que esta etapa sea la más decisiva para subsanar y realizar matices. Después, la pelota pasa al tejado del Consejo, donde los líderes de todos los países deberán aceptar los planes en un plazo de cuatro semanas.

En paralelo a todo este proceso, se está llevando a cabo en los parlamentos nacionales el procedimiento de ratificación de los nuevos recursos propios incluidos en el presupuesto europeo hasta 2027. Sin esa aprobación, la Unión no podrá introducir estos recursos como nuevas vías de financiación e ingresos y aumentar así el techo de gasto, puesto que el visto bueno de los Estados es una condición sine qua non para su entrada en vigor.

Por lo tanto, hasta que no se ratifiquen de forma unánime, no se podrá comenzar a distribuir la ayuda financiera. Por ahora, siete Estados miembros han completado su ratificación: Bulgaria, Malta, Croacia, Chipre, Eslovenia, Portugal y Francia. Si todos los Estados miembros lo ratifican en un corto plazo, se podría comenzar a plantear el desembolso de los fondos a mediados de año. Con todo, este no deja de ser un planteamiento ideal que podría considerarse como optimista. 

El escenario en este momento parece favorable para España, por la buena acogida de su borrador y el estado tan avanzado que parece tener la versión final del plan. Sin embargo, todo va a depender de que los plazos también encajen con el avance en la ratificación de los 20 Estados miembros restantes y de cuánto se demore el período de aprobación del plan nacional en Bruselas.

De momento pues, parece que la llegada del dinero no se materializará hasta el inicio del nuevo curso, en septiembre de este año. Llegará entonces un nuevo curso, y con él, nuevos proyectos.

*** Carolina Serrano es consultora de European Public Affairs en Atrevia.