La decisión del Gobierno de impulsar una reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un intento de someter el gobierno de los jueces al poder político puede poner en peligro la recuperación de la economía española.
En los próximos meses, España tiene que redoblar los esfuerzos para captar inversión extranjera y evitar así que se cumpla el pronóstico del FMI que coloca a este país a la cola de la recuperación económica global.
Sin embargo, la imagen de inseguridad jurídica que se está trasladando con una reforma sin consenso, respaldada por los independentistas y que busca politizar aún más la Justicia puede suponer un duro revés con graves consecuencias económicas.
Tanto es así que esta controversia podría ser utilizada por algunos países de la Unión Europea para poner trabas al desembolso de los fondos para la recuperación que todavía se están negociando, según advierten varios economistas y juristas consultados por este periódico.
"Ahora que Europa está debatiendo si exigir a los países del este, sobre todo a Hungría y Polonia, que cumplan las normas democráticas y no hagan reformas que limiten el desarrollo de sus democracias, la imagen que está dando España no es positiva para los fondos europeos", explica el profesor José Carlos Díez.
Este economista, que en el pasado se encargó de la ponencia económica del PSOE, añade que "no es un buen momento para aparecer en Bruselas con un conflicto interno por la renovación del CGPJ".
Cree que la reforma del órgano que debe garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones no tiene un impacto directo, pero sí indirecto en la economía. Y aunque reconoce que es difícil estimar la cuantía de ese daño, asegura que "es evidente" que no ayuda a la recuperación.
Binomio Justicia y riqueza
Otras voces son aún más contundentes a la hora de ligar el buen funcionamiento de la Justicia y el desarrollo económico. "El binomio entre seguridad jurídica y riqueza o inversión está muy demostrado por muchas instituciones. Cuando en España se pone en duda la seguridad jurídica, la consecuencia económica es inmediata", explica el presidente del Centro Español de Mediación auspiciado por la Cámara de Comercio de España, Rafael Catalá.
El exministro de Justicia del Gobierno del PP también recuerda que esta decisión del Gobierno de coalición "añade inestabilidad institucional cuando necesitamos fondos de la UE para salir de esta crisis económica tan grave". Y advierte que "cuando la Unión Europea desconfía del funcionamiento democrático de un país, asigna menos recursos que en otras circunstancias".
Una advertencia similar hace el vicedecano segundo del Colegio de Economistas de Madrid, Alejandro Latorre, al recordar que desde el año 2018, las elites europeas -las que se encargan de determinar el reparto de fondos- "se han desencantado con España". Algo que en buena medida achaca al clima de tensión política que está afectando al desarrollo económico del país.
También el economista y eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, cree que la decisión de Pedro Sánchez de "politizar aún más la Justicia" para controlar más a los jueces es una amenaza "muy grave" para la democracia y para la recepción de los fondos de recuperación.
Según advirtió este jueves desde su cuenta de Twitter, los 140.000 millones que van a llegar a España, podrían ser bloqueados por nuestros socios europeos si algún país considera que nuestro Estado de derecho es deficiente.
Reforzar la Justicia
En el año 2017, el Consejo General de Economistas celebró unas jornadas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo bajo el título Implicaciones del funcionamiento de la Justicia en la Economía. Ya entonces, el mundo económico alertó de la necesidad de reforzar el sistema judicial en España para ganar credibilidad ante los inversores internacionales, los mercados financieros y las multinacionales.
Entre otros muchos puntos, reclamaron un gran Pacto de la Justicia que fuera capaz de integrar a las distintas fuerzas políticas que ya estaban presentes en un Parlamento español fragmentado.
Tres años después, España padece su peor crisis económica desde la Guerra Civil y mejorar la calidad institucional es un clamor de los empresarios. Lejos de haber mejorado en algo, la situación ha empeorado, según reconoce Latorre, que fue uno de los ponentes de aquel estudio.
Entre 2018 y 2019, España bajó dos puestos en el ranking Doing Business que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios y que entre otros elementos, tiene en cuenta la seguridad jurídica.
Este país se sitúa en el puesto número 30 del listado por debajo de las grandes economías europeas o de Estados Unidos, pero también de otros países como Ruanda.
Preocupación empresarial
Desde el mundo de la empresa, la petición de que el Gobierno lance un mensaje contundente a favor de la seguridad jurídica se ha convertido en una constante del discurso de las patronales.
La dureza de la crisis económica, sanitaria y social que ha provocado la Covid-19 no ha impedido a una parte del Gobierno atacar a la Corona y cuestionar el actual sistema constitucional o el derecho a la propiedad privada en los últimos meses.
La CEOE y Cepyme han venido advirtiendo que "la seguridad jurídica es básica para el buen funcionamiento de la economía porque aporta la confianza necesaria para que las empresas españolas desarrollen su actividad en un marco predecible".
También desde la patronal catalana, Foment del Treball, su presidente, Josep Sánchez Llibre ha reclamado un marco estable jurídico.
Sin ir más lejos, aprovechó su intervención en el Foro La Toja, al que acudieron Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros expresidentes del Ejecutivo para pedir "lealtad institucional" con el objetivo de no lastrar aún más la recuperación económica que tiene España por delante.
Legalidad y Cataluña
Además de la amenaza que sufre ahora la separación de poderes, Catalá recuerda cómo los desafíos a la legalidad del independentismo catalán han venido dañando a la economía española en los últimos tiempos.
El órdago al Estado en Cataluña es un ejemplo más de la crisis institucional que padece el país. Algo que puede impedir a España aprovechar los flujos de inversión que queden liberados tras el brexit, así como ofrecerse como alternativa para ser sede de compañías multinacionales, agencias de la Unión Europea que estén en proceso de cambio de domicilio, etc., advierte el exministro de Justicia.
"Para entender a los inversores, hay que pensar que uno nunca compraría algo que piensa que va a desaparecer mañana. En España, estamos en un juego de ruptura permanente", indica Latorre desde el Colegio de Economistas de Madrid.
Sin dinero para Justicia
En este sentido, ya en el estudio que el Colegio presentó en el año 2017 sobre la implicación de la situación de la Justicia en la Economía se recordó que hay tres inversiones básicas que debe acometer un Estado para su supervivencia.
"La Educación para el largo plazo, la Sanidad para el corto plazo y la Justicia para garantizar la seguridad jurídica", explica Latorre.
Más allá de la convulsión que pueda producir la reforma del CGPJ, el vicedecano segundo recuerda que la Justicia está falta de recursos desde hace mucho tiempo.
Un abandono que la Covid-19 va a recordarnos en 2021. Se espera que a partir de enero los juzgados empiecen a colapsar por un alud de situaciones concursales de empresas y autónomos que no van a poder superar la pandemia.
Veremos entonces a unos jueces desbordados por autopsias empresariales y un poder judicial cuestionado si sale adelante esta reforma. Una constatación más de los efectos devastadores que está teniendo tanto el coronavirus como la crisis institucional sobre la economía española.