El Gobierno ha aprobado el tercer tramo de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para los préstamos a empresas afectadas por la crisis del coronavirus, por un importe total de 24.500 millones de euros.

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De esa cifra, 20.000 millones de euros se liberarán directamente para empresas, repartidos al 50% entre pymes y autónomos y, la otra mitad, para grandes compañías. Lo relevante de este nuevo tramo es que introduce, de forma específica, algunos factores para responder a las quejas de los empresarios, que acusan a la banca de posibles abusos en la comercialización de estos préstamos.

"Las entidades no podrán cargar ningún coste financiero sobre los importes no dispuestos por el cliente", ha indicado la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fuentes consultadas explican que, por lo general, cuando una empresa solicita un préstamo, las entidades cobran un interés por el capital dispuesto y un fijo por el total del crédito. Y este segundo sería el que ahora deberían eliminar de la operación. 

Los abusos serán castigados

En este sentido, desde el Ministerio de Economía indican que "las entidades deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en los acuerdos y en el contrato marco con el ICO, y se recuerda que los incumplimientos materiales de sus obligaciones se consideran infracción de disciplina".

De la cifra total de avales, el Gobierno ha reservado otros 4.000 millones de euros para garantizar emisiones de renta fija en el mercado alternativo MARF, que debido a la crisis ha quedado prácticamente 'seco' en las últimas semanas. La condición para acceder a estos avales será que la empresa solicitante tenga su sede social en España. De hecho, la norma hace una mención expresa a este requisito para evitar que puedan acceder entidades con sede en paraísos fiscales o que se puedan utilizar los fondos para repartir dividendos.

El importe máximo del aval para las emisiones del MARF será del 70% del principal de cada una de las emisiones y el plazo máximo de 24 meses. El coste será de 30 puntos básicos para avales con vencimiento de hasta 12 meses y de 60 puntos básicos para avales con vencimiento entre 13 y 24 meses.

Los 500 millones de euros restantes serán destinados a la Compañía Española de Refinanciamiento (CERSA), poniendo los avales del ICO en la órbita de las sociedades de garantía recíproca.

27.500 millones ya avalados

El Gobierno puso en marcha las líneas de avales del ICO el 24 de marzo, por un importe máximo de 100.000 millones de euros, con el objetivo de apoyar a empresas y autónomos frente a la crisis. El primer tramo constó de 20.000 millones de euros, repartidos al 50% entre pymes y autónomos y, por otro lado, grandes empresas. Después, se aprobó la segunda línea por otros 20.000 millones de euros, esta vez solo para el colectivo de pymes y autónomos.

Hasta el pasado lunes, ya se habían cerrado 269.843 operaciones, un 98% de ellas destinadas a pymes y autónomos. En total, el Estado ha avalado 27.500 millones de euros, con lo que la financiación real que ha llegado a las empresas asciende a 36.190 millones de euros

La pasada semana, el propio presidente del ICO José Carlos García de Quevedo, reconocía cierto retraso en la llegada de estos avales al tejido empresarial, indicando que la demora se debía, o bien a "errores materiales a la hora de introducir la información" en la plataforma del organismo, o bien a que alguna entidad financiera haya agotado su cuota asignada, "pero sigue comercializando los avales a través de su red, esperando a que se liberen los siguientes tramos". En este sentido, indicó que "esta situación hay que explicársela a los clientes".

Los avales se utilizan de forma retroactiva para operaciones concedidas desde el 18 de marzo y cubren, en el caso de autónomos y pymes y también en este tercer tramo, el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de financiación. Para el resto de empresas se garantiza el 70% de la nueva financiación concedida y el 60% de las operaciones de renovación.