Parecía que la llegada de la 5G y la promesa del internet de las cosas había conseguido que los operadores de telecomunicaciones enterraran el hacha de guerra contra el sector digital. Pero ya sea por la falta de nuevas vías de ingresos a corto plazo frente a las ingentes inversiones necesarias o por la mera 'commoditización' de esta industria, lo cierto es que tan sólo era un espejismo.
La Comisión Europea ha planteado llevar a cabo una consulta pública sobre la denominada 'network tax' en algún momento de este año. Una vieja reivindicación de las 'telco', que exigen a los grandes actores digitales que paguen por el uso de sus redes. Esto es, que Amazon, Google o Facebook abonen una suerte de impuesto por cada cliente que accede a sus servicios y consume ancho de banda.
Para los operadores de telecomunicaciones, se trata de obtener una "contribución justa" al entender que estos colosos de internet hacen un uso intensivo de sus infraestructuras. Así lo ha asegurado la patronal de este sector, DigitalES, quien afirma que este impuesto "contribuirá a que la economía digital del futuro se cimente sobre unas bases más sólidas, equitativas y competitivas".
Puede parecer una petición legítima, al fin y al cabo se pide a alguien que pague por utilizar lo que otro ha construido y mantiene. Sin embargo, una lectura en detalle de este impuesto a las redes nos puede llevar a la conclusión opuesta.
Lo primero es determinar que los operadores de telecomunicaciones ya cobran por el uso de sus redes, en este caso a los clientes finales: los ciudadanos. Con nuestra suscripción mensual a la fibra o el contrato de móvil, estamos compensando a estas empresas por poder acceder a los servicios de las 'big tech'. ¿Puede cobrarse a dos personas, físicas o jurídicas, por el mismo concepto? Existe el término de 'doble imposición', ilegal se mire como se mire. Es como si las concesionarias de autopistas cobraran no sólo a cada vehículo que circula por sus carreteras, sino también a los fabricantes mismos del automóvil.
"El usuario ya paga al operador por una conexión a internet que le entregue el contenido que solicita. Por tanto, gravar también a las plataformas para que paguen cuando un usuario utiliza la conexión para visualizar un vídeo o escuchar música, equivaldría a gravar por duplicado el mismo servicio", replicaba tal cual la patronal del sector digital, Ametic.
El segundo argumento esgrimido por las 'telco' es que esta tasa ayudará a asentar la digitalización sobre bases más sólidas. La lectura más inmediata muestra lo contrario: si se duplican las tasas a pagar por acceder a las plataformas digitales, algunos actores podrían verse invitados a cerrar servicios, encarecerlos o empezar a cobrar por ellos (lo que nos llevaría a una triple imposición) o disminuir sus inversiones en España. Ametic alertaba, por ejemplo, del impacto directo y nefasto en la construcción de nuevos centros de datos en nuestro país, justo cuando esta industria está empezando a emerger.
Pero vayamos más allá, en tercera instancia: el impuesto a las redes daría la potestad todopoderosa a los operadores de telecomunicaciones para primar a unas plataformas digitales sobre otras. El sempiterno debate sobre la neutralidad de la red y la libertad en internet, destrozado en apenas un segundo por una decisión arbitraria.
"El impuesto daría a las compañías de telecomunicaciones el poder de discriminar entre diferentes contenidos. El resultado sería una restricción a la libre distribución de contenidos y aplicaciones y, por consiguiente, la limitación del poder de elección del usuario final", detalla la patronal.
