Actualmente la población está más comprometida con el cuidado y el futuro de nuestro planeta que nunca. A pesar del fracaso relativo de la COP27, la sostenibilidad forma ya parte de la agenda pública y es una prioridad para la sociedad civil (con las nuevas generaciones como grandes motores de acción), empresas y gobiernos.

En ese sentido, el buen gobierno y la medición de las iniciativas llevadas a cabo para enmendar los impactos medioambientales -y también sociales- de las empresas resultan fundamentales. Así lo entiende Mayrata Conesa, Mánager de Compliance de AENOR, en entrevista con D+I.

"El buen gobierno tiene un papel crucial. Debemos tener en cuenta que el gobierno de las organizaciones no es otra cosa que el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. Por lo tanto, sin ellos, la organización no puede cumplir sus objetivos en materia ambiental y social", introduce.

Premisas que tienen en las grandes empresas, en especial aquellas cotizadas en bolsa, a sus principales destinatarios. Conesa explica al respecto que este tipo de compañías "necesitan reforzar la confianza de sus estructuras y del funcionamiento de sus órganos de gobierno, para poder operar en los mercados de valores. Además, la Ley de Sociedades de Capital progresivamente ha ido incrementando su nivel de exigencia, como evidencia su reforma más reciente de abril de 2021".

Para ayudarles en esta materia, recuerda la experta, la Comisión Nacional del Mercado de Valores estableció una serie de recomendaciones en su Guía de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, actualizada también en junio de 2020. Esta Guía contiene, sobre todo, una evolución de las obligaciones hacia las mejores prácticas en la materia.

Mejores prácticas que, como decíamos al principio de la entrevista, atañen principalmente al ámbito medioambiental, sí, pero también a otros aspectos como la transparencia, la lucha contra el fraude y la corrupción o la prevención de conflictos de intereses.

"La Agenda 2030 de Naciones Unidas subraya la necesidad de construir, entre todos, sociedades justas, pacíficas e inclusivas que se basen en los derechos humanos y la buena gobernanza en todos los niveles. Y eso pasa porque las empresas, a su vez, sean transparentes, responsables y estén libres de corrupción", detalla Mayrata Conesa. "Desde el inicio de la crisis financiera de 2008 estas cuestiones, que ya estaban en la agenda pública, pasaron de ser una preocupación a un factor fundamental para el progreso de las organizaciones".

La forma de garantizar que se están dando los pasos adecuados para dicho progreso pasa, defienden desde AENOR, por certificar de manera independiente cada una de las acciones de buen gobierno y sostenibilidad en las organizaciones. Un mensaje que comienza a calar en los consejos de administración de las empresas, responsables últimos de esta materia.

"Efectivamente, es el consejo quien está promoviendo internamente esta certificación. Generalmente, el interlocutor que estamos encontrando a la hora de poder explicar y ofertar una certificación es el secretario del consejo. Y esto es porque les parece interesante la capacidad de poder mostrar su compromiso en estas cuestiones y, lo que es más importante, contar con la validación de un tercero", reconoce Conesa. "Cualquier esfuerzo en esta línea debe partir del liderazgo y cada vez observamos una mayor involucración en estas actuaciones de los más altos niveles".

La propia AENOR, como parte interesada, cuenta con una de esas certificaciones, elaborada según la metodología del Índice de Buen Gobierno creada por Villafañe & Asociados y basada en la normativa legal europea y el código de Buen Gobierno de la CNMV. "Una palanca de posicionamiento de un buen gobierno corporativo" que mide nueve variables (Consejo de Administración, Junta General de Accionistas, transparencia, anticorrupción, sostenibilidad y gobernanza ESG, entre otras cuestiones) que a su vez contienen un total de 41 indicadores. Para cada uno de ellos se han establecido criterios de medición y puntuación.

Ferrovial ha sido la última gran empresa en lograr esta certificación. Le preguntamos a Mayrata Conesa por ello: "Desde hace muchos años Ferrovial ha superado con muy buena nota todos los conceptos relacionados con la calidad y la excelencia. Por eso, que se haya convertido ahora en abanderado para su sector, sirviendo de ejemplo para las demás empresas, es un esfuerzo que debemos reconocer".

La certificación tiene una vigencia de tres años, y anualmente se hacen auditorías de seguimiento para comprobar que el modelo de gobierno no solo se mantiene, sino que avanza en la mejora.