Una premisa básica dicta que la inestabilidad política suele traer consigo una parálisis en la inversión pública que, a su vez, implica consecuencias negativas para las compañías que dependen en mayor o menor medida de las contrataciones del sector oficial.

Considerando que llevamos dos años con presupuestos generales prorrogados, moción de censura incluida y el reciente fracaso para reelegir a Pedro Sánchez como presidente, la situación pintaría cuanto menos negra. Así lo defendía, por ejemplo, María Ángeles Delgado, directora general de Fujitsu en España, al final del curso pasado, alertando del impacto de mantenernos en esta situación de incertidumbre generalizada.

También Antonio Rueda, profesor del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid, avisaba de un deterioro de las perspectivas de las consultoras y empresas de informática para este año 2019, "influido, en gran medida, por la incertidumbre que vivimos en el panorama político internacional y también nacional, con los distintos procesos electorales que tendrán lugar en los próximos meses". Pero la realidad no suele ser tan sencilla como lo son los pronósticos a bote pronto, y a los datos nos remitimos.

Es cierto que las cifras de comienzo de año reflejaban esta sensación de pesimismo generalizado. En los tres primeros meses de 2019, las licitaciones y adjudicaciones TIC sumaron 461 millones de euros, un 35% menos que el mismo período del año anterior, según un informe de la firma homónima, AdjudicacionesTIC. Una caída que se produjo de manera uniforme en todos los estamentos de la Administración y que daba alas a pensar que sería un muy mal año para los principales contratistas del sector público.

Gravedad máxima si se tiene en cuenta que en los tres primeros meses de 2017 se adjudicaron 1.455 proyectos por valor de más de 600 millones de euros. Y más si se añade a la ecuación la convocatoria de elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas en el primer semestre del año, con resultados más que imprevisibles en muchos casos.

Sin embargo, el mismo estudio del mes de abril constató una realidad muy distinta: durante ese mes, justo en plena ebullición electoral, se dispararon un 44% las adjudicaciones y licitaciones de tecnología en el sector público en comparación al mismo mes de 2018. Hasta tal punto llegó la cosa que la inversión total en abril de 2019 fue de casi 419 millones de euros en un total de 510 adjudicaciones, casi la misma cantidad que todo lo que se había publicitado en el primer trimestre del curso.

Para Carlos Canitrot, director del área de consultoría de AdjudicacionesTIC, la causa de esta desviación tan pronunciada fue "la previsible dificultad de formar gobiernos que puedan tomar decisiones rápidamente, ya sea para nombrar nuevos responsables de compras o para firmar contratos, lo que hace probable que se hayan acelerado las adjudicaciones".

Cabría establecer también una destacada evolución histórica. Durante la crisis económica, las adjudicaciones y licitaciones TIC cayeron de forma notoria, para recuperarse a partir de 2016 poco a poco. Por poner un ejemplo, usando en esta ocasión datos de la Asociación Española de Consultoría (AEC), en 2012 cayó un 41% el importe de los contratos públicos en consultoría y servicios TI, quedándose en apenas 1.915,51 millones de euros en 2012. En 2011, este montante alcanzó los 3.268,39 millones de euros.

Y si volvemos a las cifras de AdjudicacionesTIC, en 2017 y 2018 obtuvimos resultados planos en la contratación de tecnología por parte de la Administración, con un montante de alrededor de 3.236 millones de euros. Es decir, el pasado año apenas igualamos los números de hace ocho años, cuando todavía estaban por llegar los peores recortes del período de crisis económica. Además, durante este período se ha producido un importante cambio en los criterios de elección de nuevas soluciones y servicios: de la calidad técnica se pasó a que el precio fuera determinante en el 60% de las ocasiones.

La locura electoral

En este momento de incertidumbre generalizada dentro de los despachos de la Administración Pública (AAPP) es conveniente considerar qué organismos son los que más invierten en las lides digitales para comprobar quiénes han sido los que más han influido en esta espiral de contrataciones justo antes de dejar sus palacios de gobierno.

De acuerdo a los datos del pasado curso, la Administración General del Estado (incluyendo Red.es, que a su vez tiene capilaridad territorial) y las comunidades autónomas (CCAA) mantienen niveles similares de gasto, muy por encima de las entidades locales. La cosa cambia si miramos el montante de cada una de las licitaciones, donde los ayuntamientos apenas dedican 100.000 euros en cada contrato, por los 245.000 de las comunidades autónomas y los 267.000 euros del Ejecutivo central y sus distintas agencias.

Parece, a tenor de este reparto, que las caídas y subidas repentinas de la inversión pública en los últimos meses tienen que ver con todos los niveles de la AAPP. Pero si tenemos en cuenta que no hay Presupuestos Generales (aún estamos funcionando con los aprobados por el último Ejecutivo de Mariano Rajoy), no podemos sino pensar que estas oleadas repentinas de inversión en período electoral tienen mucho que ver con las entidades locales y las CCAA, que en muchos de los casos han cambiado de manos tras los últimos comicios celebrados este curso.

Faros en la marejada

Por supuesto, como en todo momento de incertidumbre -y más si está copada por una locura como ésta- hay ganadores claros y vencidos que se ocultan a la espera de tiempos mejores. Centrando el tiro en el último trimestre, la empresa que más provecho está sacando a la inversión pública es Vodafone, que se ha hecho con contratos gubernamentales por valor de 37,6 millones de euros.

Oracle, con 23,9 millones, es la segunda compañía que mejor ha sabido moverse en estas aguas revueltas, como confirmaba recientemente su country manager para España, Leopoldo Boado, para cuya organización el gasto público supone ya el 22% de su facturación total. IBM, con 22,1 millones de euros cargados a las cuentas públicas en estos tres meses, y Accenture (14,5 millones) tampoco están desaprovechando el tirón de esta vorágine.

La pregunta que viene a renglón seguido es obligada: ¿qué va a pasar en los próximos meses, con adjudicaciones ya resueltas a medio y largo plazo y sin solventar la incertidumbre original de todo el meollo? El tiempo lo dirá...