El próximo 1 de septiembre 477 kilómetros de autopistas de peaje dejarán de ser de pago. Los 262 kilómetros de la AP-7 y 215 kilómetros de la AP-2 son un paso más en el fin de concesiones que el Gobierno ha decidido no prorrogar. Lejos de que esto suponga que circular por las vías de alta capacidad en España vaya a ser gratis para los usuarios, el pago por uso de este tipo de infraestrucutras está más cerca que nunca.

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Y es que, de la mano de la desaparición de los peajes, volarán 752 millones euros al año de ingresos de las arcas españolas. Una pérdida de ingresos que se suma a los más de 2.000 millones de costes que el mantenimiento de las autovías gratuitas suponen anualmente.

En un contexto en el que los costes en materia de pensiones y sanidad crecen de forma costante, la puesta en marcha de un sistema de pago por utilizar las vías de alta capacidad en España es visto como algo irremediable. Tanto es así que esta medida está recogida en el Plan de Recuperación y Resiliencia enviado por el Gobierno a Bruselas para aprovechar los fondos Next Generation.

Estudio de demanda

Al igual que en el resto de tramos liberados desde junio de 2018, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está trabajando en un estudio de demanda y necesidad de actuaciones tras la supresión del peaje. Según señalan desde el ministerio "se prevé un aumento del tráfico de estas autopistas con una mejor distribución del mismo que permitirá mejoras en la seguridad vial, la congestión y la contaminación".

En todo caso, esta reversión ha supuesto la gestión directa por parte del ministerio, generando nuevos sectores de conservación en los que se ha utilizado un nuevo modelo de pliego. Concretamente, en los sectores que se añadirán a partir del 1 de septiembre, el pasado mes de abril se licitaron siete contratos de conservación y mantenimiento por un importe de 137 millones euros.

La liberación de estos peajes se suma a los de noviembre de ese mismo año con el tramo de la AP-1 Burgos Armiñon, siguiendo en 2020 con la liberación de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz; hitos a los que ahora se suman las próximas liberaciones de la AP-2 y la AP-7. En total, se han liberado 1.029 kilómetros de autopistas de peaje desde 2018.

Con todo, desde el próximo miércoles 1 de septiembre, circular por la red de carreteras del Estado será un 73% más barato de lo que era en 2017. Cuatro de cada 10 kilómetros de autopista de peaje pasa a ser gratuito. De esta forma, el Estado dejará de ingresar 1.400 millones de euros al año. A la liberación de los citados peajes, hay que añadir las rebajas de peajes de SEITTSA y las bonificaciones a vehículos ligeros y pesados en tramos de autopistas de peaje.

Elección del futuro modelo

Los próximos meses serán claves para la elección del futuro modelo del pago por uso de las infraestructuras. Actualmente, el debate se concentra entre la opción de la viñeta u otras opciones más avanzadas. El primer modelo es el más fácil de implementar. Todos los usuarios que quieran circular por la red de carreteras del Estado deberán abonar un pago anual.

Este modelo está muy instaurado en el centro de Europa. Con este formato, en países como Suiza tanto los ciudadanos como los visitantes deben realizar un pago que es válido para todo el año. De esta forma se simplifica mucho la fórmula y se maximiza la recaudación. A la vez, los críticos con este modelo señalan que está anticuado debido a que trata a todos los usuarios por igual independientemente de los kilómetros que recorran.

El el otro lado, están los partidarios de los modelos dinámicos. Estos métodos más novedosos parten de dos principios: el que más usa más paga y el que más contamina más paga. Con la implementación de una serie de sensores y cámaras las infraestructuras son capaces de medir qué uso hace cada usuario, cuántas personas van en cada coche o el nivel de emisiones de cada vehículo.

Así las cosas, los usuarios van a ver como, en el lapso de unos pocos meses, pasarán de disfrutar de la mayor red gratuita de las últimas décadas en España a un nuevo modelo en el que habrá que pagar por circular por la red española. Un formato con el que España se alineará con el modelo europeo y las arcas del Estado podrán quitarse la carga de mantener las carreteras. 

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