La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, lleva desde septiembre del año pasado negociando con la Comisión Europea los detalles del plan español. También han viajado a Bruselas el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la responsable de Trabajo, Yolanda Díaz. En total, el Gobierno de Sánchez ha remitido al Ejecutivo comunitario 30 fichas con reformas estructurales.

Las últimas en llegar, a finales de enero, fueron las más polémicas: mercado de trabajo y pensiones. Los dos socios de Gobierno -PSOE y Podemos- siguen discrepando sobre su contenido y alcance. En pensiones, Escrivá ha sugerido ampliar de 25 a 35 años el periodo de cálculo, un "recorte" que rechaza la formación de Pablo Iglesias. En mercado de trabajo, los morados reclaman derogar la reforma de 2012 -avalada por Bruselas-, mientras que Calviño se opone. Por ello, el documento final ha quedado reducido a generalidades.

Sin embargo, la Comisión Europea pide todo lo contrario: más concreción. Además, todas las reformas deben ir acompañadas de un calendario de puesta en marcha, con diferentes hitos y objetivos cifrados, según ha reclamado el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni. Para cumplir esta exigencia de la UE, todavía queda mucho trabajo por hacer en el plan español, según admitía Calviño.

A diferencia de las ayudas europeas tradicionales, el fondo anti-Covid (NextGenerationEU) se basa en los resultados. Es decir, no se trata simplemente de mandar a Bruselas las facturas de los proyectos: los pagos se producirán sólo cuando Sánchez cumpla los objetivos prometidos. Cualquier desviación se traducirá en una congelación de las ayudas. Incluso si Bruselas da luz verde a los desembolsos, cualquier país puede activar el 'freno de emergencia' si ve insuficientes las reformas.

Una vez reciba el plan español (el plazo tope es el 30 de abril), el Ejecutivo comunitario dispondrá de dos meses para evaluarlo. La aprobación final queda en manos del Ecofin, por mayoría cualificada. Si obtiene luz verde, Bruselas desembolsará -en teoría, antes del verano- un anticipo del 13%: es decir, 8.320 millones en el caso de que Sánchez sólo pida las subvenciones a fondo perdido y 18.200 millones si solicita la cantidad total preadjudicada. El segundo tramo llegaría a finales de año siempre que se cumplan las primeras reformas. El Gobierno ha presupuestado 27.000 millones de ayudas europeas en 2021.

Criterios de evaluación

El reglamento aprobado por la Eurocámara fija al detalle en su anexo quinto cómo debe puntuar la Comisión el plan de reformas de Sánchez y del resto de Estados miembros. En total, se establecen 11 criterios de evaluación diferentes. El Ejecutivo comunitario debe calificar cada uno de ellos con una nota de la A (que representaría un sobresaliente) a la C (que es un suspenso). Una B equivale a un aprobado raso. Para recibir luz verde de la UE, el plan español debe lograr al menos siete As (y ninguna C). 

1.- PRIORIDADES DE LA UE: Bruselas debe verificar si el plan español respeta las seis prioridades que deben incluir todos los Estados miembros: transición ecológica, transición digital, crecimiento sostenible, cohesión social y territorial, salud y resiliencia económica y políticas para la infancia y la juventud.

2.- AJUSTES Y REFORMAS ECONÓMICAS: La Comisión examinará si el documento de Sánchez se ajusta a las recomendaciones económicas que la UE dirige cada año a España, entre las que están por ejemplo la reforma laboral y de las pensiones. Para cuando pase la pandemia, Bruselas pide además a nuestro país medidas de ajuste con el fin de lograr una posición fiscal "prudente" a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda.

3.- MEJORAR EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO: En este capítulo, el Ejecutivo comunitario debe determinar si el plan de reformas de Sánchez contribuye de forma eficaz a reforzar el potencial de crecimiento de la economía española a largo plazo, la creación de empleo, la resistencia frente a futuras crisis y la cohesión social.

4.- NO CAUSAR PERJUICIOS AL MEDIOAMBIENTE: Ninguno de los proyectos de inversión incluidos en el plan español debe causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales de la UE. Eso significa, por ejemplo, que no se pueden financiar iniciativas que tengan que ver con el carbón o el petróleo. Pero sí puede haber dinero para gas o para grandes infraestructuras si se minimiza su impacto ambiental. 

5.- CONTRIBUIR A LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA: El reglamento obliga a los Estados miembros a dedicar un mínimo del 37% del gasto a inversiones y reformas relacionadas con la lucha contra el cambio climático, el objetivo de lograr emisiones netas cero en 2050 y la protección de la biodiversidad. 

6.- TRANSFORMACIÓN DIGITAL: El 20% de las ayudas del fondo anti-Covid tienen que destinarse a medidas que contribuyan de manera significativa a la transformación digital de los sectores económico y social. Bruselas debe comprobar si el plan español respeta estos umbrales mínimos tanto en materia ecológica como en materia digital.

7.- REPERCUSIONES DURADERAS: El plan de Sánchez tiene que dar lugar a un "cambio estructural" en la administración, las instituciones y las políticas económicas afectadas. El Ejecutivo comunitario examinará si las reformas propuestas tienen un "impacto duradero" en la transformación económica de España.

8.- SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN EFECTIVOS: Para verificar si se respeta este criterio, la Comisión debe asegurarse de que los hitos y objetivos cifrados que figuren en el plan de inversión y reformas de España sean claros y realistas. Tiene que garantizarse una dotación de personal suficiente para ponerlo en marcha y designarse a un órgano encargado de hacer un seguimiento de la ejecución de las medidas y elaborar informes.

9.- COSTES RAZONABLES Y PLAUSIBLES: Sánchez debe remitir a Bruselas un cálculo de los costes totales estimados de su plan. Una cifra que deberá estar en consonancia con el principio de coste-eficacia y guardar proporción con las repercusiones económicas y sociales previstas a escala nacional. El Ejecutivo comunitario evaluará si los costes son razonables y plausibles.

10.- CONTROLES ANTICORRUPCIÓN: La Comisión verificará si los sistemas de control previstos en el plan español son suficientes para prevenir, detectar y corregir la corrupción, el fraude y los conflictos de intereses en la utilización de los fondos europeos. En este sentido, el plan debe identificar claramente a los organismos responsables de hacer este control, que tienen que gozar de plena habilitación legal y la capacidad administrativa necesaria. El Gobierno español debe además recopilar los datos sobre los receptores de los fondos.

11.- COHERENCIA: Finalmente, Bruselas examinará si las medidas incluidas en el plan de recuperación y resilencia de España se refuerzan mutuamente en sus efectos y se complementan entre sí.