Vuelve la polémica sobre el tratamiento fiscal que reciben los planes de pensiones. El último dato, el del Instituto de Estudios Económicos (IEE) en el que se puede comprobar cómo España está entre los seis países con peores incentivos tributarios de la OCDE. No llegan al 60% del promedio de los países en este grupo, y está muy alejado de los países que mejor lo hacen. 

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En concreto, ese beneficio fiscal que reciben los planes de pensiones en España llega al 16,3% del valor de las aportaciones, mientras que en Francia -por ejemplo- llega al 28,6% y en otros países como Israel, México o Irlanda supera ampliamente el 50%. Una situación que debe ser tenida en cuenta, dice el IEE, a la hora de reformar la tributación de este tipo de productos. 

En primer lugar, porque son vitales para fomentar el ahorro a través de planes de pensiones; en segundo lugar, porque en realidad el efecto que tienen dichos incentivos son prácticamente neutros para las arcas del Estado. Un documento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) cifra su impacto en las cuentas en poco más de 450 millones de euros. 

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Reformar la tributación, explica el informe El marco fiscal de los planes de pensiones conllevaría también perjudicar a las rentas más bajas. El texto desmitifica aquello de que sólo los ricos contratan estos productos.

La Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística de 2019, publicada este julio, se infiere que más del 80 % de los aportantes se sitúan por debajo del umbral de los 35.000 euros de renta. Por su parte, los aportantes con rentas superiores a 60.000 euros apenas representan el 2,2 % del total.

Los autores del informe consideran que esos datos reflejan “que la concienciación hacia el ahorro a largo plazo es compartida por la sociedad, con independencia de sus niveles de renta”.

“Esto es especialmente relevante cuando se constata que los hogares españoles presentan unos niveles de ahorro reducidos en relación con nuestro entorno comparado y su cristalización en vehículos con vocación de planificación a largo plazo es claramente mejorable desde un punto de vista de una planificación financiero-fiscal eficiente”, dice el informe. 

La tasa de sustitución

A todo esto hay que sumarle una derivada más. El “envejecimiento de la población y el incremento de la tasa de dependencia”, que supone un “problema para un sistema público de pensiones con una tasa de sustitución tan elevada como el nuestro”.

El último dato de la Comisión Europea, que data de 2016, señalaba que un jubilado recibe un 78% de su último salario en forma de pensión. Sin embargo, esa cifra debería ir bajando hasta el 45%, una cifra que se alcanzaría en el año 2045. Eso obligaría a “favorecer un mayor desarrollo del segundo y tercer pilar de la previsión social complementaria”.