Como ya informó este periódico, el Gobierno va a aprobar este martes en Consejo de Ministros la concesión de microcréditos del ICO a seis años, en principio, y sin intereses para personas que no puedan hacer frente al pago del alquiler de su vivienda a causa de la crisis del coronavirus.
El acuerdo que también prevé que "el estado se haga cargo" de las deudas si quedan impagadas, se terminó de cerrar en la noche de este domingo entre la facción del PSOE y la de Unidas Podemos en el Ejecutivo, después más de dos semanas de pelea.
De hecho, la semana pasada, el plan que proponía el sector liderado por Pablo Iglesias dentro del Gobierno -y que se había asumido dentro del Gabinete como la postura común que había que afinar- hablaba de "suspensión" del pago del alquiler durante la etapa del estado de alarma y ayudas monetarias directas del Estado a los pequeños propietarios que se vieran afectados por este impago.
Ahora, sin embargo, y según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes del Gobierno, el plan se parece más a la idea que la vicepresidenta Nadia Calviño y el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Así, el Consejo de Ministros aprobará que todos los inquilinos que entren "en zona de vulnerabilidad" se acojan a microcréditos "sin coste de intereses ni comisiones" que se podrán devolver "en 6 años".
Y si, pasados esos seis años los créditos no se han devuelto, el Estado habilitará un plazo adicional de cuatro años más. Así, al menos en este aspecto, las consecuencias de la crisis del coronavirus se alargarán por una década.
Fuentes del sector morado del Gobierno muestran su "satisfacción por las medidas relativas a protección de los inquilinos" que, dicen, han logrado "negociar con los ministerios socialistas", y que consideran que han "mejorado la propuesta inicial en clave de mayor justicia social".
El estado se hace cargo
Los morados se muestran también satisfechos de la "definición muy amplia" que dicen haber arrancado de los supuestos de "vulnerabilidad" para acogerse al sistema de microcréditos públicos a interés cero que prevé el decreto. Y de que esto, sumado a las facilidades para la devolución de los mismos, "permitirá que un gran número de personas inquilinas pueda acogerse a ellos".
A este respecto, celebran haber conseguido que el decreto contemple que "el Estado se hará cargo con fondos públicos de las deudas" de todos aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad por la crisis del Covid-19 que no logren salir de esa situación. Por tanto, y siempre según las fuentes citadas, si no pueden hacer frente a la devolución de las ayudas para el pago del alquiler que se van a poner en marcha, "en la práctica derivará en una exención del pago para miles de hogares".
Aquellos hogares que no puedan afrontar el pago de los microcréditos dispondrán de ayudas directas del Estado para saldar su deuda con el ICO. La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y hasta el 100% del principal e intereses del préstamo suscrito, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.
Sin subidas de renta 6 meses
Y es que, además de estas ayudas directas en forma de créditos, el sello de Unidas Podemos se aprecia en la suspensión de los desahucios para "hogares vulnerables sin alternativa habitacional" hasta el día en que hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma. Y, sobre todo, "una prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos" de arrendamiento de vivienda habitual.
El ala de Unidas Podemos en el Gobierno se muestra especialmente orgullosa de este punto, al "haber logrado negociar un texto que incluye esta prohibición de todos los desahucios por impago del alquiler a inquilinos vulnerables", así como la prórroga automática por seis meses de todos los contratos de alquiler, de la que ya daba cuenta Invertia, "lo que de facto supone impedir que a ningún inquilino de España con un contrato vigente se le pueda subir el alquiler durante los próximos seis meses".
Los fondos sí asumen "el impacto"
Finalmente, en el caso de grandes tenedores y fondos de inversión, los inquilinos se beneficiarán o bien de una quita de la deuda del 50%, o bien de una reestructuración de la deuda en dos o tres años. En todo caso, estos inquilinos siempre podrán acogerse a las líneas de crédito del ICO.
El sector de Iglesias se atribuye que, tal y como quería Unidas Podemos, se hace "una distinción expresa entre los pequeños propietarios", que tendrán garantizado el cobro íntegro de sus rentas, "y los fondos de inversión y grandes tenedores de vivienda", que tendrán que asumir parte del impacto de la medida y tendrán que efectuar quitas o reestructuraciones de las deudas de sus inquilinos.