El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne a Gobierno y comunidades autónomas, ha acordado rebajar el objetivo de déficit autonómico para 2019 hasta el 0,3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), desde el anterior 0,1 por ciento previsto en la última actualización del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas el pasado mes de abril, lo que permitirá a las comunidades gastar 2.400 millones de euros más de lo esperado el próximo año y ha retrasado al año 2021 la meta de 'cero déficit' para las regiones, momento a partir del cual no podrán gastar más de lo que ingresan. Esta medida permitiría a Castilla-La Mancha, en concreto, contar con 80 millones de euros más. 

Esta mayor libertad en el cumplimiento por parte de las autonomías de los objetivos de déficit surge del anuncio que dio la semana pasada la ministra de Economía, Nadia Calviño, en Bruselas, que relajaba en cinco décimas las metas del conjunto de las Administraciones Públicas para el próximo año, pasando del anterior objetivo del 2,3 por ciento al 2,8 por ciento actual. Las otras tres décimas liberadas se destinarán al déficit de la Seguridad Social, donde se preveía unos números rojos del 0,9 por ciento del PIB el próximo año.

Estabilidad presupuestaria

El CPFF, presidido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha acordado con el conjunto de las comunidades, representadas cada una de ellas por los consejeros de Hacienda o Economía de cada región, a excepción de Cataluña, desde donde no ha acudido nadie, los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2020, cuando las comunidades no podrán sobrepasar un déficit del 0,1 por ciento, frente al anterior pronóstico que ya contaba con tener las cuentas saneadas para ese ejercicio, un objetivo que ahora se ha trasladado al año 2021.

El objetivo de Castilla-La Mancha

Con este escenario, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que la comunidad aspira a "volver a los mercados" tras la modificación del déficit de las autonomías y de arreglar lo que para él ha sido fruto de un "mal funcionamiento" del modelo de financiación. De este modo, en declaraciones posteriores al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha expresado su "satisfacción" en lo que se refiere a la modificación de la deuda, ya que "a diferencia del anterior ejecutivo popular", en esta ocasión se ha producido un reparto "equitativo" entre las autonomías y el Gobierno.

El consejero ha remarcado como un hecho "trascendente" que cualquier decisión de gasto que se adopte desde el Gobierno central que afecte a las autonomías "tendrá su precisión financiera", es decir, que "se financiará a las comunidades por aquellas decisiones que se tomen y formen parte de sus competencias".

Críticas a Cataluña

También ha avisado de que "no va a haber otra vía de negociación" en materia fiscal que no sea la del CPFF, y ha matizado que esta pretensión viene a colación de "aquellas comunidades autónomas que no estaban" y que, según él, "pretenden conseguir más recursos por otros foros". Se refiere en especial a Cataluña, que no acudió y de la que se sospecha que quiere negociar por separado con el Gobierno.