La próxima ley de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad de Castilla-La Mancha, que ya cuenta con informe favorable del Consejo Consultivo y que en breve llegará a las Cortes, va dirigida, sobre todo, a las 35.000 personas con discapacidad grave que no pueden gobernar su vida.

Las seis fundaciones tutelares que hay en Castilla-La Mancha, Cermi, la fiscalía con competencias en discapacidad y la federación de municipios y provincias han abordado hoy con la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, los "últimos coletazos" de esta futura ley que se prevé aprobar en las Cortes en el actual periodo de sesiones.

En declaraciones a los periodistas, la consejera ha señalado que la futura ley está en el final de su tramitación y ha confiado en que sea aprobada "con la unanimidad" de todos los grupos en las Cortes.

Sánchez ha resumido que es la ley "más social" que va a poner en marcha el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page, una ley "innovadora" pero a la vez "sencilla" que busca dar "tranquilidad" a todas las familias de personas con discapacidad, en especial con discapacidad grave.

La futura ley va a ser gestionada por las fundaciones tutelares, que son seis en Castilla-La Mancha, cuentan con un centenar de trabajadores y en este momento tienen a unas 1.200 personas tuteladas.

3 millones de euros

Estas fundaciones, ha dicho la consejera, van a recibir en 2018 un total 3 millones de euros en subvenciones de la Junta, que suponen un incremento del 6 por ciento.

Aurelia Sánchez ha detallado que el objetivo es que estas seis fundaciones no solo se encarguen de la tutela judicial -que compete a la administración regional y que la Junta ha cedido- sino que cuenten con unidades de orientación y apoyo para "proteger" a personas con discapacidad y sus familias.

De las alrededor de 140.000 personas con un grado de discapacidad del 33 por ciento o superior que hay en la comunidad autónoma, la ley -ha subrayado la consejera- va "sobre todo" dirigida a las 35.000 personas con discapacidad grave, que tienen dificultad para tomar decisiones, que no pueden gobernar su vida y que necesitan un apoyo.

No obstante, el objetivo no termina en esta población sino que "según vayamos avanzando" la ley podrá dar respuesta a otras personas con discapacidad.

Más recursos

Sánchez también ha concretado que las familias de estas personas con discapacidad grave piensan, fundamentalmente, en un recurso asistencial cuando ellos falten, y por este motivo el Gobierno regional quiere incrementar estos recursos.

Así, ha recordado que a finales de 2017 se inauguró el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Grave (Cadig) de Talavera de la Reina, que ya abrió una unidad y está en proceso de abrir nuevas unidades este ejercicio y atender a medio centenar de personas.

Por su parte, la presidenta del Cermi de Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, ha señalado que la futura ley de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad de Castilla-La Mancha es "innovadora" en todo el Estado y fija como sujeto de derecho a la persona con discapacidad, con independencia de su grado de discapacidad.

Ha precisado que no se trata de dar una tutela, porque esa figura ya existe en el Código Civil, sino de "garantizar el apoyo" y de que las personas con discapacidad y sus familias puedan realizar un plan de futuro, que va a quedar registrado.

A partir de ahí, se desarrollarán los recursos necesarios para que estas personas con discapacidad tengan calidad de vida y la "garantía" de que será así "de por vida", cuando su familia no exista.