La Plataforma de Afectados por el Arranque de Viñedos de Castilla-La Mancha (Aferran) ha denunciado ante el Defensor del Pueblo que la Junta de Comunidades ha cobrado "multas coercitivas" que, además de "incumplir la legislación vigente", han supuesto pérdidas de más de 350 millones de euros a los agricultores.

Así lo ha asegurado Aferran en el escrito dirigido a la Oficina del Defensor del Pueblo consultado por Efe en el que subraya que esta situación se viene arrastrando desde hace más de 20 años en los que se "ha condenado" a los afectados a pagar unas multas "perpetuas en el tiempo" de 12.000 euros por hectárea, en vez de 3.000 como estipula la legislación, por las órdenes de arranque que se impusieron desde 1998.

Además, Aferran ha subrayado que la Administración regional "ha obligado a arrancar viñedo en base a unas hojas de campo e informes carentes de cualquier metodología y de rigor científico en sus afirmaciones y conclusiones" que incumplen los requisitos legales establecidos en la Ley 30/1992, vigente hasta octubre de 2015.

Un grave problema

El colectivo ha instado al Defensor a que inicie las actuaciones necesarias para solucionar "el grave problema" de las parcelas declaradas ilegales, que afecta a gran parte de la población de la región y a sus familias, mediante "algún método o solución alternativa al arranque que satisfaga tanto a la Administración como a los agricultores".

El recurso ante el Defensor del Pueblo viene motivado por el contencioso-administrativo que mantiene con la Consejería por estimar que "su falta de rigor" ha perjudicado a miles de pequeños agricultores que "se han visto obligados a arrancar sus viñas, que eran su medio de vida" para evitar "las desproporcionadas sanciones coercitivas que se han venido aplicando" y que, en el caso de algún afectado, ascienden a 600.000 euros.

El "arranque indiscriminado" de viñedo se habría podido evitar si la Junta hubiera aplicado los derechos históricos que "tenía sobre más 30.000 hectáreas de viñedo", ha argumentado Aferran