Juan Luis Cebrián anunció la semana pasada que se marcha de Prisa, al mismo tiempo que proponía a un sustituto: Manuel Polanco. En la junta extraordinaria de accionistas también se aprobaba una reducción de capital para restablecer el equilibrio patrimonial, la ampliación de capital por 450 millones de euros y la venta de Media Capital por otros 400 millones de euros.

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También está en juego una conversión en acciones de otros 100 millones de euros dirigidos a acreedores y está pendiente una negociación con fondos para que acepten una quita. Un paquete de medidas para dar a Prisa el necesario respiro financiero que le permita afrontar su exigente calendario de deuda y el pago de 956 millones de euros a sus acreedores antes de diciembre de 2018.

Un castillo de naipes que se puede caer en cualquier momento y en el que cada carta es vital llevar a buen puerto el rescate de la compañía. Es por ello que entre los gestores de Prisa, encabezados por el consejero delegado Manuel Mirat, existe especial preocupación por la venta de Media Capital a Altice, por las trabas que está teniendo en el marco de las leyes de competencia de Portugal.

Los periodistas se posicionan en contra

Una operación rechazada hasta en dos ocasiones por las autoridades portuguesas de la competencia y que a principios de diciembre se enfrenta a su trámite definitivo ante la Autoridad de la Competencia (AdC) con toda la opinión pública portuguesa en contra. Hace dos años Altice compró Portugal Telecom -dueño de el grupo audiovisual (Meo)- por lo tras una eventual integración con la compañía de Prisa dominaría casi todo el mercado audiovisual.

En esta última semana se han posicionado en contra de la operación el Sindicato de Periodistas (SJ), el Sindicato Nacional de los Trabajadores de las Telecomunicaciones y Audiovisuales (SINTTAV) y el Sindicato de los Trabajadores de Telecomunicaciones y Comunicación Audiovisual (STT), los operadores de Telecomunicaciones Vodafone y Nos, además del grupo parlamentario del bloque de izquierda, el PCP y el PS.

En un comunicado conjunto los tres sindicatos indicaron que "la propuesta de compra de la dueña de TVI es un negocio ruinoso para el país y que no reúne el consenso ni de los empresarios del sector, ni de los reguladores y mucho menos de los trabajadores”.

Reunión "de urgencia" con la AdC

Las organizaciones de periodistas, que pidieron el miércoles una reunión de urgencia con Autoridad de la Competencia (AdC), calificaron a Altice como una compañía que tras comprar PT ha realizado un "vaciamiento consecutivo” y "descapitalización financiera y de recursos humanos". También han dicho que la operación pone en riesgo la "pluralidad y la democracia",

Paulo Azevedo, presidente de Sonae (sociedad editora de Nos) y el CEO de Vodafone en Portugal Mário Vaz también se han pronunciado duramente contra una operación que consideran mala y dañina para el mercado de competencia del país y, por tanto, han pedido categóricamente que la AdC la rechace.

La venta tampoco cuenta con unanimidad parlamentaria convirtiendo la operación en un asunto de Estado. El PCP, el PS y el bloque de izquierda se han manifestado en contra, lo que ha generado que esta semana la comisión de Cultura, Comunicación, Juventud y Deporte aprobara por unanimidad la comparecencia, con carácter de urgencia, de la Entidad Reguladora para la Comunicación Social (ERC) sobre la venta.

Dictamen en contra de la ERC

En el punto de mira del Parlamento, y de los operadores de telecomunicaciones, está la última votación de la ERC respecto de la venta. En ella, se rechazó la operación por dos votos contra uno, aunque el voto positivo del presidente del regulador Carlos Magno salvó la autorización y obligó a entregar el expediente a la Autoridad de la Competencia (AdC).

Según las reglas de la competencia lusas, la Autoridad de la Competencia (AdC) es soberana para emitir un dictamen, aunque éste contradiga el de la ERC. Los operadores piden que la AdC haga suyo el dictamen de la ERC, mientras que desde el Parlamento se pide una nueva votación ya que los miembros de la ERC deberán ser ser sustituidos después de que hace un año expirara su mandato. El 27 de noviembre se producirá un nuevo intento de elección.

¿Podría retomarse la venta de Santillana?

La venta de Media Capital anunció el 14 de julio por un valor superior a los 400 millones de euros, pero de la que quedarán 320 millones en las arcas de Prisa. No obstante, desde esas fechas la operación se ha enquistado en las autoridades lusas de la competencia que deberá dar su fallo definitivo en las próximas semanas.

Con toda la opinión pública en contra, en Prisa siguen con atención el proceso, que de rechazarse podría significar un duro golpe para el plan de salvamento de la compañía y obligaría a retomar otras operaciones de enajenación descartadas hace unos meses, como la venta de la editorial Santillana.