En el año 2012, cuando España estaba sumida en su peor momento de la crisis financiera y sólo los fondos expertos en riesgo se atrevían a invertir en el país, el gigante Blackstone fichaba al presidente del Círculo de Empresarios, Claudio Boada, como senior advisor.

Buen conocedor de los lobbies, Boada -que antes que Luis de Guindos fue presidente de Lehman Brothers en España y Portugal- se unía a la poderosa firma de inversión que la prensa presentaba en sociedad con el peyorativo de 'buitre', en parte influida por la baja autoestima nacional de un momento en el que nuestra economía era vista como carroña.

Al frente de quien se ha convertido en el primer casero de España, Boada ha mantenido siempre un perfil bajo en comunicación. Con una sonada excepción: el día que espetó ante la ministra de Economía, Nadia Calviño, que Blackstone había invertido en España la friolera de 25.000 millones de euros y seguía con gran "preocupación" los bandazos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con sus decretos para el alquiler.

Claudio Boada, Blackstone.

De algo sirvió el llanto, puesto que los fondos lograron que se transformara la limitación del precio del alquiler en la creación de un índice para seguir los precios. Pero no fue del todo exitoso, puesto que con la nueva normativa están obligados a firmar contratos de arrendamiento por siete años, frente a los cinco años de los arrendadores particulares.

Blackstone no está sólo en España. En el nuevo mapa del 'ladrillo' nacional compiten hoy numerosos fondos extranjeros: Cerberus, LoneStar, Värde, Oaktree, BainCapital... No lo hacen como promotoras, sino como servicers. Pero comercializan buena parte de los activos que los viejos gigantes del sector -Martinsa Fadesa, Metrovacesa, Colonial, Reyal Urbis o Nozar, entre otros- tuvieron que entregar a la banca cuando los mercados cortaron en seco la financiación a España. Y en contra de lo que se piensa, aunque su horizonte de inversión está limitado en el tiempo, han venido para quedarse con la estrategia de comprar unos activos y vender -como ya están haciendo- otros.

Frente a las mariscadas en las que antaño se cerraban las grandes operaciones inmobiliarias, los nuevos reyes del ladrillo son más de cerrar acuerdos en la oficina con un tentempié anglosajón. Ejemplo de una nueva filosofía que no casa con la de los grandes promotores inmobiliarios que montaron las asociaciones sectoriales. De hecho, poco a poco han ido renovando sus perfiles, pero no han logrado el peso esperado por quienes manejan ingentes cantidades de dinero en España. 

Una oportunidad para la CEOE

Una situación que la CEOE de Antonio Garamendi ve como una oportunidad. Al empresario vasco le gustaría que estos fondos, que ya emplean a miles de personas en España, se integraran mejor en la patronal. Cree que así representarían mejor sus intereses y de paso, darían más empaque a una asociación que busca nuevos socios. Su labor sería complementaria a la que vienen desempeñando Juan Antonio Gómez-Pintado (Asprima), Fernando Lacadena (Asipa) y Javier Basagoiti (Asocimi). 

Antonio Garamendi, Claudio Boada, Antonio Béjar, José Antonio Gómez-Pintado, Javier Basagoiti y Fernando Lacadena.

El momento en el que se producen estos primeros contactos no puede ser más oportuno. Tras el sofocón de Boada con el borrador del primer Real Decreto en materia de Vivienda que Podemos quiso imponer al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a cambio de su apoyo al PSOE, las negociaciones para la investidura vuelven a poner sobre la mesa este tema tan sensible para la ciudadanía y tan fácil de ser presa de la demagogia.

El partido de Iglesias, que se erige como gran defensor de la vivienda pública, ha demostrado ya cuál es su estrategia: demonizar a los fondos de inversión -perdón, 'fondos buitres' en su argot- para construir un gran parque de 67 viviendas públicas en Madrid durante los cuatro años que ha estado Manuela Carmena en el Gobierno municipal. El consuelo es que se están construyendo otras doscientas y pico. Pero da idea de que su política para la vivienda se queda en el discurso.

Vivienda pública

En el Madrid de José Luis Martínez Almeida parece que las cosas van a ser diferentes. Dos décadas después de que empezara su andadura la 'Operación Chamartín', el Ayuntamiento llevará el proyecto este miércoles, 17 de julio, a la comisión de urbanismo y lo aprobará de manera definitiva en el Pleno municipal del próximo 25 de julio. Por fin, Madrid Nuevo Norte echará a andar.

Con los 200 millones de euros en impuestos que se recauden de la construcción de esas viviendas que promoverá Distrito Castellana Norte -la filial de BBVA y Grupo San José que preside Antonio Béjar-, el Ayuntamiento podrá impulsar, entre otros, políticas de vivienda pública.

A nivel estatal, quien ha llevado las riendas de este tema en el Gobierno es la secretaria general de Vivienda del Ministerio de Fomento, Helena Beunza, con la ayuda del director general de Arquitectura, Francisco Javier Martín. Y no se llevan mal con los fondos... cuando Podemos no está en la mesa.

Tanto es así que en el Ministerio en funciones se comenta en voz baja que no son "buitres", son fondos con capacidad de invertir en un país sometido a la dictadura del déficit, lo que significa que no se puede destinar ni un solo euro del Estado a vivienda pública sin permiso de Hacienda.

En un mundo de tipos bajos, sí se puede relanzar la colaboración público-privada. Sería a través de líneas ICO y promotoras que levanten viviendas públicas bajo un modelo de concesión a las filiales con las que esos fondos operan en España.

Las firmas tendrían que conformarse con una rentabilidad inferior a la que acostumbran -el 5% se maneja- y el Gobierno socialista tendría que pasar el mal rato de ser acusado de dar negocio a los fondos.

Si se desatasca la investidura, el Gobierno no tardará en poner en marcha la primera Ley Estatal de Vivienda, ya casi redactada. Y esto puede ser una buena o una mala noticia para el sector inmobiliario. Si esa ley se negocia con Podemos, la incipiente propuesta de la CEOE de reforzar el lobby tomará forma rápido para evitar un gran golpe a su negocio. Y curiosamente, la consolidación de ese nuevo grupo de poder podría coincidir en el tiempo con una relajación de los precio de la vivienda en Madrid si el nuevo Ayuntamiento se pone a liberar suelos, aprobar proyectos y conceder pronto las licencias para que Madrid Nuevo Norte aumente la oferta de vivienda nueva en la capital.

ATENTOS A....

El nuevo consejero delegado de Inditex, Carlos Crespo, cuyo nombramiento se oficializará en la Junta de Accionistas que celebrará la compañía que fundó Amancio Ortega el próximo martes, 16 de julio. Su remuneración fija anual alcanzará los 1,5 millones de euros. Y su aprobación coincidirá con una serie de cambios que la compañía textil quiere introducir en la remuneración de sus consejeros para los próximos tres años. Crespo tendrá como cometido reforzar la estrategia digital del presidente Pablo Isla, que anunció la pasada semana un resultado un 9,8% mejor en relación a hace un año y avanzó que espera crecer un 4% en 2019.