Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde se encuentra el Juzgado Mercantil 8.

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Empresas

Cataluña registra una cuarta parte de los concursos de acreedores en España

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Los concursos de acreedores presentados en España en el segundo trimestre de 2018 han aumentado un 0,9% con respecto al año anterior, lo que supone un cambio de tendencia. De los 1.610 procedimientos declarados, un 26,8% corresponden a Cataluña (432), muy por encima del 18,2% de la Comunidad de Madrid (293).

Este incremento supone además la mayor variación respecto a un primer trimestre en los últimos cinco años, con un 10,5% más de quiebras registradas, según la Estadística del Procedimiento Concursal que publica el INE. Del total de concursos, tres de cada cuatro corresponde a empresas mientras y el resto a personas físicas. 

Los datos de procedimientos concursales del mes de julio corroboran esta tendencia al alza, ya que se declararon un 25,7% más que en el mismo mes en 2017, hasta alcanzar cifras que no se veían desde 2014, según un estudio de la agencia Axesor. 

España, lejos de otros países

Si observamos las cifras correspondientes a las ciudades de Madrid y Barcelona se pone de manifiesto esa leve subida en este segundo trimestre. Pero, a pesar de ello, los concursos de acreedores declarados de España están muy lejos de los de otras economías de nuestro entorno (en 2016 Francia cerca de 58.000 concursos y Alemania más de 21.000 frente a los cerca de 4.000 de España).

Concursos de acreedores Barcelona y Madrid

Concursos de acreedores Barcelona y Madrid

"La sociedad aún no percibe el concurso como la manera natural de cerrar una empresa con deudas", aseguran desde la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC). Y aun así, se produce una paradoja: "el número de administradores concursales -en los citados países- es infinitamente inferior los existentes en España”, explica el presidente de ASPAC, Diego Comendador.

Por ello insisten en solicitar al Gobierno una modificación del actual estatus del administrador concursal en la Ley Concursal, así como "dotar a la insolvencia de garantías necesarias con el nombramiento de los profesionales más cualificados".