Una oficinal del Popular, en una imagen de archivo.

Una oficinal del Popular, en una imagen de archivo.

Empresas

“Una oportunidad para colaborar”: El email del Popular de Ron que empujó a los empleados a la ampliación

Recursos Humanos incitaba a sus trabajadores prometiendo “rentabilidad y beneficios”.

Los empleados del Banco Popular eran ‘invitados’ a participar en la ampliación de capital que Ángel Ron llevó a cabo en 2016. Una invitación que llegaba directamente desde el departamento de Recursos Humanos asegurando que era una “buena oportunidad para poder colaborar”.

Así consta en los correos electrónicos que recibieron empleados del Popular en la zona centro y a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En esos emails el responsable de zona asegura que se invertirá “en un valor del que no tengo duda se obtendrá rentabilidad y beneficios”.

Una ‘invitación’ a participar que, según diversas fuentes, fue generalizada a los trabajadores del Popular. De hecho, se adjuntaban las condiciones establecidas por el departamento para “la operativa de anticipos a empleados” para que pudieran comprar acciones.

Dichas cantidades no eran algo exclusivo de los trabajadores en activo. Según se explica en el correo al que EL ESPAÑOL ha podido acceder, el responsable del área explica que el anticipo también podía concederse a los trabajadores que estuvieran jubilados o prejubilados.

En el caso de estos últimos debían rellenar un formulario en la oficina. Y, al mismo tiempo, ser “enviado a la oficina de riesgos con copia a mí”, tal como destaca el autor del email. El dinero anticipado se ingresaría “en la misma cuenta donde cobra la pensión o en la que indique” en el cuestionario.

Desde 6.000 euros hasta la nómina anual

Los anticipos a los trabajadores, según fuentes cercanas a los empleados, eran un adelanto mínimo de 6.000 euros a un tipo de interés del 0%. Sin embargo, algunos extrabajadores aseguran que la mano en la ampliación de capital de 2016 se abrió y llegaba hasta el importe anual de la nómina y un plazo de devolución de hasta 10 años.

Esa fórmula de otorgar anticipos a los trabajadores era algo habitual en el Popular. No sólo para la ampliación de 2016, según las fuentes consultadas estaban disponibles de forma permanente para la adquisición de títulos. E incluso se utilizaron también en la anterior ampliación desarrollada en 2012.

Sin embargo, aseguran que la presión y la insistencia para hacer que los empleados acudiesen a la ampliación de 2016 fue superior a la de ocasiones anteriores.

La intención era lograr el compromiso de los empleados. Tanto es así que, según fuentes sindicales, cerca del 75% de la plantilla del ‘Popu’ era accionista de la compañía. Es decir, cerca de 8.000 personas que vieron –como el resto de poseedores de títulos- cómo sus acciones pasaron a valer cero euros tras la resolución de la entidad el pasado mes de junio.

Ángel Ron y su equipo consiguieron cerrar la ampliación de 2016 con una sobredemanda de 900 millones de euros sobre los 2.500 millones que buscaban captar para mejorar el capital. Una nueva patada hacia adelanta para salvar una entidad que, ya entonces, comenzaba a dar las primeras señales de alarma.

La integración en el balance del Santander

Meses después, en febrero de 2017, el presidente dejaba paso a Emilio Saracho al frente de la entidad. Se marchaba, además, dejando al Popular con pérdidas récord de 3.500 millones de euros en 2016. El resto ya es historia conocida hasta llegar a la situación actual, en la que la entidad está terminando de integrarse en el balance del Santander.

Un proceso que avanza “más rápido de los previsto”, según reconocía esta semana en la presentación de resultados el consejero delegado, José Antonio Álvarez. Antes de que acabe el tercer trimestre se habrá producido la absorción societaria; antes de que acabe el año la integración tecnológica y durante 2019 el objetivo es conseguir que se termine la integración de la red comercial.

Los sindicatos esperan que antes de finalizar el año se abra una nueva mesa de negociación para analizar un nuevo proceso de salidas tras el desarrollado a finales del 2017 en los servicios centrales y que afectó a 1.100 trabajadores